En la Corte Nacional se intentó reinstalar,el jueves 18 de julio, la audiencia preparatoria de juicio en el caso Independencia Judicial.
En la Corte Nacional se intentó reinstalar,el jueves 18 de julio, la audiencia preparatoria de juicio en el caso Independencia Judicial.Fiscalía Ecuador

Wilman Terán echa mano de argucias para obstaculizar el proceso

La actuación de los delegados de la Judicatura y de la Defensoría Pública da pie a dudas. Terán se declara enemigo de su juez

Dilatar las audiencias, forzar una declaratoria de indefensión y separar a los jueces de sus casos son las tácticas que emplea Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, en sus procesos penales.

Su última argucia la activó el jueves 18 de julio, en el caso Independencia Judicial. Interrumpió en malos términos al juez Julio Inga, de la Corte Nacional de Justicia, quien intentaba reinstalar la audiencia preparatoria de juicio y escuchar el dictamen del fiscal subrogante Wilson Toainga. “Tenga la dignidad de excusarse, ya que no está garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva… Lo denominé a usted enemigo, señor, públicamente, ante la Asamblea, soy su enemigo manifiesto”, dijo Terán.

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Una actuación que devela la intención de separar al juez Inga de su causa, así como logró separar al juez Felipe Córdova del caso Metástasis, en el que está procesado por delincuencia organizada.

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Las vías legales que usa para separar a Inga son: recusarlo y denunciarlo penalmente. A través de un escrito, Terán informó al juez que presentó una acción penal en su contra, por una supuesta omisión de denuncia. Según Terán, ha informado “de tratos crueles y degradantes” al interior de la cárcel de la Roca, donde está recluido. Ha denunciado que el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad no le permite salir de la cárcel a las audiencias y no le da un equipo de computación para que acceda al expediente digital del caso. Dice que hay un complot de la SNAI y del juez para que no pueda ejercer su derecho a la defensa.

Para sostener este argumento de una presunta indefensión, Terán ha desistido, de forma oral y escrita, de sus abogados: Jorge Haz Armas y Gabriel Terán Guerrero, su padre. “No podrán intervenir en las audiencias a mi nombre y representación”. Y ha señalado que ellos solo son sus asesores, encargados de redactar y llevar los escritos que a diario envía a los jueces de sus casos.

Fue así, que en la audiencia del 11 de julio pasado, el exfuncionario decidió desconectarse de la audiencia, con lo que entorpeció la presentación de la acusación de la Fiscalía. “Me declaro en rebeldía y si quiere sancionar como desacato. Yo no quiero dilatar el proceso, pero ustedes tienen intención de oprimir mi defensa”. Al ser él mismo su único abogado, Inga tuvo que declararlo en indefensión y ordenar la asistencia de una defensora pública. Pero el expresidente de la Judicatura también ha indicado que no quiere un abogado gratuito del Estado.

¿Qué quiere? Presentarse en las audiencias y separar al juez. Este primer objetivo lo consiguió cuando Inga ordenó que sea trasladado a Quito para la audiencia de hoy.

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El fiscal Toainga expresó de forma oral y por escrito su malestar por la falta de orden y “por las múltiples prácticas desleales, activadas por el procesado... mismas que se han efectivizado no solo en sus múltiples intervenciones generando incidentes”, sino que, con el argumento de que se vulnera su derecho a la defensa, “es una nueva forma de manipular e intimidar su actuación como juez sustanciador de la causa”.

“No es una forma de manipular; es un derecho que él pueda realizar su defensa material. No hay mejor defensa que la que puede ejercer una persona que conoce los hechos que los ha vivido”, dijo Haz, abogado técnico de Terán. “¿Cuál es el problema? No es una dilación. El juez debía garantizar que comparezca para que pueda estar en inmediación directa con el juez, el fiscal y el expediente”, agregó.

En esta causa, en la que se investiga una posible obstrucción a la justicia, el Consejo de la Judicatura es parte procesal. Actúa como víctima. Sin embargo, el jueves 18 de julio, un día después de que Mario Godoy asumiera la presidencia del organismo, su delegado Patricio Morales Tamayo notificó al juez de una recusación en su contra. “Para conocimiento de su autoridad, hace aproximadamente 25 minutos usted ha sido recusado por parte del señor Santiago Cifuentes. Es importante que usted tenga conocimiento”, dijo Morales. Las reglas de la recusación indican que en el momento que el juez es notificado debe apartarse automáticamente de la causa hasta que otro magistrado resuelva el pedido.

Coincidencialmente, la defensora pública Teresa Andrade Rovayo, ayudó a fomentar, indirectamente, la idea de la indefensión de Terán. Envió un escrito al juez para anunciar que no podrá asumir la defensa porque tomó vacaciones del 18 al 26 de julio.

Está claro su nivel de enemistad, no le importa lo que me pase ni llamar a juicio a un inocente.Wilman Terán, expresidente de la Judicatura

  • Rol. Wilman Terán, Maribel Barreno y otros exfuncionarios de la Judicatura son procesados por posible obstrucción a la Justicia.

La novia de Godoy defiende a Barreno

Mario Godoy era, hasta enero de este año, accionista de la firma ILG-Invictus Law Group, junto con su novia Dolores Vintimilla, quien lleva la defensa de Maribel Barreno, exvocal de la Judicatura en esta causa. Godoy vendió sus acciones justo para ingresar a Petroecuador como abogado. Actualmente, el Servicio de Rentas Internas señala que la firma se encuentra suspendida. Sin embargo, hasta el jueves 18 de julio, Vintimilla estaba dentro de la lista de abogados a los que la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia notifica como parte de la defensa de Barreno. Ella fue salvada de un juicio político, junto con Terán, gracias a las abstenciones de la bancada correísta.

En su discurso de posesión, Mario Godoy ha indicado que es víctima de una campaña que busca dañar su honra y que se ejerce desde redes sociales. Eso porque fue abogado de los hermanos Juan Pablo y Eduardo Xavier Larrea Cruz, procesados y sentenciados por narcotráfico, en un caso administrativo.

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