Wilman Terán, el recluso que quiere justicia en la TV

ANÁLISIS. Lo que pretende Wilman Terán con sus acciones judiciales contra dos canales de televisión no es poca cosa. El expresidente del Consejo de la Judicatura, hoy preso en la cárcel 4 de Quito y procesado por varios cargos de corrupción, quiere que Ecuavisa y Teleamazonas le concedan el derecho de réplica para desmentir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que lo mencionó en sendas entrevistas concedidas a los noticieros de esos canales a fines de agosto pasado. Pero en lugar de seguir el camino regular establecido en la ley, que consiste en presentar una solicitud de réplica a los directivos de los medios de comunicación y acudir a la Defensoría del Pueblo en caso de no ser atendido (la vía administrativa), Terán pasó directamente al terreno de la batalla judicial y presentó dos acciones de protección contra las emisoras, acusándolas de haber vulnerado sus derechos. Que no le dieron espacio para la réplica, se quejó, y la verdad es que mal podían darle aquello que nunca solicitó. Que las denuncias fueran admitidas a trámite es un mal síntoma. ¿Qué buscaba con ellas Wilman Terán? Sentar un precedente. Uno que, en un país sacudido por la acción del crimen organizado y la corrupción de sus élites políticas, ataría de manos al periodismo frente a las mafias. El viernes, un tribunal integrado por los jueces Galo Rumiguano, Pablo Coello y Milton Maroto, ya falló en contra de su denuncia contra Ecuavisa. Queda por resolverse el caso de Teleamazonas, en manos de la jueza Margarita Ortega.

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El episodio de Wilman Terán contra Ecuavisa y Teleamazonas es un capítulo más en la vieja historia de la batalla de los pájaros contra las escopetas. Se trata, probablemente, del personaje más desprestigiado de la vida pública nacional (lo cual no es decir poco) y del símbolo viviente de la corrupción y la decadencia de nuestras instituciones. Aliado estratégico del correísmo (el partido político de los presos y los prófugos de la justicia, el de los operadores del narcotráfico en el parlamento y en las cortes), alias El Diablo, como se lo conoce en el mundo del hampa, fue absuelto en el juicio político que se le siguió en la Asamblea Nacional pero continúa con su prontuario intacto: el presidente del Consejo de la Judicatura que amañó el concurso para elegir jueces de la Corte Nacional hasta al extremo de que se hizo necesario echar todo a la basura y empezar de nuevo; el que ordenó, por ejemplo, desencriptar las preguntas del examen escrito para pasárselas a algunos postulantes de su elección, entre otras cosas. El hombre que tuvo, cuando fue juez nacional, sospechosas relaciones con el narcotraficante Leandro Norero y llegó a pedirle, según testigos, dos millones de dólares a cambio de un hábeas corpus. El funcionario procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, procesado por obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial… Wilman Terán: el peor de todos.

Hay un único lugar donde a personajes como él les corresponde ejercer su derecho a la defensa: las cortes de justicia. No hay, no puede haber, por fuera de ellas, posibilidad de debate público alguno entre los delincuentes y los policías, entre los acusados de corrupción y los agentes de la justicia, sean jueces o fiscales, que los procesan. No corresponde a los medios de comunicación asumir ese papel, que es el de los tribunales. Y si la justicia, es decir, la jueza Ortega, cuya decisión sobre la denuncia de Wilman Terán contra Teleamazonas aún está pendiente, le concediera lo que pretende, estaría sentando un precedente muy difícil de manejar para el periodismo: crearía la obligación editorial de tratar en pie de igualdad a prisioneros y fiscales, a aquellos que deben explicaciones ante la justicia y aquellos que los investigan y los acusan. Si la jueza ordena, como exige Terán, que el SNAI lo traslade desde la cárcel 4 al set de Teleamazonas para ejercer su derecho a la réplica, multitudes de presos y procesados empezarían a exigir lo mismo. Lo dijo Ecuavisa en el editorial en el que expresó su posición oficial sobre el caso: “Los medios no podrían informar al país sobre los delitos que se cometen a diario so pena de tener que invitar a sus posibles autores a replicar a fiscales y jueces”. No habría manera, por ejemplo, de publicar notas periodísticas sobre el avance de los casos Metástasis, Plaga, Purga y otros, sin entrar en un interminable laberinto de réplicas y contrarréplicas que tendrían un único efecto seguro: el de evaporar toda certeza, relativizar toda noticia, poner en duda todo hecho y sustituirlo por un conjunto de versiones. Como si la realidad no existiera.

