Muerte de neonato en hospital de Cuenca genera debate social
Una joven pareja no pudo llevarse a su hijo recién nacido debido a una supuesta deuda con un hospital privado de Cuenca
El nacimiento de un bebé siempre es motivo de felicidad, pero para los padres del pequeño "Ángel" (nombre protegido) fue toparse con otra realidad. Una en la que aparentemente primó el interés económico sobre el sentido de humanidad.
El sábado 6 de julio de 2024 nació el bebé en una clínica privada de la ciudad de Cuenca en un parto planificado como cesárea. La pareja costeó todo el procedimiento que estuvo valorado en 2.300 dólares.
Sin embargo, el peregrinar de esta pareja recién inició, según relata su abogado defensor, Gustavo Parra quien señala a los directivos de la casa de salud como "carentes de humanidad".
¿Qué ocurrió en el hospital?
Tras el nacimiento del niño los galenos habrían tomado la decisión de dotar de oxígeno al neonato por supuestamente ser un procedimiento para ayudar al nuevo ser a adaptar su respiración al mundo exterior.
Pero tras varias horas del nacimiento, en el mismo día, el bebé fue intubado sin ningún tipo de explicación para con los padres.
El defensor de la pareja reseña que este hecho generó preocupación en el padre del menor tanto por el aspecto del bienestar de su hijo como por el aspecto económico, que no disponían para cubrir gastos no previstos a los del parto y sus servicios adyacentes.
Ante las complicaciones en la salud del neonato, el padre tomó la decisión de realizar el traslado del pequeño al hospital José Carrasco Arteaga del IESS, pero no contaba que esto sería causa de una exigencia económica de la clínica privada que prohibió la salida del menor.
La salud de 'Ángel' continuaba siendo crítica y sus padres permanecieron atados de manos e impedidos de trasladar a su hijo al hospital del IESS para cubrir sus gastos por parte de la administración de la casa de salud que exigía el pago total de los gastos para permitirles realizar la transferencia del paciente.
Los días pasaron y el menor falleció el martes 9 de julio. Solo en la termocuna y sin haber sentido el amor de sus padres que fueron impedidos de verlo ante la deuda económica.
Con la muerte, los progenitores quisieron recuperar su cuerpo para despedirse de él, pero tampoco fue posible. Se les indicó que por falta de pago no les entregarían a su hijo. Para ese entonces la deuda llegaba a 8.300 dólares.
Denuncia al hospital
Parra explicó que tras la muerte del menor la administración de la casa de salud exigió que el padre firme un pagaré por el monto antes mencionado y que como muestra de la buena fé de la casa de salud habrían un documento adicional señalando que el padre realizaría el trámite ante el IESS para que cubra los gastos.
"Esto nos indignó mucho más, porque para ellos (la clínica) la muerte del pequeño era un tema netamente mercantilista y nunca mostraron ni un ápice de compasión", dijo el letrado.
Además, denunció que el padre del bebé fue direccionado por el mismo personal de la clínica para que "pida un crédito en una cooperativa específica e incluso le dieron el nombre con quién debía gestionarlo".
Ante la impotencia de esta familia, el representante legal les direccionó hacia la Defensoría del Pueblo para "tratar de ejercer presión en los administradores de la clínica y entreguen el cuerpo del menor".
Gustavo Parra
Es así que el miércoles, 10 de julio, la delegada de Azuay, Piedad Ulloa conoce el caso y acompañó al padre del neonato fallecido a recuperar el cuerpo.
Irregularidades en el hospital
Ulloa señaló que le llamaron la atención los hechos que esta clínica había cometido "vulnerando todos los derechos reconocidos en la Constitución".
La funcionaría señaló que el gerente de la casa de salud le indicó que "de no cancelar los valores pendientes no podía autorizar la salida".
