Ximena Garzón tiene fecha para su juicio político en la Asamblea Nacional
Los oficialistas se opusieron y los correístas se abstuvieron del llamado a fiscalización. Se requieren 92 votos para censurar a la exministra
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó al pleno para este martes, 14 de febrero, al juicio político en contra de la exministra de Salud del actual Gobierno, Ximena Garzón.
Los interpelantes son el legislador de Pachakutik, Ricardo Vanegas y su colega socialcristiana Natalie Viteri que la acusan de incumplimiento de funciones por presuntamente haber adquirido medicamentos en mal estado, además por la falta de insumos médicos en el sistema de salud público.
En diciembre pasado, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no obtuvo los votos para aprobar el informe elaborado por la presidencia de esa mesa legislativa que recomendaba el archivo de la causa.
Fiscalización culmina etapa de pruebas en proceso de juicio político a Carrillo
Leer másLa semana pasada, el pleno del Legislativo con mayoría simple apoyó una moción de Vanegas para continuar con el juicio político a la que se unió el Partido Social Cristiano (PSC), parte de la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik.
En tanto que, la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) votó en contra y el correísmo se abstuvo de votar, como ya lo hizo durante la votación de las reformas tributarias, a finales de 2021.
En cambio, para la censura de la exfuncionaria se requieren 92 votos que, si se repite la votación de Unión por la Esperanza (Unes), no existirían hasta el momento. Varios legisladores han reconocido el trabajo de Garzón durante la vacunación contra el COVID-19 y otros consideran que las pruebas para la fiscalización no son contundentes.
El de Garzón será el primer juicio político del año, luego del receso legislativo y de las elecciones seccionales, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el referéndum convocado por el Gobierno.
Durante su comparecencia a Fiscalización justificó los motivos de la declaratoria de emergencia en el sistema de Salud, durante su administración, y rechazó que la medida se haya adoptado sin contar con estudios técnicos como acusan sus detractores.
Negó que el Ministerio de Salud a su cargo haya comprado medicación, a punto de caducar o de baja calidad, y aseguró que cada adquisición se hizo con el aval de las entidades de control encargadas para poder ejecutar las compras.
Sobre la acusación de falta de gestión, la exministra detalló ante sus interpelantes algunos planes que se habrían empezado a ejecutar durante su periodo al frente de la cartera de Salud.
Sin embargo, aclaró que los programas no se pueden ejecutar de la “noche a la mañana” y que, en algunos casos, los resultados se podrán ver el año entrante o incluso el próximo.