Villavicencio-Mendoza: round 2

El periodista Fernando Villavicencio y el legislador oficialista manabita Daniel Mendoza se volvieron a encontrar en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. La vez anterior, Villavicencio (cuya presencia aquí es voluntaria y tiene por objeto colaborar en la investigación del caso Arroz Verde, facilitando centenares de documentos a la Comisión) abandonó la sala cuando se sintió agredido por el asambleísta. Ayer no se llegó a tanto, pero los dos volvieron a intercambiar acusaciones, comentarios punzantes y más o menos sutiles indirectas. Fue, sin embargo, una reunión fructífera. Fiscalización cuenta, ahora, con el grueso de la documentación incluida en los informes periodísticos de Villavicencio y Christian Zurita, publicados por el medio digital La Fuente, más unos cuantos expedientes inéditos que fueron la revelación de la jornada.

“Espero que hoy no sea maltratado como la vez anterior”, empezó diciendo Villavicencio, y aprovechó todas las oportunidades que tuvo para restregarle a Mendoza su proximidad con el asesor presidencial Santiago Cuesta, que el mes pasado emprendió una guerra mediática y judicial en su contra. No estaba dispuesto Villavicencio a dejarle pasar una a su contendiente. Y cuando, en algún momento de su intervención lo vio esbozar una sonrisa que interpretó como sardónica, saltó al ataque: “Si el asambleísta está riéndose no voy a seguir”, dijo, e hizo el amago de recoger sus documentos. “No es nada personal, continúe por favor”, replicó el otro. “Todavía no llegamos a Manabí”, dejó caer Villavicencio de forma perentoria, con chispas en la mirada.

Luego Mendoza lo amenazaría veladamente con enjuiciarlo por haber difundido documentos reservados. “Eso es un delito”, dijo. Villavicencio le recordó la jurisprudencia interamericana sobre la publicación de información de interés público. “Lo que usted hace el día de hoy -remató mirándole a los ojos- confirma que todo lo que he escrito es verdad. Su amistad con Cuesta lo delata”.

Más que repetir los resultados ya conocidos de la investigación que publicó en La Fuente, el periodista aprovechó la ocasión para sacar a la luz nuevos documentos: los correos electrónicos que prueban cómo Marcelo Odebrecht armó la agenda de la primera reunión entre Lula y Rafael Correa, cuando este último aún no asumía la Presidencia de la República; las revelaciones del Drousys, el sistema contable de la constructora brasileña con su lista inacabable de sobornos; la copia de una transferencia de un millón de dólares desde la cuenta de Odebrecht a la de una compañía (Libro) aún no identificada por Fiscalía; una colección de correos electrónicos en los que Odebrecht solicita a la Presidencia, a través de la asesora Pamela Martínez, intervenir en varios procesos judiciales; las cuentas del SRI que, cruzadas con los correos anteriores, demuestran que esas intervenciones, efectivamente, tuvieron lugar, y le costaron al Estado 45,4 millones de dólares.

Villavicencio, que se ratificó en su decisión de no revelar sus fuentes (“aunque me peguen un tiro en la nuca”, dijo), propuso cambiar el enfoque del caso Arroz Verde: dejar de centrarse en los aportes de campaña (11,3 millones en 2013; 7,7 millones en 2017) y desentrañar lo que, según él, fue “un sistema de sobornos que funcionó de forma permanente”, dirigida por “una organización delictiva que se montó desde la Presidencia” a través del despacho de Pamela Martínez y que operó con “códigos muy parecidos a los de Lava Jato”, en Brasil. “A Jorge Glas lo sentenciaron por asociación ilícita -dijo-, pero ¿asociación ilícita para hacer qué? Arroz Verde responde ese para qué”.

Cerca del final, saltó la liebre de la sesión: una carta supuestamente escrita por Carlos Pareja Yannuzzelli desde la cárcel de Latacunga, en la que se involucra al partido CREO en un esquema de aportes ilegítimos para la campaña electoral y se acusa a Fernando Villavicencio de formar parte de esa trama. Fue el oficialista Fausto Terán quien sacó a colación ese documento, que circuló profusamente en las redes sociales durante los últimos días. Luis Pachala, coordinador de la bancada de CREO, se indignó como pocas veces: “¡Es falso!”, gritó. De hecho, la carta fue desestimada como una falsificación por el propio abogado de Pareja. Pero Mendoza tenía un as bajo la manga: un peritaje. “Llegó a mi oficina”, dijo, y sostiene que las firmas son verdaderas. Y, ante la duda, consiguió que la Comisión apruebe un llamado a Pareja, el director de campaña de CREO, César Monge, y el perito para que comparezcan en los próximos días. Villavicencio, feliz: “Llámenme a mí también”, dijo.

Obras

El país pagó $ 115 millones

El medio digital La Fuente publicó una lista de nueve empresas que supuestamente hicieron aportes irregulares a la campaña de Lenín Moreno. EXPRESO mostró que existen vínculos entre el Estado y esas empresas.

Entre 2016 y 2018, cuatro de ellas obtuvieron contratos con el Estado por más de 115,9 millones de dólares. El Gobierno, empresas públicas, ministerios y algunos municipios adjudicaron compras.