“Cualquier vulneración a nuestras sentencias debe ser sancionada”

Un escudo para no hablar del tema. El hermetismo empieza a ser la tónica en torno a la decisión que deberá tomar la Corte Constitucional (CC) ante el inicio del proceso de conformación de una veeduría ciudadana con el objetivo de revisar algunas decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, pese a que está vigente un dictamen del 2019 que lo impide.

Este Diario buscó a los nueve jueces que integran la CC para consultarles su criterio sobre los tiempos y la celeridad con la que deberían adoptar una posible sanción, teniendo en cuenta lo delicado del caso, a quienes pudieron incumplir una sentencia de la propia Corte Constitucional; en este caso, el juez de Montecristi, Leiver Quimis, que ordenó la conformación de la veeduría y Alembert Vera, presidente del CPCCS que no le puso obstáculo alguno, bajo el argumento que debe cumplir el fallo.

La consulta se extendió al presidente Alí Lozada; la vicepresidenta, Carmen Corral, y los jueces Carmen Andrade; Alejandra Cárdenas; Jhoel Escudero; Teresa Nuques; Richard Ortiz; Daniela Salazar; y Enrique Herrería. 

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La respuesta en casi todos los casos fue similar. Que al ser jueces constitucionales están impedidos de emitir un criterio respecto a los procesos jurisdiccionales que se encuentran bajo el conocimiento de la Corte Constitucional, aunque no se les pidió que tomen una postura al respecto, simplemente que hablen sobre los tiempos.

El molde lo rompió el juez Herrería, quien considera que el organismo del que es parte debe ser custodio de los derechos ciudadanos, así como de los pronunciamientos que realiza la ciudadanía, como sucedió en la consulta popular de febrero de 2018, en la cual se dio paso al transitorio.

“En consecuencia, cualquier vulneración a la norma constitucional, al pronunciamiento de las urnas y al incumplimiento de nuestras sentencias y dictámenes debe ser sancionada de manera ejemplar”, señaló Herrería.

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El misterio también ronda al CPCCS que, aunque concluyó con la fase de inscripción para conformar la veeduría ciudadana a la medianoche del lunes, hasta la tarde de ayer no proporcionó ni el número, peor los nombres de los interesados en analizar las decisiones del transitorio en torno al cese y designación de los nuevos jueces de la Corte Constitucional a inicios de 2019.

Incluso, algunos vocales del organismo solicitaron se les haga conocer el listado de personas registradas entre el 4 de septiembre y el 11 de septiembre, pero no recibieron una respuesta hasta el cierre de esta nota.

El exjuez nacional y exvocal del extinto Tribunal Constitucional, Mauro Terán, considera que los jueces de la Corte Constitucional se pueden tomar un tiempo prudente para revisar la información entregada por el juez Quimis, el CPCCS y la Fiscalía General del Estado antes de emitir un pronunciamiento, teniendo como antecedente que incluso el propio Vera ha señalado que cualquier recomendación “disparatada” de la comisión no tendrá efecto alguno.

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“Sin embargo, ahí está lo grave. Para qué convoca a una veeduría para nada, porque nadie va a ejecutar lo que recomienden. Lo que sí, esto puede ser un elemento para que la Corte Constitucional destituya a la veeduría en primero término. Ahora, como el pleno del Consejo de Participación no fue consultado para la conformación de la veeduría y se habría tomado una decisión unilateral, puede también terminar con la destitución de Vera”, señaló Terán.

Al respecto, el juez Herrería manifestó que se deben tomar decisiones “sin dilaciones cómplices alejadas de principios jurídicos y éticos”. Este Diario conoció extraoficialmente que al interior del organismo existirían dos corrientes; una que va por la línea de la advertencia y otra por sanciones más contundentes.

Ya en la tarde de ayer, el área de Comunicación de la CC respondió que se está procesando la información recibida dentro de la fase de seguimiento del cumplimiento del dictamen interpretativo de 2019. “El tema en mención es abordado en estricto apego a la rigurosidad, independencia y agilidad con la que actúa el más alto Tribunal de Justicia Constitucional del Ecuador”, agregó el comunicado.

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