Usos políticos de un crimen

No conocen su propia ley los asambleístas. A grito pelado pedían que las autoridades de la seguridad, que fueron llamadas ante el Pleno para informar sobre sus acciones en el caso de María Belén Bernal, se quedaran a responder preguntas. El bullicio venía del sector de la bancada correísta. Fue necesario que el presidente Virgilio Saquicela les explicara que, cuando no se trata de un juicio político, la ley prescribe que los funcionarios se retiren del Pleno inmediatamente después de su comparecencia. No lo sabían. Tuvieron que conformarse con arrastrarlos en su ausencia. Juan Zapata, ministro del Interior; Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado; Fausto Salinas, comandante general de la Policía; Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos, y la fiscal Diana Salazar por vía telemática explicaron con cabeza fría y en cortísimas intervenciones lo que hizo cada uno desde que se conoció sobre la desaparición de Bernal. Siguieron cuatro horas de debate apasionado donde la oposición siempre llevó la voz cantante.

Faltó Patricio Carrillo, el recién removido ministro del Interior. En su lugar llegó, sin invitación, Zapata. Dijo que su tarea sería “generar la reestructura del sistema didáctico y formativo de las escuelas de Policía, con el enfoque de género y equidad”. Insistió en este punto, como para dejar en claro que no toda la Policía está podrida: “no es una reestructura total, sólo del aparato formativo”. Él y el general Salinas tuvieron la habilidad de involucrar a la Asamblea en el problema: ¿quieren que asesinos como estos reciban su castigo? Reformen la Ley de Entidades de Seguridad.

Zapata fue bastante explícito: la ley, dijo, “es excesivamente garantista” y diluye la disciplina de los policías. “¿Por qué los vinculados en este caso no están fuera de la Policía? Porque el debido proceso nos permite, en el mejor de los casos, tener una sentencia en 45 días. Si ustedes, mi querida Asamblea, nos ayudan con eso, daremos un paso fundamental”.

Poco más dijo Diego Ordóñez. Insistió en la necesidad de instituciones fuertes para garantizar la vida de las mujeres. Paola Flores, como para desvanecer la imagen de abandono proyectada la víspera por Elizabeth Otavalo, la madre de la víctima, hizo un aburrido y oficinesco recuento de las labores de acompañamiento emprendidas por su secretaría. Y Diana Salazar expuso una línea de tiempo con dos ideas dominantes: la Fiscalía sí ha cumplido su labor (habló de más de cien impulsos fiscales) y las contradicciones que convirtieron al prófugo Germán Cáceres en sospechoso del crimen aparecieron luego de que él abandonó la Fiscalía; no había, hasta ese momento, razón para detenerlo.

Luego vino el predecible e insustancial debate. El problema con los asambleístas es que la gran mayoría, en contra del espíritu parlamentario, lleva sus discursos ya escritos. Por eso, en lugar de comentar, objetar o matizar lo que dijeron los comparecientes, se entretuvieron lanzando peroratas sin relación más que con sus propios pensamientos. Como si las comparecencias no hubieran ocurrido.

Se habló de narcogenerales, de policías pidiendo coimas, de las matanzas en las cárceles, de las ciudades más violentas, del precio de la gasolina... Se habló de cualquier cosa y la correísta Gissela Garzón lo justificó diciendo que “tenemos que hablar de lo que pasa a nivel integral porque la violencia es transversal”. Jhajaira Urresta llamó a Carrillo “el carnicero más potente que ha tenido el pueblo ecuatoriano”; Esther Cuesta, como si lo hubiera investigado, concluyó que “ha habido un plan sistemático, muy bien realizado por las instituciones del Estado, para dejar en la impunidad a Cáceres”. Jahiren Noriega, sin sombra de duda, denunció la “intención deliberada del gobierno de no ejecutar el presupuesto del programa de prevención de la violencia contra las mujeres”. Todo aguantó este debate que sólo sirvió para darse brillo a nombre de María Belén Bernal. Una comisión tratará el caso y el Pleno lo único que puede hacer es pasarle la información, que es poca. Y así lo decidió, con votación y todo: pasarle la información. Para que no se diga que perdió el tiempo.

Un feminismo selectivo

Gissella Molina, la asambleísta de Pachakutik que denunció un intento de asesinato de parte del movimiento indígena durante el paro de junio, aprovechó el entusiasmo feminista que campea en la Asamblea para hacer una actualización de su caso: “Pedí que se desvinculara de la Asamblea al asesor de Peter Calo, que amenazó con matarme y con incendiar mi casa, pero el presidente no ha hecho nada”. Y ahora, tampoco nadie dijo nada.