Urgen a Lasso medidas para defender la libertad expresión en Ecuador

Varias ONG, más de cuarenta medios y organizaciones de la sociedad civil en Ecuador solicitaron al presidente electo, Guillermo Lasso, que suscriba un documento para garantizar la libertad de expresión en el país y que coordine con los gremios acciones para reforzar el sector de la comunicación.

Entre el grupo de solicitantes, que elaboró una hoja de ruta en defensa de la libertad de expresión, figura la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).

Su director ejecutivo, César Ricaurte, explicó este viernes el cometido de la iniciativa es construir una agenda de la comunicación, el periodismo y la libertad de expresión a partir de la toma de posesión del nuevo Gobierno el 24 de mayo.

HOJA DE RUTA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

"La hoja de ruta es básicamente plantearse una agenda como país para promocionar, defender y expandir el derecho a la libertad de expresión", manifestó al recordar que los anteriores ciclos políticos dejaron "bastante afectada" la labor de los profesionales y medios de comunicación en Ecuador.

Así, mencionó que durante la década de Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) se produjo un "acoso y persecución de la prensa", y que pese a que su sucesor, Lenín Moreno, llevó a cabo algunas reformas, como la acometida en la Ley de Comunicación, no hubo avances en "temas críticos" como seguridad y protección para los periodistas.

En este sentido, enmarcó el secuestro y asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano por una disidencia de las FARC de Colombia en 2018, y las más de cien agresiones contabilizadas por la Fundación a comunicadores en las protestas sociales de octubre de 2019.

De forma paralela, censuró la gestión de los medios públicos, que se mantuvo "absolutamente bajo una figura de control por el Gobierno y no como medios de servicio público".

Al celebrar su victoria electoral el 11 de abril, Lasso avanzó que en cuanto asuma funciones presentará un proyecto de derogatoria a la Ley de Comunicación vigente y propondrá otra normativa sustitutiva que consagrará la libertad de expresión, además de proceder a la venta de los medios públicos e incautados.

Sin embargo, Ricaurte se mostró escéptico dado que toda reforma o derogatoria de esa legislación, considerada por los gremios como una "ley mordaza", requerirá el respaldo del Parlamento, donde Lasso contará con una débil influencia.

"Es importante la derogatoria de la Ley de Comunicación, pero a la vez construir una nueva que sea de garantía y promoción de la libertad de prensa y expresión, que sea una ley marco", aseveró.

PROPUESTAS LEGALES

Entre sus propuestas formula eliminar articulados como el de la Ley Antimonopolio, que impide que cualquier empresario de otro sector económico pueda invertir en un medio de comunicación, lo que en la práctica imposibilita las inversiones o la compra de empresas informativas.

Y también derogar artículos recogidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que penalizan la opinión, así como desactivar otros dispositivos legales que cercenan la libertad de expresión.

Ricaurte no descartó una reforma constitucional para que tengan cabida todas las medidas y planteó la posibilidad de elaborar una ley de medios públicos para impulsar un sector independiente de los gobiernos de turno, o legislaciones a favor del acceso a la información, para situar al país en línea con los estándares internacionales.

La hoja de ruta recoge, asimismo, un llamamiento a la puesta en práctica del Comité para la Protección de Periodistas, aprobada bajo el Ejecutivo de Moreno, que "dé garantías del trabajo periodístico", y recomienda la adopción de incentivos fiscales y económicos para impulsar la industria de la comunicación, gravemente afectada por la actual pandemia.

Respecto a la eventual venta de los medios confiscados por el Estado, el representante de Fundamedios alertó sobre la situación de los medios públicos, en concreto de decenas de trabajadores cuyas liquidaciones no se han hecho efectivas.

"Un país necesita medios públicos con independencia, autonomía, pluralismo", acotó sobre un sector que al igual que el de la radiodifusión requiere, según los proponentes, revisión en lo que respecta al reparto de frecuencias.