La violencia criminal crece y la raíz son las drogas

Una bebé de cinco meses se convirtió el viernes 2 de julio en la víctima más pequeña de la violencia criminal que azota a varias ciudades del país.

La pequeña estaba en brazos de su padre, quien fue atacado por sicarios en las calles Rumichaca y Manuel Galecio, en el centro de Guayaquil. Ambos fallecieron. En esa urbe, hasta la semana pasada, habían sido asesinadas 295 personas. A nivel de país suman 1.051 homicidios entre el 1 de enero y el 5 de julio. Significa 433 más que en el mismo periodo del 2020, un incremento del 170 %.

El coronel Fernando Vaca, jefe del Subcomando Norte del Distrito Metropolitano de Guayaquil, señaló que “al parecer se trató de un ajuste de cuentas por disputas de territorio para el expendio de drogas”.

Disputas por el control del tráfico de narcóticos, amenazas y robos son las principales motivaciones en los hechos de sangre en lo que va del año. De hecho, el último reporte de la Policía señala que seis de cada diez muertes en el país se dan por violencia criminal y las cuatro restantes por violencia interpersonal, como las riñas o los femicidios.

El jueves, en Quito, un hombre de 48 años fue asesinado en el interior de su local de repuestos para vehículos. Fuentes policiales indicaron que tenía un disparo en la cabeza y que no estaba claro si se trataba de un intento de robo o un sicariato.

El lunes, en Quevedo, cinco personas murieron tras un enfrentamiento con una organización vinculada al tráfico de drogas. La hipótesis de los agentes es que la banda dejó dinero en Big Money, una captadora de fondos ilegal. Ese día, los dueños de los billetes intentaron recuperarlos, pero fueron atacados con armas de fuego.

Balaceras, asaltos, sicariatos, robos a personas, a domicilios, violencia interpersonal, enfrentamientos entre pandillas se repiten con mayor frecuencia en ciudades como Guayaquil, Quito, Manta, Quevedo, Esmeraldas, Santo Domingo y otras.

La violencia de las urbes se exacerba todavía más en las cárceles, en donde se han registrado matanzas. A finales de febrero, las bandas que controlan cuatro centros penitenciarios se enfrentaron. El resultado: 79 presos asesinados. Los cuerpos tenían orificios de balas, hubo desmembramientos y se hallaron restos incinerados.

Los Choneros, Lagartos y Tiguerones fueron señalados como los protagonistas de la sangrienta disputa, cuyo objetivo era el control de territorios usados para el tráfico de estupefacientes.

Pero también esa violencia se emplea “para ganar las simpatías de los grandes narcos” de México. En ese país, operan los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Así lo señala un exmiembro de Inteligencia que pidió la reserva de su nombre. Agrega que en el 2019 la Unión Europea determinó que la mayor cantidad de droga que llegó a esa región era producida en Colombia y fue embarcada en puertos ecuatorianos.

Todo esto sucede en medio de un deterioro de la seguridad, que comenzó en el 2019. Para Andrés de la Vega, exviceministro del Interior, la inseguridad que vive el país se explica por factores sociales y el avance del crimen organizado.

“Del 2010 al 2016 hubo una reducción importante en el número de homicidios, que estuvo vinculada a la mejora de los factores sociales, como más empleo y más ingresos en los hogares. Hoy, estos factores sociales de protección se han afectado por la crisis”.

De los casi 10.000 detenidos que hoy están en las cárceles con prisión preventiva, 6.484 son por tráfico de drogas. Y de esta cifra, el 96 % corresponde a casos de microtráfico.

De la Vega dice que el avance del crimen organizado está vinculado al fallido proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

“Esa relación aún no se ha estudiado, pero vemos cómo los disidentes colombianos lideran actividades como el cultivo y elaboración de la droga, el tráfico de armas, la minería ilegal y otras actividades que tienen impacto en el Ecuador”.

Este 2021, Colombia batió los récords en el cultivo de coca y producción: 245.000 hectáreas y 1.010 toneladas métricas de cocaína fabricada. Los datos son de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca y fueron presentados el 25 de junio, en su informe anual.

En 2007, cuando Rafael Correa asumió el poder, la tasa de homicidios era de 16,70 muertes por cada 100.000 habitantes. El pico más alto de inseguridad fue en 2009, con una tasa de 18,88. A partir de allí, el país experimentó ocho años de reducción de la violencia. Para el 2017, el indicador fue de 5,7.

