La urgencia legislativa sobre la seguridad se queda en el discurso
Una decena de cuerpos legales se debían reformar. El correísmo y aliados bloquearon la discusión. El debate se retomará a inicios del año entrante
Apremiante para todos, menos para un sector de la Asamblea Nacional. Cualquier reforma legal que apunte a contribuir en algo a enfrentar la inseguridad en el país tendrá que esperar, al menos, dos semanas para ser tratada, hasta cuando los asambleístas retornen del receso legislativo, el 3 de enero de 2023.
Pudieron aprobarlas el domingo 18 de diciembre de 2022, pero las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), algunos legisladores de la Izquierda Democrática (ID) y quienes ahora se autodenominan Pachakutik-Conaie decidieron no dar cuórum a la sesión convocada para el efecto.
Se pretendía aprobar un paquete de cambios a la Ley de Seguridad del Estado, a la Ley Orgánica de Defensa Nacional, al Código Orgánico Integral Penal (COIP), al Código de la Niñez y Adolescencia, entre otros cuerpos legales.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Función Legislativa, Ramiro Narváez, calificó como “decepcionante” el hecho de que la Asamblea se haya ido a las fiestas de Navidad y Fin de Año sin aprobar las propuestas elaboradas por la mesa legislativa, aunque tampoco le tomó muy por sorpresa.
¿Dónde está la responsabilidad de los legisladores que no asistieron y que tienen que dar la cara al país en materia de seguridad? La realidad (es que) fueron curules vacías.
“Nos pasó lo mismo cuando procesamos la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, cuyo debate se postergó varias veces. Lo mismo nos sucedió con la Ley de Gestión de Riesgos, en la que el debate fue postergado en cuatro ocasiones. Eso genera demoras porque, por ejemplo, las reformas en seguridad, si eran aprobadas el domingo, hoy mismo estarían en trámite para ser enviadas al Ejecutivo”, manifestó el legislador de la Izquierda Democrática (ID).
Desde las bancadas faltantes a la reunión no han dado justificación alguna de su ausencia, aunque a la misma hora que debían estar en el pleno emitieron en conjunto un comunicado adelantando que tampoco se conectarían, esa noche, a la sesión convocada para posesionar a Roberto Romero como titular de la Superintendencia de Bancos, acción ordenada por un juez, medida que calificaron como una “ruptura del Estado de derecho”.
Narváez cree tener las respuestas para este y los otros retrasos y habla de coincidencias. “Es por estos problemas y conflictos internos. Por las ambiciones de poder de algunos sectores. Antes ya fue por los intentos de cambiar a las autoridades de la Asamblea”, recordó.
La oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), algunos asambleístas independientes, de la ID y Pachakutik (sin Conaie) sí acudieron al pleno en un número de 47.
Confío en que al regreso del receso legislativo, este sea uno de los temas que se traten como prioridad. La presión y rechazo de la sociedad a estas actitudes debe servir para algo.
El legislador por CREO Juan Flores fustigó a los asambleístas que no le dan la cara al país, dijo, cuando se trata de debatir e implementar reformas a la seguridad, pese a mostrarse como los más críticos por la gestión del Gobierno en este tema.
Para el Ejecutivo, el hecho de que no se haya posesionado a Romero como superintendente, así como que no se hayan debatido las reformas en seguridad, denota la “indiferencia e indolencia” de los legisladores agrupados en la oposición política.
El Gobierno señaló que estará atento a cualquier resolución que tome la Asamblea, para lo cual habrá que esperar hasta 2023.