La vieja guerra contra el periodismo

Esta idea de que los hechos no son más importantes que las versiones que se tejen sobre ellos se encontraba en el corazón de la campaña contra el periodismo y los medios de comunicación que, durante un decenio completo, animó el correísmo desde el poder y a través de una serie de organismos diseñados específicamente para ello. Las redacciones se llenaron de exigencias de réplica (con amenazas de juicios incluidas) que no se daban abasto para administrar y que, simplemente, contraponían una versión con otra en un juego cada vez más alejado de la realidad. Se llegó al extremo de que organismos como la Superintendencia de Comunicación, que llegó a inventarse versiones alternativas hasta para las caricaturas, ordenara a los diarios publicar páginas enteras que llegaban escritas y diseñadas hasta el mínimo de detalle, con las versiones oficiales de hechos que se acusaba al periodismo de tergiversar. El triste resultado de esta campaña estatal que contó con fondos ilimitados y logró penetrar en el imaginario de los ciudadanos, es un periodismo inseguro, titubeante, que no se decide a confiar en sus propias capacidades de verificación y análisis. Un periodismo convertido en antena repetidora de lo que los actores políticos o sociales tengan que decir sobre un hecho cualquiera, y limitado a extender el micrófono para recoger las versiones contrapuestas, en lugar de atreverse a observar el hecho por sí mismo y sacar sus propias conclusiones. Durante el correísmo, el periodismo tenía estrictamente prohibido sacar sus propias conclusiones. Le bastaba la vana esperanza de encontrar la verdad en el punto medio de las versiones contrapuestas.

Pero la verdad no está ahí. ¿Qué se espera obtener de una confrontación mediática, en pie de igualdad, entre la fiscal Diana Salazar y el procesado por varios casos de corrupción Wilman Terán? ¿Cuál es la utilidad pública que podría tener un intercambio de versiones semejante? ¿Habrá que conceder una parte de la razón a cada uno para jactarse de imparciales y objetivos? La fiscal habla de los delitos de los que está acusado y por los que debe responder el expresidente del Consejo de la Judicatura: un hecho incontrovertible. Terán, en cambio, como ya lo hizo en la Asamblea, donde precisamente fue el correísmo el que le concedió ese beneficio, diría que todo es un complot político en su contra: relato. De eso se trata el juego: difundir relatos para poner en duda los hechos de la realidad. Como cuando se dice: no es verdad que hubo un incremento de muertes violentas no explicadas durante el gobierno de Rafael Correa, la verdad es que el Ecuador fue el segundo país más seguro de la región en esos años: relatos contra datos.

Capítulo más reciente de aquella misma vieja campaña contra el periodismo, la denuncia de Wilman Terán contra dos canales de televisión no busca tanto la satisfacción personal del derecho a la réplica como la victoria institucional de dejar sentado el precedente. Por eso no siguió el procedimiento habitual que establece la ley para la concesión de réplicas, sino que fue directamente al terreno judicial. No se diferencia demasiado, en ese sentido, del episodio que protagonizó hace poco el prófugo de la justicia Xavier Jordán, socio del narcotraficante Leandro Norero, administrador de sus bienes y cómplice suyo en varios delitos, cuando demandó por daño moral a este Diario y otros medios (entre ellos también Ecuavisa), por tratarlo como lo que es. La guerra de exterminio que el gobierno de Rafael Correa inició contra el periodismo y los medios de comunicación, continúa ahora a cargo de sus aliados naturales: los jueces corruptos y sus amigos mafiosos.