En cinco años se ha hecho muy poco por los animales

La primera ordenanza relacionada con animales en Guayaquil se aprobó en agosto de 2016. Entre otras cosas, determinaba la creación de una jefatura de protección y la obligación de ejecutar un censo para perros y gatos, además de campañas masivas de esterilización. Ni lo uno ni lo otro se ejecutó hasta el 29 de septiembre de 2020, cuando quedó derogada tras la publicación en el Registro Oficial de una nueva normativa.

Si la anterior se refería solo a animales de compañía (perros y gatos), la nueva ordenanza amplía las responsabilidades del Municipio: el control y manejo de toda la fauna urbana y la fauna urbana silvestre del cantón. Tras 17 meses, recién para este mes se anunció la ejecución de un censo, el cual debería estar cumpliéndose. EXPRESO solicitó una entrevista con Shirley Moreno, directora municipal de Bienestar Animal, para conocer detalles de este proceso, pero hasta el cierre de esta edición esto no se concretó.

Acerca de las campañas de esterilización que ejecuta el Municipio actualmente, estas generan críticas entre activistas vinculados con la defensa de los animales. “Mientras esta actividad no se la realice de forma técnica y sustentada en estudios, es un trabajo mal hecho”, asegura Mónica Cabrera, del Movimiento Animalista del Ecuador.

Para ella, el punto de partida es el censo, el cual lleva casi cinco año desfasado. “Ese registro le va a permitir al Municipio definir estrategias y determinar las zonas en las que existe mayor cantidad de animales sin dueños y ejecutar las campañas de esterilización”, agrega Cabrera.

Algo similar opina Yvonne Roca, del movimiento Rescate Animal. “Hasta ahora las campañas de esterilización del Municipio han sido ineficaces. Lo que han hecho es colocar clínicas móviles de esterilización, pero sin ningún tipo de planificación. No atacan el problema, ni logran reducir la tasa de reproducción que tenemos. Para estas campañas no toman en cuenta a los animales de la calle, solo a los que tienen dueños. Tampoco operan a las hembras”.

La primera ordenanza permitió la creación del primer parque para mascotas y el registro de animales por medio de una credencial de identificación. Esto último quedó a medias (no toda la población de animales de compañías tiene ese documento) y se volvió innecesario tras la obligación de un microchip dispuesto por la última ordenanza. Los locales que venden mascotas deben entregarlos con este dispositivo, mientras que Bienestar Animal municipal debe implantarlo en cada perro y gato recogido en la calle.

“Esta es una de las cosas que tampoco se cumplen”, resume Mónica Cabrera, al hacer un análisis de estos algo más de cinco años desde la Ordenanza de Apoyo a la Protección Integral de los Animales de Compañía, una normativa que en su momento presentaba ciertas inconsistencias, según dice, pero que resultaba para el momento un avance. Y se esperaba mejorarla con el Código Orgánico del Ambiente (COA), en vigencia desde abril de 2018, que delegó a los GAD la obligación de regular el bienestar, tenencia responsable, crianza, comercialización, reproducción, transporte y sacrificio de la fauna urbana y fauna urbana silvestre.

A partir del COE es que el Cabildo de Guayaquil aprobó en septiembre de 2020 la ‘Ordenanza que regula la protección, tenencia y control de la fauna urbana en el cantón Guayaquil’.

La norma amplió la responsabilidad del Municipio. Sin embargo, según sostienen Yvonne Roca y Mónica Cabrera, en Guayaquil lo poco que se hace por la fauna urbana, se refiere a perros y gatos. “¿Qué planes hay para el manejo de palomas, iguanas, loros...? Nada”.