María Dolores Guerra - Caso González y otros
Este 05 de agosto se dicto la sentencia contra cuatro uniformados por la desaparición forzada de cuatro personas en un robo a una farmacia en la ciudad de Guayaquil en 2003.Cortesía

Viuda Dolores Guerra: "Sentí una frescura al escuchar la sentencia"

Tras la sentencia a 26 años de cárcel para cuatro expolicías por desaparición forzosa, ella alerta de amenazas 

María Dolores Guerra, viuda de Jhonny Gómez, una de las víctimas de la desaparición forzada por parte de la Policía Nacional durante un asalto a una farmacia en el norte de Guayaquil hace 21 años, alertó este 6 de agosto sobre las intimidaciones que ha recibido su familia desde la audiencia de juzgamiento en abril pasado.

El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, asistió a la audiencia en donde el Tribunal dio a conocer la sentencia en contra de cuatro expolicías.

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“Tengo un hijo de 25 años y los pasados 15, 16 y 17 de abril fue la audiencia de juzgamiento. A los 15 días de regresar de la lectura de la audiencia, mi hijo fue interceptado por dos vehículos. Las personas que se bajaron lo golpearon, lo agredieron físicamente y lo amenazaron de muerte. Actualmente, mi hijo no está en este país y agradezco a Dios que no esté aquí cuando se leyó la sentencia. Hago responsables a estas personas de lo que me pueda pasar, porque no sé si consideran que he sido un enemigo para ellos”.

Guerra enfatizó que su objetivo ha sido lograr el reconocimiento de la desaparición forzada. Añadió que, al escuchar la sentencia, “sintió una frescura” en su alma, ya que después de más de dos décadas se admitió que en Ecuador se cometió un delito de lesa humanidad.

“Había una foto, la foto de la crueldad, tal como si llevaran a un animal al matadero. Esa imagen era mi soporte, mi fuerza. Mucha gente me dio la espalda. Esta lucha incansable no termina porque, aunque está la sentencia, no se ha entregado el cuerpo de mi esposo. Esta lucha nunca tuvo sed de venganza, sino de justicia. Cuando escuché la sentencia, sentí un alivio, como cuando te dan un poco de aire y te dicen descansa”.

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La viuda enfatiza que “la herida está abierta” y que el Estado ecuatoriano no ha mostrado compromiso para entregar los restos de su cónyuge. Cree que quizá no exista ese compromiso porque no se trata del familiar de una autoridad.

“Me enfrenté a poderes muy grandes y tal vez me toque seguir enfrentando esos poderes porque hay tentáculos aún. No importa lo que hayan dicho de mi esposo. Él tenía derecho a ser presentado ante una autoridad y a defenderse, y se le negó ese derecho. No se respetó el debido proceso”.

¿De que se trata el Caso González?

Los hechos se remontan al 13 de noviembre de 2003, cuando la policía intervino en una farmacia en el norte de Guayaquil durante un supuesto asalto. La operación resultó en la muerte de ocho personas y la desaparición de cuatro. Anteriormente, ya se había sentenciado a otros implicados por las muertes.

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En 2016, la Fiscalía informó que uno de los desaparecidos había sido localizado en Venezuela y proporcionó su testimonio en el caso.

La reciente sentencia también ordena que la policía ofrezca disculpas públicas a las víctimas dentro de un plazo de 30 días. Además, en la farmacia donde ocurrieron los hechos, se deberá colocar una placa conmemorativa con los nombres de las víctimas: César Mata, Jhonny Gómez y Erwin Vivar. Asimismo, la sentencia deberá ser publicada en la página web de la Comandancia de la Policía por al menos dos años.

El 5 de agosto de 2024, un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó a tres policías y un expolicía por desaparición forzada.

Erick Salinas Monge, Mario Cevallos Loachamín, Aurelio Chila Placencia y Orlando Villacrés Ascencio fueron sentenciados a 26 años de prisión como coautores de este delito. Además de la pena de cárcel, se les impuso una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados (USD 368.000) y deberán cubrir las costas judiciales y medidas de reparación para los familiares de las víctimas.

El tribunal responsable de la sentencia está compuesto por los jueces nacionales Felipe Córdova, Javier de la Cadena y Julio Inga, quienes tomaron la decisión por unanimidad.

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