Es vital para la política pública que el INEC cumpla las fechas

Desatender los problemas sociales de los sectores vulnerables del país, brindar una administración estatal “ineficiente” o “mal orientada” y aumentar la brecha de desigualdad socioeconómica son los ítems de una factura social que podría pagar la población si el Gobierno central o los autónomos desarrollan una política pública con data desactualizada o incompleta.

Así lo explicó a EXPRESO Heidy Roa, docente en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) e investigadora en el Centro Internacional del Pacífico para la Reducción de Riesgos de Desastres.

Roa califica como importante la ejecución del censo poblacional en este 2022 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), como también la reestructuración del cuestionario censal para recabar de manera eficiente la data que refleje la realidad social de los grupos vulnerables del país.

También sostiene que las estadísticas que arroja esta encuesta, realizada cada 10 años por el INEC, contribuyen a que las autoridades puedan conocer a profundidad la vulnerabilidad y los riesgos reales que atañen a los lugares más desatendidos del Ecuador. Incluso, les permiten priorizar ciertos sectores o los problemas sociales a intervenir a través de la política pública.

Hasta el momento, el INEC no ha concretado una fecha para ejecutar el censo poblacional, pero calcula que “si se logra avanzar con la metodología que se va a proponer al Consejo Nacional de Estadísticas (Conec), los datos definitivos del censo estarán a finales del primer trimestre del año 2023”, prevé el subdirector de la entidad, Jorge García.

El funcionario explica a este Diario que el año 2021 fue “importante” para concluir elementos esenciales para su ejecución, luego de que el proceso fue aplazado en 2020 por la llegada de la pandemia de COVID-19.

A esta fecha, la entidad realiza procesos como la socialización del cuestionario censal que definirá el equipo de encuestadores y servidores públicos que se necesitará, el presupuesto que se requerirá para su ejecución, entre otros factores referentes a la comunicación y las capacitaciones.

Para Gonzalo Albán Molestina, consultor de gestión pública y políticas públicas, es necesario que los tiempos previstos por el INEC logren cumplirse, a fin de que se concrete el censo poblacional. “Para quienes trabajamos en diseño de política pública e investigación, las cifras levantadas en un censo nos dan mayor certeza sobre la población a intervenir”.

Albán menciona que implementar política pública sin data actualizada o con data incompleta conlleva a muchos riesgos que van más allá de lo económico, porque “si no hay estimaciones del crecimiento de la población, hay otros datos importantes que no pueden estimarse. Y cuando se pasa del diseño de una política pública a la implementación, se evidencia que hay información que pudo no ser considerada”.

En Ecuador, los censos se realizan cada 10 años por recomendación internacional, debido a que este recoge características estructurales de la población que no varían a corto plazo, sino a lo largo de este periodo.

Sin embargo, Andrea Molina, catedrática de Economía en la Espol e investigadora de la política pública, considera que aunque el INEC y el Gobierno central levanten información a través de otras encuestas, como la de Hogares y la del Registro Social, que fijan una muestra del mercado laboral, la situación rural y de pobreza de las ciudades más representativas del país, existen gobiernos locales que no tienen datos actualizados para forjar una política pública.

Además argumenta que recabar esta data es importante para identificar los cambios que generó la pandemia y que se asentaron en la población y hogares de ciertas parroquias y comunidades que no están bajo el radar de las encuestas intercensales.