Legaltech: los retos tecnológicos del sector legal
Implementar leyes en el escenario digital y adaptar delitos existentes que se pueden juzgar de forma práctica son procesos básicos para un progreso del sistema judicial
La digitalización de procesos también se vive en el mundo legal, y la presencia de la pandemia del coronavirus ha contribuido como precursor de este fenómeno.
Ya en 2018 se hablaba con fuerza del tema. En ese año, el estudio Las funciones legales abrazando lo digital, de la consultora Deloitte, determinó que el 56% de 300 miembros de departamentos legales de empresas consultadas, de nueve países del mundo, estaban invirtiendo en herramientas informáticas para su actividad.
Los ejecutivos ya consideraban que la tecnología tendría un impacto positivo en las empresas, particularmente en las áreas legales. Esto le permitiría a dichos departamentos enfocarse en actividades de generación de valor para las firmas.
Mario Cuvi, jurista y decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Ecotec, explica que todo esto se conoce como ‘legal tech’, un concepto que implica “la utilización de las nuevas tecnologías en lo legal. Hay distintas herramientas que ya se han venido utilizando y que, tras la pandemia, se va a acelerar en su aplicación”.
Una primera solución es la de las plataformas de comunicación que facilitan el teletrabajo, lo cual ha llevado a desarrollar procesos como asesorías legales virtuales. Otra herramienta es el big data, que permite el procesamiento de gran cantidad de información y, de esa manera, se responde a las necesidades de los clientes.
También consta dentro de los avances los contratos inteligentes. Estos funcionan a través de un sistema que, mediante determinados algoritmos, una vez ingresada la información respectiva, genera un documento. Por ejemplo, los contratos virtuales de compra – venta, de arriendo o corporativos.
En términos más prácticos, el uso de las TIC en el Derecho permitirá que cada vez se use menos papel. Servicios como Lexis, Ediciones Legales o Leywork presentan en Ecuador códigos, leyes y otras normas de manera electrónica; de igual forma, el Registro Oficial se modernizó y ofrece una versión virtual.
Saylient, un servicio de transcripción que usa la IA para convertir a texto audios y videollamadas
Leer másNo obstante, a pesar de todas estas transformaciones, Cuvi considera que algunos negocios legales y a nivel de organismos públicos todavía no se ha dado el salto.
“Ecuador venía haciendo un esfuerzo interesante en algunos procesos pero definitivamente no ha sido un esfuerzo articulado. Creo que ese es el principal problema, inclusive en este momento”, señala el abogado.
Para Cuvi, el Consejo de la Judicatura ha hecho un esfuerzo para lograr que se dé una mejor atención y un mejor uso de los sistemas telemáticos en materia de justicia, sin embargo, señala que “debido a la agilidad con la que se quiso implementar estos medios, no se dieron el tiempo de dialogar con otros actores”. Pone como ejemplo a Polycon.
No obstante, el experto manifiesta que “vale la pena destacar el trabajo si ha hecho la judicatura” en materia de ‘T-caje’, un sistema de la función judicial con el cual se pueden manejar los documentos en línea.
En ese sentido, Cuvi advierte que es importante el potenciar el uso de esta herramienta. Es decir, no solamente ponerla a disposición sino también entrenar a los abogados, a los fiscales, a los jueces y a otros actores del Derecho en el país. Asimismo, el jurista hace hincapié en que hay que equipar a las distintas judicaturas con las herramientas necesarias como son los softwares para poder cargar esta data y finalmente “hacer que este tipo sistemas sean utilizados por preferencia y no de manera excepcional”.
Se han hecho esfuerzos importantes pero es necesario articular y trabajar con todos los sectores involucrados en la justicia para que estas soluciones que han sido implementadas se potencien adecuadamente.
Respecto al uso de herramientas informáticas, Cuvi explica que hay dos grandes retos.
LA LEGALIDAD EN EL ESCENARIO DIGITAL
Cuvi sostiene que existen delitos puramente tecnológicos, como por ejemplo, el acceso ilegal a base de datos, el hackeo o ingreso de maneras no autorizadas y el robo a través del hackeo.
Sin embargo, deja en claro que hay una variedad de delitos que en realidad, más que delitos netamente digitales, se constituyen como delitos que se cometen con uso de distintos medios electrónicos. Un ejemplo de ello es el acoso, que puede cometerse tanto de manera física como online. Ante eso, surge la pregunta de ¿qué hay que hacer establecer y diferenciar a los delitos digitales?
“Es importante que el derecho vaya funcionando en un sentido lógico, es decir, no solo pensar en crear todo un catálogo de delitos informáticos sino adaptar los delitos existentes que se pueden juzgar de forma práctica sin tener que llenarnos de mucha más legislación de la que hoy ya tenemos”, responde el abogado.
Además, implementar leyes para el escenario digital es fundamental para un progreso para el sistema judicial del país a criterio del experto. Actualmente está el ejemplo de la discusión que se mantiene sobre una ley de protección de datos, una materia en la que “estamos atrasados” respecto a otras naciones.
Dentro de esa ley de protección de datos, el abogado sugiere la posibilidad de incluir una ley de imagen y voz, que buscaría proteger elementos de audio e imagen que pueden ser mal utilizados.
Más que nuevas leyes, es necesario hacer ciertas actualizaciones a distintos cuerpos legales para modernizarlos respecto a las nuevas tecnologías que se van incluyendo.
Finalmente el jurista es enfático en pedir que el Estado haga mayores esfuerzos para lograr una mejor cobertura y velocidad de Internet a todos los cantones del país, porque "podemos tener el mejor sistema, pero si el usuario, que es la víctima, no tiene acceso a Internet, entonces no estaremos cumpliendo la principal función del estado que es brindar justicia, sobre todo a los más vulnerables".
