Una vecindad que acarrea múltiples riesgos

La aparente calma que se percibe en los alrededores de la cárcel de El Inca, en el norte de Quito, es interrumpida solo por las ‘alabanzas’ que los integrantes de grupos criminales realizan a media mañana. Para los residentes y comerciantes, se ha vuelto una situación normal. Ya es parte del ambiente.

Por ahora, algunos moradores consideran que aún viven en una zona ‘segura’. Sin embargo, existen otros que no avizoran un buen futuro e incluso han empezado a mudarse o a poner en venta sus viviendas.

Junto a la puerta principal del centro de detención, en la calle de las Toronjas, entre Tixán y Manuel Lizarzaburu, permanece una carpa con miembros de las Fuerzas Armadas, que realizan una inspección a las personas que ingresan y también revisan preliminarmente los objetos que van destinados a los internos.

Una comerciante, que omite su nombre por seguridad, menciona que, pese a ese primer registro, hace aproximadamente cuatro meses, en el siguiente filtro, a manos de la Policía, presuntamente se detectó droga camuflada en cinco tubos de pasta dental.

“Los militares están de apoyo, pero los encargados de hacer el control más minucioso son los policías. Ellos, si es que tienen que dañar algo para comprobar que no se mete algo malo, lo hacen. Es que aquí hay gente ‘viva’ y a veces por uno pagan todos”, comenta la negociante.

Lo que no se explica es que pese a las inspecciones, en el lugar cuenten con objetos letales. El pasado 7 de noviembre, en un incidente entre presos, hubo cinco muertos. Al día siguiente, los investigadores decomisaron cerca de 200 armas cortopunzantes, unas 500 dosis de droga, casi medio centenar de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

“Y eso que hasta los colchones rompen para ver si meten alguna cosa (ver infografía)”, asevera un tendero de la calle de las Toronjas. Además, dice que adentro del centro carcelario los grupos criminales mantendrían el dominio.

Con esto también coinciden algunos parientes de personas privadas de libertad, porque según ellos tienen que pagar dinero para que sus allegados permanezcan sin problemas dentro de la prisión capitalina.

Una de las moradoras, bajo reserva, contó que conoció a un joven venezolano que había sido detenido por un delito menor y que, al ser consumidor de sustancias estupefacientes, se endeudó con aproximadamente dos mil dólares en poco tiempo, porque además del ‘arriendo’, no habría pagado las dosis de droga que supuestamente había fiado. Hasta que no canceló su deuda, no habría sido trasladado a otra cárcel.

Estas son versiones de ciudadanos, pero para obtener una declaración oficial del ente a cargo del control de los centros de privación de libertad, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), a las 16:08 del 6 de diciembre se le envió un correo con la solicitud de información.

En este se detallaban las situaciones expuestas por las personas con las que un equipo de este Diario dialogó, para que la institución estuviera al tanto, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

En el requerimiento también se preguntó si ya se había asignado un director para la cárcel de El Inca y si era verdad lo que se comentaba en el sitio: que nadie quiere asumir esa responsabilidad.

Esto, supuestamente por temor tras el asesinato de la última persona que estuvo a cargo del reclusorio, el coronel de la Policía Nacional en servicio pasivo Santiago Loza Moscoso. Él fue atacado a tiros cuando circulaba camino a su trabajo por la avenida Simón Bolívar, cerca de Gualo, en el norte de la capital. El hecho se registró el 1 de diciembre, a ocho días de que cumpliera su primer mes en esta labor.

Lo que ocurre en la cárcel de El Inca se compara con algunas situaciones que se presentan en las cárceles de Guayaquil, porque hasta en la de mayor seguridad, La Roca, ya se detectó el ingreso de un teléfono celular. En la Regional, en cambio, existiría un régimen por el que también se debe hacer un pago cuando se ingresa a esa prisión, como se ha publicado en reportajes anteriores.

Pero los centros carcelarios del Puerto Principal, a diferencia del que está en el sector de El Inca, no se encuentran ‘pegados’ a casas o negocios. En la urbe porteña hay sectores poblados a pocos metros, pero no adyacentes como las viviendas, tiendas, restaurantes y talleres que rodean el reclusorio quiteño.

César Peña Morán, quien estuvo a cargo de una unidad de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti), argumenta que para la implementación de centros de rehabilitación social hay que tener en cuenta algunas características.

“Debería estar alejado de viviendas y contar con muros con dimensiones (tales que impidan una fuga o que se lancen objetos hacia el interior), alambres de púas y las medidas de seguridad respectivas. Eso es lo que dice la normativa internacional”, detalla.

Al consultarle si una cárcel podría estar rodeada de casas, tiendas o talleres, el fiscal responde que “jamás”. Y añade que esto generaría “riesgo a la sociedad en sí, a los que están cerca (moradores) y a los mismos detenidos, porque serían vulnerables a cualquier atentado”.

Peña concluye que “la falta de seguridades genera alarma de que exista alguna situación ajena”. Y confirma que las características que presenta la cárcel de El Inca la convierten en una posible ‘bomba de tiempo’.