Verduga cayó en desgracia y Noboa se alzó con el Consejo de Participación

Johanna Verdezoto tiene un rabo de paja de aquí a Roma: sobre ella pesa una denuncia por concusión ante la Fiscalía por insólitas corrupciones peseteras; en la Asamblea Nacional la espera un juicio político que ya fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa; como consejera de Participación Ciudadana y Control Social, su rectitud quedó en tela de duda cuando se descubrió que había mantenido reuniones secretas con un postulante a defensor público conocido por sus vínculos con el narcotraficante Leandro Norero…

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¿Quién es Johanna Verdezoto?

Todas estas características hacen de ella la vicepresidenta ideal del CPCCS para la nueva mayoría gobiernista que esta semana tomó control del organismo: ella recibe la protección que necesita para mantener su rabo de paja a salvo de las llamas y, a cambio, ofrece (no le queda más remedio) la incondicionalidad que el Gobierno exige en ese puesto clave.

La denuncia por concusión tiene que ver con un chanchullo en torno al bono de arrendamiento que ofrece el CPCCS a sus consejeros que vienen de provincias: Verdezoto lo recibe pero, dice la denuncia, vive con un novio en un departamento de él, mientras forja un contrato de arrendamiento ficticio para seguir cobrando. 

Las reuniones secretas indebidas se dieron con Daniel Frías, descalificado candidato a defensor público que se movía en un auto que, como lo descubrió este Diario, pertenecía al narcotraficante Norero. 

En cuanto al juicio político, fue planteado por la legisladora correísta Ana Cecilia Herrera y recoge los dos casos anteriores. He ahí el currículum de la nueva vicepresidenta del Consejo de Participación, que dice representar al pueblo montuvio porque viene de Los Ríos y usa sombrero.

Verdezoto había sido el comodín que inclinaba la balanza en favor de una u otra mayoría móvil según soplara el viento: a veces a favor del correísmo, que sin ella queda reducido a tres de siete vocales; a veces con el Gobierno o con quien fuera. Su nombramiento no entusiasmó ni siquiera a quienes votaron por ella. 

En la sesión del pasado miércoles 28 de agosto, luego de su elección, cuando el presidente Andrés Fantoni le tomaba juramento con solemne cursilería (“jura usted por estos tres colores que enmarcan lo más alto que tenemos como ecuatorianos”) y luego, cuando la investía como vicepresidenta, la felicitaba con un abrazo y algún anónimo asistente aplaudía con timidez desde algún rincón de la sala, los demás vocales permanecían hundidos en sus asientos con la mirada fija en sus celulares. No alzaron ni a ver.

Golpe previo al concurso para elegir a la fiscal

Este golpe de timón ocurre a las puertas del concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado que reemplazará a Diana Salazar en abril del próximo año. 

El correísmo, a través de uno de sus operadores en el pleno del CPCCS, el vocal Augusto Verduga, había presentado una propuesta de reglamento que fue muy cuestionada por establecer muy pocos filtros para certificar la probidad notoria de los postulantes y por eliminar el examen oral, que era la parte más transparente del proceso porque podía ser seguida en tiempo real por la comunidad jurídica del país a través de la plataforma digital del organismo. 

En definitiva, era un reglamento muy permisivo hecho a la medida de las necesidades correístas y cuya aprobación, sin embargo, parecía inevitable hace tan solo una semana. Ahora tendrá que competir con otras propuestas, incluida una del presidente Fantoni, quien declaró que ni siquiera personas con indicios de responsabilidad penal o administrativa deberían participar en el concurso.

En la sesión del miércoles, Verduga trató de disimular lo mejor que pudo el hecho de ser el gran perdedor de la jornada. Lo hizo con magia retórica: defendió todos los puntos de su reglamento y, al mismo tiempo, se echó para atrás en los más cuestionados. 

Aceptó la inclusión de un examen oral en el proceso y afinó los filtros de la probidad notoria: si en la versión original de su reglamento solo se pedía a los postulantes no tener una sentencia condenatoria ejecutoriada, ahora aceptó incluir el requisito de no haber sido llamados a juicio. Para otros consejeros, como Guarderas y Fantoni, sigue siendo poco.  

Las designaciones que tiene pendiente el Consejo

Finalmente, es el Gobierno a través de su nueva mayoría el que decidirá sobre detalles del reglamento. Influirá, también en la selección del nuevo fiscal. Y en la designación de los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), otra de sus prioridades inmediatas, antes de las elecciones de febrero. 

Y en el nombramiento del vocal que falta en el Consejo de la Judicatura, para lo cual ya existe una terna enviada por la Asamblea y que Fantoni guarda desde hace dos meses en un cajón, quizás a la espera del momento adecuado. 

Aprovechado alumno del correísmo resultó Daniel Noboa: todavía no cumple un año en el poder y ya empieza a controlar todos los órganos del Estado.

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