Guayaquil: más de $ 30 millones en cámaras que aún no se sabe si se usarán
Los primeros 100 aparatos adquiridos por el Municipio no pudieron conectarse a la base de datos. La alcaldesa promete un total de 17.000 para la urbe
Más inyecciones millonarias para la seguridad ciudadana con efectos poco efectivos. En noviembre de 2019, el Municipio de Guayaquil adquirió 100 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial por $ 2,7 millones. Pero esa ensalzada tecnología pasó a un segundo plano. Fuentes consultadas por este Diario aseguran que los aparatos no se conectaron a la base de datos de la Policía Nacional. Ahora, el Concejo Municipal aprobó un nuevo convenio, por alrededor de $ 33 millones, para adquirir otras 15.000 cámaras y, nuevamente, pregona que estas contarán con inteligencia artificial.
Es decir, Guayaquil desembolsará más de $ 30 millones para estos aparatos, pero no se sabe aún si los utilizará con esa finalidad y que no solo se queden con la función de videovigilancia. El acuerdo es entre el Cabildo y la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG).
El aporte económico se realizará por partes durante los próximos cuatro años y ha sido bautizado como ‘Servicio de sistema automatizado de monitoreo y alerta de captura, transmisión, almacenamiento y análisis de información de audio y video con analítica de datos automática’.
Para conocer cuál es la garantía de este nuevo convenio y qué lo respalda para que no suceda lo mismo con las cámaras, EXPRESO solicitó una entrevista con los directivos de la CSCG, pero desde el departamento de prensa indicaron que esta sería agendada para esta semana. Además, se consultó al Municipio cuántos casos de capturas o aprehensiones se han realizado con ayuda de las cámaras existentes, pero tampoco hubo una respuesta hasta el cierre de esta nota.
También se consultó al ECU911, pero desde el equipo de Comunicación se mencionó que el tema lo maneja únicamente la CSCG. Una fuente de la central de emergencias de Guayaquil, instalada en la Corporación, que hace pocos días cumplió un año de funcionamiento con 2.000 cámaras operativas, confirmó que los dispositivos únicamente están conectados al sistema GPS de las camionetas y motocicletas que adquirió el Municipio, para dar apoyo a la Policía Nacional, que tiene la competencia en torno a la seguridad.
“Las 2.000 cámaras sí se utilizan, pero no de acuerdo a lo que se estimaba. Es difícil conectarse un sistema a otro para anclarlo. ¿Reconocimiento facial? No, eso no”, afirmó la fuente, al añadir que los operadores que las manipulan sí reportan cuando observan alguna anomalía y le hacen el debido seguimiento.
Cuando la central del ECU911 Guayaquil comenzó a funcionar acudieron autoridades como Luis Chonillo, gobernador del Guayas en aquel entonces; Juan Zapata, director general del ECU911; y Víctor Aráus, quien era el comandante de la Policía de la Zona 8. Este último hace poco dejó la coordinación general de seguridad municipal y también reconoce a este rotativo que el plus de las cámaras era la identificación de las personas con algún tipo de antecedente.
“Daba una alerta sobre qué hacía una persona en el lugar y así prevenir el delito. La base de datos la manejan la Fiscalía y Policía; ese candado legal que existe o existió y que no permitió que esas cámaras funcionen será el mismo problema que van a tener las 15.000 cámaras”, puntualiza el general en servicio pasivo.
Bajo su lectura, que las nuevas herramientas para enfrentar a la inseguridad no cuenten con esta función, es como “un vehículo sin gasolina”. Y que únicamente serán válidas para usarse como videovigilancia.
“Para el tema que se está promocionando debe existir una firma de convenio o documento legal que se le permita a la Policía poder transferir o compartir esa base de datos de las personas que se encuentran registradas con antecedentes para que el Municipio pueda integrarlas al software”, agrega.
Se hizo el lanzamiento de las cámaras y su plus era el tema del reconocimiento facial para las personas que tenían algún tipo de antecedentes. Si no tienen ese insumo es como un vehículo sin gasolina.
Un comentario similar otorga Jorge Villacreses, experto en seguridad, al puntualizar que el primer paso que debió dar el Municipio es un convenio con el Gobierno central para acceder a esa base de datos, pero que este debe ser con los registros a nivel nacional y no solo del Puerto Principal.
“El tema es que la delincuencia no es estática, es dinámica; y, por ejemplo, hay guayaquileños que roban en Sucumbíos o alguien de Tulcán venga a robar acá”, remarca el también máster en Criminalística.
Aún no se conoce si eso se ha cumplido, pero en un comunicado de prensa, el concejal Jorge Rodríguez calificó a este proyecto como el “más importante en la historia de la seguridad ciudadana de Guayaquil”. Mencionó que los dispositivos guardan conductas sospechosas, reportan a la central posibles alertas de incidentes y que “permiten reaccionar antes de que ocurra el incidente”.
El primer paso es que haya un convenio entre el GAD con el Estado. La delincuencia no es estática, puede ser que alguien de Tulcán venga a robar acá, por lo que son necesarios los datos a nivel nacional.
La alcaldesa Cynthia Viteri también se ha referido a las cámaras en sus últimas intervenciones. Pese a que tampoco se conoce cuántos casos han sido resueltos por las cámaras con reconocimiento facial, la funcionaria ha dicho que gracias a la cámaras de la CSCG se atrapó al tipo que con un cuchillo amenazaba a un ciudadano porque no se dejó limpiar el parabrisas.
Viteri ha prometido que durante su administración la urbe tendrá 17.000 cámaras y que serán colocadas en los “puntos calientes” que determine la Policía. Las respuestas en torno al funcionamiento y cuáles son esos puntos quedan pendientes.
