FERNANDO VILLAVICENCIO EN FISCALIZACIÓN
Villavicencio (c) presiden la mesa que sustancia el juicio político a Lasso.ARCHIVO ASAMBLEA NACIONAL

Villavicencio contra Nebot, ¿afecta esta disputa al juicio político contra Lasso?

Analistas señalan la "sospechosa coincidencia" el anuncio del asambleísta, mientras este indica cumplir con su obligación

La sospecha surge. El encontrón entre el asambleísta Fernando Villavicencio y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, por la investigación de empresas radicadas en paraísos fiscales presuntamente asociadas al líder socialcristiano, ha generado suspicacia sobre los efectos que esto podría tener en el juicio político que enfrenta el mandatario Guillermo Lasso y que, actualmente, se sustancia en la mesa que preside Villavicencio, la de Fiscalización.

El cruce de declaraciones empezó el 7 de abril de 2023, cuando el legislador Villavicencio, a través de su cuenta de Twitter, adelantó que se encuentra investigando a tres empresas 'off shore' de un "político guayaquileño". Las compañías señaladas por el asambleísta son Yeten Services, Fundación Ingersa Internacional y Fundación Ingersa Internacional LLC. Las dos primeras, según Villavicencio, creadas en Panamá por el bufete Sucre/Arias y Reyes, creador de las empresas en paraísos fiscales de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador investigado.

Respuesta
En su comunicado, Nebot culminó indicando que el haberse metido con su familia le da la libertad de actuar "en la forma que yo crea conveniente".
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Horas después, el mismo Jaime Nebot acabó con la especulación y se pronunció sobre dos de estas empresas, revelando que él era el "político guayaquileño" referenciado por el titular de la Comisión de Fiscalización. En su breve comunicado, el exalcalde de Guayaquil sostuvo que las compañías señaladas (Ingersa S.A. y la Fundación Ingersa Internacional LLC) están en Estados Unidos y pertenecen a sus hijos. "Ninguna de estas empresas ha tenido ni tiene inversiones en ninguna parte del mundo que no sea la República del Ecuador", enfatizó.

Esta disputa, según analistas consultados por Diario EXPRESO, tendría poco efecto sobre el desenlace del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, que actualmente se sustancia en la Comisión de Fiscalización presidida Fernando Villavicencio. Sin embargo, califican de "sospechosa" la coincidencia del anuncio con las demás actitudes y declaraciones que ha tenido el asambleísta alrededor del control político al mandatario.

"Dudo que al final (la investigación anunciada por Villavicencio) incida en el resultado como tal del juicio político", sostiene Héctor Yépez, exasambleísta de la alianza CREO-SUMA en el periodo 2017-2021 del Legislativo. Asimismo, pese a considerar que la imputación hecha a Jaime Nebot no tendría repercusión en el bloque parlamentario socialcristiano, y por ende en los votos necesarios para la censura y destitución de Lasso, indica que las declaraciones de Villavicencio "sí parecen ser parte de un fuego cruzado en medio de esta crisis política".

Espero que el juicio político se lleve a cabo conforme la Constitución, la ley y el dictamen de la Corte Constitucional; pero es claro que hay muchas acciones políticas interesadas de por medio.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo Fundación Ciudadanía y Desarrollo
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Una lectura que también hace Mauricio Alarcón, jurista y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien hace hincapié en que "las actuaciones del presidente de la Comisión de Fiscalización van más allá de la mera sustanciación del enjuiciamiento político al presidente de la República". Asimismo, sobre la respuesta de Villavicencio sobre que él hace solo cumple con su obligación, Alarcón señala que, en efecto, es parte de su trabajo, pero que "las coincidencias en el tiempo hacen que se generen muchas dudas".

Este Diario se intentó contactar con el asambleísta Villavicencio para consultarle sobre las sospechas que su anunció levantó alrededor del juicio político al mandatario, pero aún no hay respuesta alguna. Por su parte, Alarcón continúa indicando que el comportamiento del legislador y sus acciones están "encaminadas a defender a una parte (al mandatario) en este proceso" y que, incluso, estaría promocionando una futura candidatura presidencial.