Yunda acudió a su segundo día de juicio por peculado
El exalcalde estuvo poco tiempo en el auditorio en el Complejo Judicial norte. El delito del que se acusa a 14 personas se puede juzgar en ausencia
Ya sin obligaciones que cumplir en la Alcaldía de Quito, obras por inaugurar o recorridos que hacer en los barrios capitalinos, Jorge Yunda permaneció unas horas en el auditorio del Complejo Judicial norte de Quito.
El miércoles por la tarde dejó de ser la primera autoridad de la ciudad por resolución de la Corte Constitucional. El organismo dijo que las sentencias de primera y segunda instancia que se concedieron en favor del exfuncionario vulneraron los derechos a la seguridad jurídica.
Ayer, en el Complejo el tribunal de jueces de la Sala Penal de la Corte de Pichincha, integrado por el juez ponente Wilson Lema, Fabián Fabara y Patlova Guerra, siguió escuchando el segundo testimonio anticipado con el que la Fiscalía busca probar que Yunda es el posible autor mediato del presunto delito de peculado.
El ilícito se habría cometido en la compra de 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19 que estuvo a cargo de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.
La diligencia se reinstaló pasadas las 09:00 en el segundo día del juicio en contra de Yunda y de otras 13 personas.
A diferencia del primer día de juzgamiento en el que el exalcalde permaneció poco tiempo acompañando a sus cuatro abogados, ayer estuvo varias horas escuchando la reproducción del testimonio anticipado de Miguel García, un testigo protegido de la Fiscalía. Su exposición se refirió a un informe académico de la UDLA sobre la sensibilidad de las pruebas.
Él siguió al testimonio anticipado de Tannya Lozada. Ella era directora del laboratorio de investigaciones de la Universidad de las Américas (UDLA) quien había señalado que Yunda, a mediados o finales de marzo de 2020 se comunicó por teléfono con ella para “solicitarle apoyo en la definición de pruebas de diagnóstico de COVID-19 y que le pidió, además, su asesoría para el entonces secretario de Salud, Lenin Mantilla”, también procesado.
Según el testimonio, Mantilla le consultó al día siguiente aspectos técnicos de la pandemia sobre compra de máquinas de procesamiento de muestras e infraestructura para levantar un laboratorio de diagnóstico del virus.
Las recomendaciones habían sido enviadas por correo electrónico con puntualizaciones como que “el protocolo LAMP no cumplía con el IDD, certificación de la FDA, organismo calificado para certificar”. La conclusión había sido que, al 31 de marzo de 2020, la prueba LAMP (Isopollo) no era considerada a nivel internacional efectiva para diagnosticar el virus.
Puntualizó que en junio de 2020 Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud, se acercó a la Universidad a pedir la validación del kit Isopollo con otros que existían en el mercado.
En su cuenta de Twitter María del Mar Gallegos, defensora de Guamán, señaló que su cliente jamás ‘insistió’ que una universidad validara pruebas, como si se tratara de una aprobación. Precisó que en la reproducción del otro testimonio ante los jueces, “el propio autor del informe aclaró que validar es dar información sobre el desempeño de un insumo, no aprobarlo”.
En el segundo día de juicio el avance de la presentación de testigos no ha sido el programado por los jueces. De acuerdo con el señalamiento, en el primer día debían testificar al menos 10 peritos de la Policía y en el segundo día concejales Luz Elena Coloma, el director Financiero y otros funcionarios municipales.
En total, debían ser 33 testigos y peritos. El juicio se ha previsto que concluya a finales del mes de octubre.
Expedientes
Afronta ocho investigaciones
La de peculado por las posibles irregularidades en la compra de pruebas no es la única causa abierta para Jorge Yunda.
En la Fiscalía se abrieron expedientes por casos derivados de las violentas protestas de octubre de 2019. Las denuncias fueron presentadas por varios ciudadanos.
Sospechas
Triangulación de contratos
En la Fiscalía de Pichincha se investiga una presunta triangulación de contratos en el Municipio capitalino que habrían beneficiado a la constructora Geinco.
Los supuestos delitos por los que se abrieron los expedientes son peculado, lesiones, delincuencia organizada y tráfico de influencias.
