Se viene otra ley mordaza

Una ley de comunicación punitiva como en los viejos tiempos: que persiga delitos de opinión; que otorgue a funcionarios del Estado la atribución de decidir qué cosa es información veraz y contextualizada; que deje abierta la puerta para perseguir a los periodistas incómodos con la ley penal; que desempolve la rancia figura de los “medios medios públicos oficiales; que obligue a los medios privados a producir y financiar cierto tipo de contenidos que les impone el Estado... Nostálgicos de Carlos Ochoa y de la Supercom, los asambleístas de la nueva mayoría (correístas, pachakutiks y disidentes de la Izquierda Democráticas sin una pálida idea de lo que significa la palabra “socialdemocracia”) están a punto de aprobar una ley de esas características. Ocurrirá, salvo que medie un milagro, en una de las sesiones ordinarias previstas para este jueves. El texto está listo y cuenta con el respaldo de la mayoría del Pleno.

Primero, la Asamblea archivará el proyecto de reformas que promueven la socialcristiana Marjorie Chávez y el independiente Fernando Villavicencio, que pasó ya por dos debates y sólo falta someter a votación: ley perfectible pero apegada a los estándares internacionales, basada en un modelo de autorregulación y responsabilidad ulterior sin censura previa, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el oficialista Juan Fernando Flores. A este proyecto se opone el de los asambleístas Ángel Maita (Pachakutik) y los correístas Raisa Corral, Mónica Palacios y Fernando Cedeño, que este jueves será conocido y votado por el Pleno.

El proyecto de la oposición propone el retorno a un régimen de sanciones. Para ello, otorga a la Defensoría del Pueblo una función no prevista en la Constitución: la de defensora de audiencias. En esta ley, la opinión deja de ser un discurso protegido, se establece una doble responsabilidad ulterior (individual y empresarial, es decir: del periodista y del medio) y se abre la posibilidad de emprender “acciones civiles o de cualquier otra índole” por causas relacionadas con la difusión de contenidos. Además, se impone a los medios la obligación de financiar, producir y difundir contenidos interculturales y se retoma la sospechosa figura (ya contenida en la ley de comunicación del correísmo) de los “medios de comunicación públicos de carácter oficial”, que contarán con dinero de los contribuyentes para cumplir su misión de “difundir la posición oficial de la entidad pública que los crea en relación a los asuntos de su competencia”. Es decir: para producir propaganda.

El debate quedó agotado durante la semana pasada y fue evidente por cuál de los dos proyectos había optado la mayoría del Pleno. Curiosamente, nadie movió un dedo para defender la propuesta más democrática. Ningún legislador de la bancada oficialista pidió siquiera la palabra. Sólo Fernando Villavicencio se inscribió para el debate pero el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, consideró que era mejor no escucharlo y nunca le permitió hablar.

“No podemos dejar a la discrecionalidad de los medios los temas interculturales”, dijo Paola Cabezas en defensa de la interculturalidad obligatoria. “Basta de libertinaje de la prensa sicaria y de alquiler”, exclamó Walter Gómez a favor del modelo punitivo. “La ética y la moral se sustentan en la ley, no en la autorregulación”, teorizó John Vinueza y puso como ejemplo a los Diez Mandamientos. Y la correísta Ana María Raffo se pronunció en contra de “la impunidad de cualquier persona que utilice los medios para mentir, calumniar, discriminar, acusar, burlarse de un funcionario público”. La decisión está tomada y la defenderá uno de los legisladores más fundamentalistas de la tendencia antidemocrática: Ángel Maita. “Aquí la huipala no se subasta, la lucha de nuestros ancestros no se olvida”, proclamó triunfante. ¿Qué tiene que ver eso con la ley de comunicación? Nada, pero nunca está demás dejarlo claro.