Un veto para disparar sin pena

Al presidente Guillermo Lasso se le fue la mano. Sus objeciones al proyecto de ley sobre el uso legítimo de la fuerza, que este jueves llegaron al Pleno de la Asamblea, son tan reñidas con los estándares internacionales de derechos humanos y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ni sus propios legisladores se sienten cómodos con ellas. En la Comisión que las trató, la de Seguridad, no las defendieron: prefirieron abstenerse. Hasta los correístas se dieron el lujo de escandalizarse; ellos, que en Saraguro patentaron el procedimiento de atacar con soldados a la población civil y lanzarles gas lacrimógeno por las ventanas. El debate, que pintaba mal para el Gobierno, se interrumpió por razones de agenda y se reanudará este sábado con dos posibilidades: o se consiguen los 92 votos necesarios para ratificarse en el texto original (lo cual depende de los independientes) o las objeciones se aprueban y la batalla legal se traslada a la Corte Constitucional, donde no parecen tener oportunidad alguna. Lo cierto es que el presidente no la tendrá fácil.

Quien mejor describió la situación fue Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recibido por el Pleno en comisión general, habló por vía telemática y dijo: “el proyecto que fue aprobado por la Asamblea es uno de los proyectos de ley que regulan el uso de la fuerza más apegados a los estándares internacionales”. Mejor dicho, lo era antes de que llegara Guillermo Lasso con su lápiz rojo y planteara una serie de objeciones que, según el funcionario internacional, “tienden a disminuir ese apego”. Jarab enumeró algunos ejemplos que el asambleísta de Izquierda Democrática Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, explicó con mayor detalle.

Primer problema: el presidente quiere extender la facultad del uso progresivo de la fuerza (que en la ley es privativa de la Policía y, excepcionalmente, de las Fuerzas Armadas) al resto de entidades de la seguridad ciudadana. Eso incluye agentes municipales, guardias de tránsito y hasta bomberos. “No, por favor”, ruega el presidente de la Asociación de Municipalidades, Franklin Galarza, recibido también en comisión general: las alcaldías no están preparadas y no quieren comprarse ese problema. La propuesta presidencial se opone a una sentencia de la Corte Constitucional, que atribuye el uso de la fuerza exclusivamente a policías y militares; en palabras de Jan Jarab: a personal capacitado para practicar arrestos.

Segundo problema: el presidente desempolva un concepto que aterra al comisionado de las Naciones Unidas y a las cortes de derechos humanos en todo el mundo: la idea de la “percepción subjetiva del riesgo”, que facultaría a un policía a disparar contra una persona bajo la suposición de que está armada. Con esto pretende corregir el artículo del proyecto de ley que faculta a la Policía a usar fuerza letal exclusivamente ante amenazas objetivas y reales.

Otras propuestas presidenciales eliminan la obligación de la fuerza pública de rendir cuentas sobre el uso de la fuerza; contemplan para las Fuerzas Armadas un papel que va más allá del complementario establecido en la Constitución; suprimen la presunción de licitud para las manifestaciones; incorporan un criterio según el cual los miembros de la fuerza pública “no cometen infracción penal alguna”, con lo cual se establece una exención de responsabilidad ‘ex ante’...

¿Quién defiende estos cambios introducidos a la ley por Guillermo Lasso? En la bancada oficialista, hasta el momento, nadie. Una sola persona ha levantado su voz de apoyo. Se trata de la socialcristiana Geraldine Weber, bajo las consignas de “un arma de fuego es una garantía para proteger a nuestras familias” y “un pueblo armado jamás será esclavizado”. Quizás los asesores del presidente Lasso en esta materia son de la misma opinión.