Los zombis toman el control del Consejo de Participación

La nueva mayoría correísta del Consejo de Participación Ciudadana empezó a actuar y va a por todo. Augusto Verduga, Yadira Saltos y el recién llegado cheerleader de la dictadura venezolana Eduardo Franco Loor, que se integró al organismo luego de que la Asamblea censurara al gobiernista Juan Esteban Guarderas, en realidad ya están destituidos por el Tribunal de lo Contencioso Electoral y sólo esperan la inevitable ratificación de esa sentencia en segunda instancia. Sin embargo, hasta tanto, tienen tiempo suficiente para ejecutar la agenda de su movimiento político. Son zombis, pero avanzan rápido. Este miércoles, junto con la consejera comodín Nicole Bonifaz, empezaron el asalto de los organismos de control.

Primero destituyeron a la vicepresidenta Johanna Verdezoto y pusieron en su lugar a Yadira Saltos por el más insólito de los motivos: porque pueden. Luego, devolvieron a la Corte Nacional la terna para elegir presidente del Consejo de la Judicatura, seguramente porque no encontraron a ningún correísta en ella: le dieron 48 horas al presidente José Suing para enviar otra, con la perspectiva de tener el asunto resuelto para el miércoles de la próxima semana. Finalmente, anularon la designación de Roberto Romero von Buchwald como superintendente de Bancos y ratificaron el nombramiento de su candidato para ese cargo, Raúl González Carrión: caprichoso desenlace de una enrevesada historia que empieza tres años atrás con una colosal torpeza del entonces presidente Guillermo Lasso.

A González Carrión lo puso en la terna Lasso, en el año 2022, sin conocerlo siquiera. Un CPCCS momentáneamente correísta lo eligió. Lasso se arrepintió, reculó, hubo una acción de protección (qué raro) y González Carrión perdió el cargo por decisión judicial. En su lugar pusieron a Romero von Buchwald, pero la Asamblea se negó a posesionarlo. Mientras tanto González Carrión recurrió a la Corte Constitucional, que falló finalmente el mes pasado, dándole la razón a medias: sí, dice la sentencia, se declara improcedente el procedimiento judicial por medio del cual usted fue privado del cargo de superintendente, pero con esta declaración dése por servido, esta declaración es su medida de reparación. Por tanto, la sentencia no puede “afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección” para ese cargo. Una redacción que parece específicamente diseñada por la juez ponente, Alejandra Cárdenas, para provecho y distracción de tinterillos.

Fue el consejero correísta Augusto Verduga el que sacó partido de ella: el nombramiento de Romero von Buchwald, dijo, no es una “situación jurídica consolidada”, porque la Asamblea no lo posesionó, por tanto el legítimo superintendente es González Carrión. Con esta decisión ratificada por el pleno, el CPCCS terminó otorgando al candidato correísta aquella reparación que la Corte Constitucional había expresamente negado. ¿Y Romero von Buchwald? Él será superintendente en 2027, cuando González Carrión termine su período.

Resulta significativo (y una manera muy clara de ponerse en evidencia) que el primer organismo de control que decide tomar por asalto la nueva mayoría correísta del Consejo de Participación Ciudadana sea, precisamente, la Superintendencia de Bancos. Cuando un partido político ha destacado por mantener en su seno a algunos de los más notorios operadores políticos del narcotráfico; cuando sus máximos dirigentes, prófugos o presos, acumulan sentencias y procesos por corrupción y comparten, en algunos casos relevantes, representantes judiciales con varios de los mafiosos más renombrados del país, la urgencia por tomar la Superintendencia de Bancos, precisamente el organismo encargado de controlar el lavado de dinero, parece una declaración de intenciones.

La retorcida interpretación correísta de sentencia constitucional puede tener sus consecuencias. El candidato al Parlamento Andino por Construye, Santiago Becdach, ya presentó ante la Corte Constitucional un pedido de seguimiento de sentencia que bien podría desembocar en la destitución de los involucrados. Sería una destitución sobre otra, pues el TCE se prepara para ratificar la suya. Los consejeros correístas de la autodenominada Liga Azul son una ilegalidad en sí mismos: el CPCCS se define como un organismo apolítico y excluye a los partidos de su seno. Quizás Verduga, Saltos y Franco Loor no tengan un carnet de afiliación, pero eso no cambia el hecho de que todos ellos son auspiciados por el correísmo. Pero hasta que el TCE o la Corte Constitucional confirmen su destitución, ellos habrán reconfigurado el mapa del Estado ecuatoriano. Los siguientes pasos son la toma del Consejo de la Judicatura, el nombramiento del jurado que elegirá nuevo fiscal, la reconfiguración del Consejo Nacional Electoral… Son cuatro en un organismo de siete: el cielo es el límite.

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