Vuelve el dilema de fiscalizar: que sea efectivo o una pantalla
La Comisión de Fiscalización, la próxima semana, conocerá el informe del IESS. El juicio político al ministro de Finanzas es parte de las acciones
Una deuda que quieren cambiar. Al menos eso es lo que auguran los asambleístas de diferentes bancadas legislativas, considerando que la fiscalización es una de las mayores deudas que ha tenido la Legislatura, no de ahora, sino desde hace muchos años atrás.
Las dudas siempre rondan en el interior del Parlamento debido a que muchos controles políticos se han anunciado, pero no todos han llegado a feliz término, por la falta de acuerdos, y que se han parado desde la Comisión de Fiscalización.
Coronavirus: La Asamblea quiere ampliar su poder para enjuiciar a funcionarios como Paúl Granda
Leer másDesde el inicio de este periodo legislativo, la Asamblea ha tenido varios episodios, empezando por la censura y destitución del fiscal, Carlos Baca Mancheno; luego le siguieron los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), la censura y destitución, a destiempo, del exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa; la censura, a destiempo del exprocurador, Diego García, la censura, luego de dos intentos de la exministra de Salud, Verónica Espinosa, quien fue censurada luego de dejar el cargo.
La lista continúa con otras acciones en que no se lograron los votos para censurar a los funcionarios. Es el caso de la excanciller, María Fernanda Espinosa; el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre.
También hay procesos que se han quedado en la Comisión de Fiscalización, como los de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, o de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. (Ver infografía)
A pesar de esto, y ante las denuncias de corrupción que se han hecho públicas durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus. Estas giran en torno a presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos, pruebas para detectar el virus, y lo último, la adquisición de kits de alimentos y de asistencia humanitaria, la Asamblea Nacional no quiere quedarse al margen y desde los distintos grupos políticos se anuncian acciones de fiscalización, sin dejar de lado los procesos legislativos que tiene que cumplir.
Lamentablemente, las comisiones en la Asamblea están presididas por legisladores del partido de gobierno, con mayoría clara para evitar que se concrete una fiscalización eficaz.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño (PAIS), dijo a EXPRESO que el organismo sobre el tema del IESS aprobó dos resoluciones desde la primera denuncia del caso mascarillas y se conformó una subcomision que está trabajando en eso. Sin embargo, reconoció que en los requerimientos de información al IESS no se tuvo una respuesta, y la próxima semana se conocerá el informe de la subcomisión al respecto.
Además, informó que se pidió al presidente de la Legislatura, César Litardo, realice una consulta a la Corte Constitucional (CC), sobre si el dictamen de enero, donde se dio paso al control político a los secretarios con rango de ministros, también abarca a los presidentes y gerentes de las instituciones públicas. Esto con el fin de llevar un control político al expresidente del IESS, Paúl Granda.
“No hemos olvidado nuestro rol fiscalizador, de hecho hemos solicitado que las autoridades comparezcan al pleno de la Asamblea a rendirle cuentas al país, pues resulta inaudito que tengamos funcionarios que se aprovechen del dolor para lucrar”, sostuvo la asambleísta Marcela Aguiñaga (RC), al tiempo de señalar que su bancada llevará el juicio político al ministro de Finanzas, Richard Martínez, por incumplimiento de funciones.
Para el lunes está citada la extitular de la SNGR, Alexandra Ocles, para que responda sobre las denuncias de sobreprecio en la adquisición de kits de asistencia humanitaria.
El legislador Henry Cucalón (PSC) anunció también que van a interpelar a Martínez “por mentir sobre pago de intereses a tenedores de bonos, recorte a la educación, retención del IVA a Gobiernos Autónomos Descentralizados; y el recorte a las universidades.
“Los procesos de fiscalización deben ir de la mano con lo legislativo. En el caso particular, hay 8.000 procesos contractuales que se deben verificar. No podemos quedarnos impávidos al ver tantos sobreprecios que se denuncian a diario. La fiscalización seguirá, y las autoridades y exautoridades deben responderle al país”, afirmó la asambleísta Jeannine Cruz (CREO).
La bancada seguirá con todos los procesos de fiscalización, eso incluye el juicio político a Martínez, porque aceptar un cargo para el que no se está preparado también es corrupción.
Hubo quien fue más allá. El asambleísta Eliseo Azuero (BADI) afirmó que es necesario reformar la Ley de Contratación Pública, al tiempo de sostener “que el Sercop es un nido de corrupción”, por lo que se debe eliminar. Además, cree que hay que reformar la Ley de la Función Legislativa para poder hacer control de las contrataciones, a fin de enviar a la Fiscalía y a la Contraloría los hallazgos de anomalías para que actúen, so pena de juicio político, si no hacen su labor en el marco de la ley.