Sin embargo, Ulloa exigió y dispuso la entrega del cuerpo del neonato de forma inmediata por tratarse de una circunstancia que "iba en contra de los derechos superiores de los menores y al derecho a la salud".
"Ellos (la administración de la clínica) alegaba que los padres conocían de forma anticipada que el bebé venía con problemas genéticos y que debían prever que incurrirán gastos adicionales a los de la cesárea".
Ulloa también confirmó el direccionamiento que recibió el padre del menor por parte de la clínica para que gestione un crédito en una casa financiera y con una asesora específica.
"El señor gerente manifestó que simplemente se quiso ayudar al padre. Que se suele hacer estos trámites para ayudarles a las personas puedan cancelar los valores".
En este sentido, para Ulloa se dejó claro que esta práctica se "maneja con mucha frecuencia" con pacientes que no pueden cubrir los gastos totales generados por la atención recibida en la casa de salud.
Dudas sobre muerte
El abogado defensor de los padres del menor fallecido también dejó claras las dudas que tienen sobre las circunstancias de la muerte del menor.
Parra sostiene que durante todo el embarazo los padres no fueron alertados por la médico que llevó el embarazo de un posible riesgo en la salud del bebé.
Refirió que incluso se les había solicitado realizar un examen genético valorado en más de 600 dólares para determinar algún riesgo de daño congénito. "El resultado de este análisis había salido negativo", aseguró el letrado.
También señala que cuando el recién nacido recibió oxígeno se les habría indicado que era algo de rutina para ayudar al bebé a que sus pulmones se adapten.
"Hay dudas. Nosotros no sabemos exactamente como sucedió. No hubo el protocolo para indicar que la salud del niño estaba totalmente en peligro", sostuvo.
Diario EXPRESO visitó las instalaciones de la casa de salud para buscar una versión de lo denunciado, sin embargo, no fuimos recibidos por el gerente ni por ninguna autoridad del lugar.
También se llamó de forma directa al gerente de la institución para solicitarle su testimonio, quien ofreció enviar un comunicado oficial. Pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo ningún pronunciamiento ni comentario.
Entrega del cuerpo
Finalmente, el cuerpo del menor fue entregado a la pareja en horas de la tarde del 10 de julio tras la exigencia de la Defensoría del Pueblo.
La institución exigió que se de baja el pagaré por 8.300 dólares dado que el 60% de los costos deberán ser cubierto por el IESS y la familia ajustar la diferencia.
Sin embargo, la defensora recalcó que si el IESS cubre más del monto indicado, la clínica deberá reembolsar la diferencia.
Ahora tanto el abogado defensor como la Defensoría del Pueblo aguardan a la decisión que tome está familia para continuar con las acciones legales del caso.
"Está situación nunca más puede repetirse. Estaremos acompañando todo el proceso a esta pareja que se vio obligada a pasar con una constante vulneración de derechos", puntualizó Piedad Ulloa, defensora del Pueblo en Azuay.
El Acces emprendió proceso de control
Tras hacerse público este caso, una delegación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acces) recorrió las instalaciones de la casa de salud para verificar los procesos de idoneidad y sus respectivos permisos de funcionamiento.
Remigio Palomeque, director zonal 6 de la Acces, informó que solicitaron documentos oficiales, como la historia clínica de los pacientes, para analizar el tipo de atención que recibieron tanto la madre como el recién nacido dentro de la casa de salud.
También se les habría solicitado información adicional que será incluida en el archivo del caso y servirá para que en un terminó de 60 días los técnicos de la institución tomen una resolución.
El funcionario señaló que de ser el caso, se iniciará un proceso administrativo en contra de la casa de salud basados en el artículo 202 de la Ley Orgánica de Salud.
Además hizo un llamado a la comunidad a denunciar casos relacionados a la mala calidad del servicio de salud tanto en el ámbito público como privado.
El Acces en lo que va de 2024 en la provincia de Azuay ha ejecutado 116 controles a establecimientos privados y tres en públicos.
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