Solo en la mitad de este año, el país ya registra la misma tasa de homicidios: 5,7. “Seguro a final de año terminará en dos dígitos, lo que es muy preocupante”, agrega De la Vega.

En los años en que la violencia se redujo hubo una mejora de la Policía. Por ejemplo, se aumentó el número de uniformados de 27.000 a 49.000. Se creó la Policía Comunitaria, se mejoraron los salarios y se compraron patrulleros y armas. Se creó el Ministerio del Interior, encargado en la política de seguridad. Hoy es el Ministerio de Gobierno, que además de manejar la Policía, también dirige la política del Ejecutivo.

Además de los homicidios, asesinatos o sicariatos, hay otros casos que inciden en el aumento de la inseguridad: los delitos comunes.

El jueves, en Quito, se reportó un robo. Dos transeúntes fueron asaltados por motociclistas. El hecho quedó registrado en video y se observa cómo los sospechosos le arranchan las pertenencias a una joven.

Otro asalto se dio en Atucucho, un barrio popular del noreste de Quito. Una banda ingresó a un domicilio la madrugada del miércoles. En las imágenes de las cámaras de vigilancia se ve cómo tres hombres trepan hacia una ventana.

El robo a personas es el que más afecta. En 2014 se presentaron 31.959 denuncias. En 2020, durante el confinamiento por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, estos hechos se redujeron a 20.106 denuncias y en lo que va del año ya se han registrado 11.384 casos.

Otros delitos que han crecido este año son los robos en las carreteras y los asaltos a entidades financieras.

Freddy Viera, experto en seguridad, opina que atacar la criminalidad requiere analizar todos los factores que están detrás de los hechos delictivos, ya sea la delincuencia común que se encuentra en los semáforos, hasta la delincuencia que se toma su tiempo para organizar sus crímenes.

¿Por qué fracasan los planes de seguridad de los gobiernos? Viera opina que esto ocurre porque no se coloca a profesionales para delinear la política criminal. Además, hay problemas con las leyes. La policía detiene a los sospechosos seis, siete, hasta ocho veces, pero salen libres porque el monto no amerita detención, por la edad o porque el juez dictó medidas cautelares al considerar que no fue flagrancia. Menciona que la flagrancia no debería ser de 24 horas sino extenderse porque, a veces, los perjudicados no alcanzan ni a poner la denuncia.

Se refiere a las reformas al Código Integral Penal (COIP) sobre el consumo de drogas. Se pregunta “¿cómo controlar el microtráfico si la ley mismo lo ampara?”. Dice que para qué se va a sacar a la Policía, al Ejército o traer expertos internacionales en seguridad, cuando hace falta un marco legal que ampare las actuaciones policiales ante actos ilícitos.

En 2019, tras el crimen de Diana Carolina, apuñalada por su pareja en presencia de un grupo de uniformados, la Policía Nacional reveló no tener garantías para actuar. Disparar al agresor significaba ir a la cárcel. En la inacción también murió la bebé que gestaba Carolina.

Delincuentes entran y salen de las cárceles

La queja viene, sobre todo, de la Policía. Tras meses de investigaciones, seguimientos y vigilancias, las bandas son detenidas, pero los jueces ordenan la libertad de los sospechosos porque se amparan en el Código Integral Penal.

Un caso se dio el 13 de junio. Antinarcóticos detuvo al conductor de un camión en el que se transportaban 516,9 kilos de cocaína. El juez no ordenó su prisión porque consideraba que se trataba de un caso de microtráfico.

Sin embargo, más de media tonelada de sustancia ilegal constituye un tráfico de gran escala y se sanciona con pena de 10 a 13 años de cárcel.

En las Fuerzas Armadas, la queja sobre la acción de la justicia se repite.

En lo que va del año, por ejemplo, la Fuerza Aérea ha interceptado cinco avionetas ilegales.

“Con mucha preocupación hemos sido testigos de cómo la justicia, el pasado 21 de junio, dejó en libertad a uno de los pilotos, que con mucho trabajo, esfuerzo y riesgo la Fuerza Aérea entregó a las autoridades competentes. Pedimos que estas acciones no se repitan, porque van contra un trabajo honesto”, manifestó Geovanny Espinel, comandante de la FAE en Salinas.