Zaruma: de afectados a cómplices de lo ilegal

La emergencia declarada en Zaruma tras el socavón del 15 de diciembre del 2021 tiene al Ministerio de Recursos No Renovables y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNR) con las barbas en remojo, porque de acuerdo con la ley la responsabilidad del control de la extracción recae directamente en estas entidades.

Pese a ello, los últimos días se ha aupado el discurso de que hay una responsabilidad compartida, tanto del alcalde Jhansy López, a quien se señala de no hacer lo suficiente desde el Gobierno, como de los propios habitantes de Zaruma, pues en medio de la investigación tras el hecho más reciente, se hallaron siete bocaminas en ocho casas inspeccionadas en los alrededores del socavón.

Ese escenario, que dejó al descubierto un secreto a voces en Zaruma, desató varias insinuaciones generalizadas en contra de los habitantes.

De la noche a la mañana, a los damnificados, más de 800 personas, se los puso en el papel de posibles cómplices de la minería ilegal. Y uno de los primeros indignados ante esto fue el propio alcalde del cantón, quien al día siguiente de esas declaraciones, el pasado 10 de enero, dijo que las investigaciones de la minería ilegal deben empezar a arrojar nombres y que “es lamentable que la extracción en área no permitida ponga estigmas sobre los zarumeños”.

“Es inaceptable que se pretenda hacer creer al mundo que la minería ilegal es responsabilidad de toda Zaruma. O que se intente hallar un culpable en cada uno de los ciudadanos. Si se hallaron chimeneas en casas, las investigaciones deben determinar culpables”, escribió el burgomaestre.

Su voz se hace eco, además, de las familias damnificadas que residían en la hoy denominada zona cero y que se encuentran inconformes por las insinuaciones que los inculpan.

Es el caso de Gladys Gómez, de 55 años. Ella y su padre, Celso, de 88 años, son parte de los damnificados que perdieron la totalidad de sus viviendas. Sostiene que “lo que se ha dicho es la sinvergüencería más grande, porque si en realidad hay chimeneas en las viviendas del centro de Zaruma, lo hubieran dicho con nombres y apellidos. Todo esto es un teatro al que juega la política”, manifestó.

Aseguró además que en el sector tampoco existen dichas chimeneas y que siguen siendo injurias de las autoridades para desviar la atención.

Sobre el tema, este Diario ha consultado a Fiscalía y preguntado cuántas investigaciones siguen por el caso. La respuesta no llegó hasta el cierre de esta edición, aunque se conoce que hay varias denuncias puestas sin ningún avance desde 2014. Una de ellas, la del propio alcalde.

Mauricio Murillo, síndico de la Cámara de Minas Cantonal y Nacional, admitió que es verdad la existencia de estos accesos en el pueblo, pues hay familias que son parte de esta sociedad delictiva porque prestan sus viviendas o solares vacíos para que los sableros ingresen por ahí a las minas.

Para José Victoriano Ochoa, presidente comunitario de gestión de riesgos, esto es posible gracias a la inoperancia de las entidades de control y por la corrupción enquistada en ellas. Relata que esto viene de años, pero él tiene otro culpable. “Las mafias se han apoderado del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables para que nadie sepa nada”.

EXPRESO, que realizó un recorrido de casi una semana en el cantón cuando sucedió el socavón, supo que hay investigaciones a las propias concesiones mineras que no han avanzado. Es decir, desde los espacios supuestamente regulados ingresan sableros a sacar el oro de la zona de exclusión. Esto también fue confirmado en la reciente reunión de Gobierno, pero, como todo lo que ha ocurrido desde el 15 de diciembre, “es algo que se está investigando”, no se ha tenido mayor detalle.

En algo en lo que sí coinciden todos los actores de este drama llamado minería ilegal, es en asegurar que las mafias se tomaron el subsuelo de Zaruma. Y de eso dan fe los hallazgos de los operativos recientes. Armas, explosivos... y gente sospechosa que este Diario pudo ver de cerca en uno de los recorridos en sitio con Inteligencia.

Por su parte, el viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, desconoce si los tentáculos de las bandas delictivas se han enquistado en el aparato estatal en instituciones como la Agencia de Control, Minas y Fiscalía, pero sostiene que tras el hallazgo de las bocaminas construidas en el centro de la ciudad, es el órgano judicial el que debe determinar y ejecutar acciones.

“Me hubiera gustado que no aparecieran las bocaminas, pero las hemos encontrado. Lo que pasa es que este Gobierno es serio y no va a tapar a nadie. Ni a las empresas que tienen concesiones mineras ni a las personas que posiblemente están dando en alquiler las casas para construir estas bocaminas”, expresó Vera.

El funcionario comentó que esta emergencia que vive el cantón se atiende en tiempo récord y por todos los frentes, pero acotó que la responsabilidad de controlar lo que sucede en el subsuelo de Zaruma no es del Gobierno central, sino más bien de la comunidad y del Municipio del cantón.

“El Gobierno no está diciendo que los zarumeños son los culpables. Aquí hay compromiso de todos porque hay extracción ilícita por sableros que posiblemente estén siendo financiados por el crimen organizado”, aclaró el viceministro de Minas.

Hasta ahora, tras un mes del último socavón que puso en evidencia la magnitud de esta actividad ilícita que ha carcomido el subsuelo de Zaruma durante años, el verdadero culpable sigue sin ser identificado por la justicia y encontrarlo es el reto más grande que hoy están enfrentando.