La filtración de imágenes de naturaleza sexual se podría castigar con uno a tres años de prisión

La propuesta está incluida en la objeción parcial (enviada el jueves al Legislativo) a 19 artículos -de los 21- del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos.

La propuesta contempla tipificar como delito -con uno a tres años de prisión- la filtración de las mencionadas imágenes. Asimismo, pretende encauzar como delitos la extorsión sexual y el acoso sexual cometido a través de internet.

También se motiva a fortalecer la lucha contra los diferentes tipos de violencias contra las mujeres al sostener que, cuando un delito se encaje como uno de estos tipos de violencia, se considere un agravante de la pena.

De igual manera, con la objeción parcial del Ejecutivo se elimina aquellos artículos "que no protegen a las mujeres, sino que podrían servir para obstaculizar el flujo libre de información en internet, como las disposiciones sobre revelación de secretos y contravenciones contra el honor", indicó la Presidencia.

Se busca también brindar tratamientos de rehabilitación y prevención a los casos de acoso (bullying) escolar y laboral, y que los casos especialmente graves serán castigados como delitos autónomos.

Dispone, además, a la Secretaría de Derechos Humanos la ejecución de campañas de sensibilización sobre la violencia sexual digital y el derecho a tener una vida libre de violencia.

Lasso objetó también el artículo que corresponde al nuevo delito de hostigamiento, "ya que la redacción del mismo podría aplicarse, por ejemplo, a periodistas que buscan cercanía o contacto con una persona investigada por un delito de corrupción con el propósito de obtener información", señala la Presidencia en un comunicado.

"Con estos cambios se espera que obtener una reforma que luche de manera frontal contra los delitos que en el entorno digital afectan a niñas y mujeres", reza el escrito.

Según la Presidencia, con las objeciones planteadas se pretende que la normativa sea un instrumento más sólido y técnico que permita luchar de manera integral contra los delitos que afectan a las niñas y mujeres en el entorno digital.