ASAMBLEA NACIONAL
Organismos y asambleístas buscan que se trate la violencia vicaria en la Asamblea para que sea tipificadaarchivo

Violencia vicaria: ¿Qué es y por qué se quiere legislar en la Asamblea?

Busca controlar a la víctima mediante manipulación y venganza hacia hijos La Asamblea busca tipificar este tipo de agresión.

La violencia de género en Ecuador sigue cobrando vidas. Según datos de la Fundación Aldea, el 2024 cerró con 274 femicidios registrados, de los cuales 269 ocurrieron durante el año, y cinco correspondieron a mujeres reportadas como desaparecidas en 2023 y halladas sin vida en 2024. Esta crisis se ha agravado en 2025, pues solo en enero ya se contabilizaron más de 40 femicidios, una cifra que según expertos expone la ineficacia de las políticas públicas en la prevención de estos crímenes.

Ante este escenario, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha dado paso a reformas legales, incluyendo modificaciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Uno de los cambios más significativos es la tipificación de la violencia vicaria, una forma de violencia de género en la que el agresor utiliza a los hijos como instrumento de daño y control sobre la víctima.

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A pesar de la vigencia de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la violencia vicaria aún no está contemplada en el COIP, lo que limita el acceso a la justicia para las víctimas. En respuesta a esta omisión, la asambleísta por Pichincha, Gissela Garzón, presentó un proyecto de reforma que busca fortalecer la legislación en torno al feminicidio y la violencia vicaria. Una de sus propuestas es la incorporación de la responsabilidad estatal en los casos donde se evidencie negligencia en la protección y prevención, como ocurrió en los casos de muerte de María Belén Bernal y Aidita Pamela Ati.

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Si bien no existen cifras oficiales sobre la violencia vicaria en Ecuador, los hechos demuestran su presencia. Uno de los casos más estremecedores es el de Briana y Génesis Campo, de 3 y 10 años, halladas sin vida en la comunidad de María Magdalena, en Tulcán, en febrero de 2024. Las menores habían sido reportadas como desaparecidas en octubre de 2023, tras el feminicidio de su madre, Vanessa Villarreal, a manos de su pareja.

Otro caso es el de una niña en Riobamba, encontrada muerta en casa de sus abuelos paternos después de ser separada de su madre por su progenitor.

La legisladora Garzón ha denunciado múltiples situaciones similares, en las que mujeres han sido privadas del derecho a ver a sus hijos como un mecanismo de chantaje y control por parte de sus exparejas.

El pasado 24 de febrero, Mónica Rodríguez compartió su testimonio ante el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Víctima de violencia psicológica y física, relató cómo su expareja intensificó los abusos tras su embarazo. A pesar de haber interpuesto una demanda para recuperar la custodia de su hija de seis años, el agresor ha desobedecido reiteradamente la orden judicial. Su abogado, Juan Carlos Paredes, advirtió que el agresor presenta patrones de conducta narcisista y ha utilizado a la menor como herramienta de manipulación. Paredes denunció irregularidades en el régimen de visitas.

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La propuesta de reforma en la Asamblea Nacional plantea sanciones de uno a tres años de prisión para quienes ejerzan violencia vicaria. Además, establece restricciones claras para evitar que el agresor esconda, traslade o cambie la residencia de sus hijos sin autorización. También se busca la creación de espacios exclusivos, seguros y confidenciales para la atención de víctimas, incluyendo centros especializados para los niños y familiares afectados.

Soledad Angus Freire, abogada especializada en Derechos Humanos, destaca la urgencia de actualizar la legislación para reconocer y combatir nuevas formas de violencia, como la vicaria. Según Angus, los conflictos familiares relacionados con tenencia, visitas y manutención se han convertido en escenarios recurrentes de este tipo de violencia, donde los agresores encuentran en los hijos un mecanismo de hostigamiento y control sobre sus exparejas.

Aunque la Corte Constitucional de Ecuador ha empezado a reconocer la violencia vicaria en su jurisprudencia, aún falta un marco jurídico sólido que garantice una protección efectiva a las víctimas. La propuesta de reforma en la Asamblea Nacional representa un avance, pero su éxito dependerá de su implementación efectiva y de la sensibilización de jueces y operadores de justicia.

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