Villavicencio iniciará juicios políticos contra el CNE y el TCE luego de los comicios

Vuelven a estar en la mira. El presidente de la mesa legislativa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció este 1 de febrero de 2023 que iniciará procesos de control político contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, luego de que se desarrollen las seccionales del 5 de febrero por su "incompetencia" en el control de las actividades de las organizaciones políticas.

"Los miembros del Consejo Nacional Electoral son cómplices y responsables de la falta de control electoral en este país", dijo el legislador quien también reprochó que los consejeros no hayan impulsado reformas al Código de la Democracia luego del caso Arroz Verde. "Ahí (en el caso Arroz Verde) prácticamente se presentó todo un expediente de cómo opera el financiamiento ilegal en las campañas electorales", señaló Villavicencio.

Por otro lado, el presidente de la mesa legislativa de Fiscalización indicó que continuará presentando más nombres de candidatos a las seccionales presuntamente financiados por actividades ilícitas. Entre ellos, según detalló Villavicencio, estaría Johana Nuñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas que busca la reelección por la Revolución Ciudadana.

"Estamos pidiendo que se investigue (...) sus cuentas bancarias y crecimiento económico de los últimos años", continuó e hizo hincapié en que las autoridades también deben revisar la relación de Nuñez con Edison Loaiza, exabogado de Jorge Glas, quien incluso, según indicó Villavicencio, tendría a un sobrino en la campaña de Nuñez. "Nosotros no hemos ocultado nombres, están ahí y ahora es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado", señaló.

En 2022, el Consejo Nacional Electoral enfrentó un intento de juicio político por un supuesto incumplimiento de funciones a raíz de presuntas irregularidades suscitadas en el balotaje presidencial de 2021 denunciadas por el excandidato Yaku Pérez. Sin embargo, el proceso fue suspendido por criterio de la Procuraduría General del Estado que, tras ser consultada, indicó que el juicio político no era viable porque la autoridad electoral se encontraba en curso de preparación de las elecciones seccionales de febrero de 2023.