Wilman Terán encontró respaldo en la Comisión de Fiscalización

Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, pasó de interpelante a interpelado en la sustanciación del  juicio político contra Wilman Terán, Maribel Barreno y Xavier Muñoz. 

Este viernes 21 de junio, los miembros de la Comisión de Fiscalización que pertenecen a la bancada de la Revolución Ciudadana lo abarrotaron de preguntas y críticas sobre lo que, a su criterio, fueron las fallas en la presentación de las pruebas contra los exvocales del Consejo de la Judicatura; Terán y Barreno procesados por obstrucción a la juez y Muñoz, sentenciado por ese delito.

La presidenta Pamela Aguirre dijo que sus preguntas eran simplemente técnicas y que tenían como objetivo ser equitativa. “El interpelante ha dicho que Terán tenía todo el poder a través de su mayoría. Pero hay dos votos a favor y dos abstenciones, ¿qué mayoría hay ahí?”. 

Con esa pregunta, Aguirre recriminaba la teoría de Peñafiel, de que los exvocales del Consejo de la Judicatura cometieron un incumplimiento de funciones en 2023, cuando destituyeron de su cargo al entonces juez Walter Macías, con dos votos de cinco: los de Terán y Muñoz, con los que ellos declararon ser una mayoría.

Por este hecho, los exfuncionarios están procesados penalmente, pues Muñoz aceptó que hubo un plan para sacar a Macías del cargo porque el juez conocía un juicio contra Barreno. Dijo que sacar a Macías se convirtió en "un capricho de Barreno".

En la Asamblea, Aguirre hizo más preguntas a Peñafiel. “¿Cuántas pruebas documentales, testimoniales y periciales presentó sobre los interpelantes? ¿Cuántas corresponden a cada uno?”. “El interpelante no ha individualizado las pruebas”. "¿Quién se convierte en el defensor de Terán? El que no presenta las pruebas", dijo. 

Sofía Espín, de la Revolución Ciudadana, también cargó en contra de Peñafiel. El miércoles pasado la legisladora ayudó a Wilman Terán a incorporar pruebas nuevas fuera de tiempo. Se introdujeron documentación sobre las denuncias contra el juez Walter Macías, las resoluciones que el Consejo y un informe disciplinario de Macías; además que se pidió a la Fiscalía copias de las indagaciones previas o instrucciones penales iniciadas en contra de los jueces Walter Macías, Luis Rivera, Byron Guillén, Felipe Córdova y Roberto Guzmán. 

Incluso Muñoz logró presentar y leer unos supuestos chats entre él y la fiscal general Diana Salazar, quien, mediante un comunicado, señaló que se tratan de chats falsos, que durante las pericias a los celulares incautados de Terán no se hallaron esas conversaciones y que se han usado como una artimaña política para dañar su imagen. 

Según Sofía Espín, su único objetivo de sus actuaciones a favor de Terán era garantizar “igualdad de armas” y aseguró que no tener ninguna simpatía a favor de Terán, pues fue parte del tribunal que confirmó la sentencia de su “máximo líder” Rafael Correa, en el caso Sobornos. En ese juicio, Terán también fue quien benefició a Correa con la reducción de la pérdida de sus derechos políticos de 25 a ocho años. Pero ese datella no recordó Espín. 

Pasadas las 16:30, Terán dijo que suspender a un juez no es irregular, sino una facultad del Consejo de la Judicatura. Dijo que existían alertas y que su responsabilidad era conocer el proceso disciplinario y las denuncias contra Macías. Aseguró que no hay razones para ordenar su juicio político. 

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