La vigilancia de las cárceles está bajo reserva del SNAI
En mayo, solo funcionaban 135 cámaras de 1.934 del sistema. Hace un mes se presentó una red de monitoreo que no estaba lista z Sin detalles del cambio
Este lunes 12 de diciembre de 2022, se cumplen 12 días del anunciado funcionamiento del sistema de control y monitoreo para las 36 cárceles del Ecuador. El proyecto consta de cámaras de distintos tipos de alcance, sistemas de grabación y equipos de control de desplazamiento de personas privadas de libertad (PPL).
El pasado 22 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso expuso que el 1 de diciembre “todo el sistema operará”. Sin embargo, el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) no ha dado mayores detalles de su funcionamiento y efectividad.
Diario EXPRESO solicitó al SNAI el detalle de las compras de cámaras y los elementos requeridos para la vigilancia. Es decir, cuándo compró, cuánto le costó y qué no más compró, pero una semana después solo respondieron que “El proceso de implementación de un sistema integral de salas dinámicas para análisis y monitoreo unificado está en fase de entrega de equipos”, sin especificar cuándo tendrían el total de los elementos para la seguridad.
Los procesos de contratación públicas son para demostrar la transparencia, y en caso de hacerlo de emergencia se debe subir todos los archivos según lo dicta la ley.
La obra costó $ 1,2 millones, sin embargo, fue el pasado 27 de mayo cuando declararon en emergencia al SNAI para la contratación de artículos y bienes para seguridad penitenciaria. El informe señala que en las 36 cárceles hay 1.934 cámaras, pero apenas solo funcionan 135 aparatos, 1.238 están totalmente fuera de servicio y otras 561 no funcionan bien. Es decir, solo el 7% del sistema de vigilancia funciona.
En esa emergencia que terminó en julio se apuntó en su escrito que al final de la declaratoria se iba a colgar en la web del SNAI el informe de lo realizado, pero hasta el cierre de esta edición el documento no está disponible.
“Obstáculo legal para adquirir las cámaras no hay, más aún si es una situación de emergencia obedece a una contratación directa que en 15 días máximo se entrega, de hecho el plazo que se impone es inmediato y si es de emergencia los datos son publicados al final del proceso”, enfatizó el experto penal Joan Paúl Egred.
Además, reitera que dichos datos no se pueden mantener bajo reserva y deberían ser denunciados porque se considera falta de transparencia lo que incentiva la impunidad al interior de los centros carcelarios.
En un mes se puede hacer la instalación de los equipos. En el país sí hay tecnología de punta y no es cara, el monitoreo debe ser en el extranjero porque aquí se corrompe.
Danny Alvia Ron, experto en seguridad tecnológica, mantiene sospechas del proceso de contratación, pues espera ofrecer sus investigaciones en lo que además de las cámaras de seguridad propone un escáner que permita detectar químicos en la persona y su vestimenta para así conocer si se ha manipulado, hay droga, explosivos u otro elemento que se quiera identificar.
“Todos los días reviso en el Servicio Nacional de Contratación Pública para tratar de ayudar en algo al país, pero desde hace siete meses no aparece nada y tampoco me llegan las notificaciones, entonces cómo dicen que están comprando; a menos de que le pidan a alguien específicamente sin ver la variedad y tecnología y hasta mejores precios que hay en el mercado”.
Diario EXPRESO también solicitó en septiembre pasado, luego de cumplirse un año de la masacre más cruda en la historia del país, el detalle de las compras de cámaras y escáneres para la vigilancia que se ofrecieron en 2021, pero tampoco han respondido.
