El 70 % del transporte escolar está paralizado desde el 2020
Algunos socios vendieron sus unidades, otros las han transformado en carros de carga. La pandemia y las clases no presenciales originaron el problema
Antes de la pandemia, Maritza Rodríguez era conductora de dos expresos escolares, cuyo trabajo le dejaba un ingreso mensual de $ 900 que le servían para mantener a sus tres hijos. Hoy está desempleada y a la espera de que los estudiantes retornen a clases presenciales para reactivar sus unidades, que están paralizadas en el garaje de su casa. Ella subsiste con la venta de mercadería que de vez en cuando adquiere con dinero que consigue prestado.
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Leer másLa suspensión de clases en las aulas y de recorridos institucionales ha impedido que este sector labore con normalidad desde marzo de 2020, cuando se dio el estado de excepción y los motores se apagaron casi por completo.
Antes de la emergencia sanitaria, el 70 % del gremio prestaba su servicio a instituciones educativas a nivel nacional. Y el 30 % laboraba con entidades públicas y privadas, explica Oswaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador (Fenateie).
Ahora, de las 14.000 unidades que hay en el país, solo el 10 % está activo porque mantiene contratos con algunas empresas, con tarifas más bajas, por los mismos recorridos. También siguen circulando porque realizan otro tipo de actividad muy diferente a la escolar, como comercializar productos alimenticios, transportar ladrillos y otros elementos, dar transporte entre provincias, etc.
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Leer másEn cambio, el 20 % restante de los vehículos está en venta o ha sido devuelto a las concesionarias, porque sus dueños no pueden cancelar los créditos que adquirieron a finales de 2019 cuando las autoridades de tránsito los obligó a renovar sus automotores.
Este sector ha perdido más de trescientos millones de dólares por la paralización del servicio. Además, muchos compañeros han muerto durante la pandemia.
El propio dirigente del gremio cuenta que tuvo que vender tres de sus cinco unidades para poder cancelar parte de la deuda con las instituciones bancarias. “Las dos restantes las tengo funcionando en diferentes actividades hasta que puedan llevar a los estudiantes a sus colegios”, menciona.
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Leer másEn cambio, Virginia Tomalá, propietaria de una buseta de servicio de transporte escolar e institucional, no pudo resistir más la crisis y en diciembre pasado vendió su vehículo que adquirió apenas seis meses antes. “La deuda acumulada que tenía con una entidad financiera, que me concedió el crédito para comprar el automotor, me obligó a desprenderme de mi herramienta de trabajo”, narra con tristeza, quien ahora trata de subsistir con la venta de legumbres que realiza en el cerramiento de su vivienda.
Según Guamán, más de 3.000 socios han vendido o intentan vender sus vehículos, frente a la crisis causada por la pandemia de la COVID-19.
Este es el caso de Freddy Vera, quien sobre los vidrios de su furgoneta ha colocado un letrero que dice ‘Se vende’, con lo que espera conseguir $ 28.000 para emprender otro negocio.
Tengo mi furgoneta paralizada desde hace más de un año. Para sobrevivir ahora hago bocaditos y los entrego bajo pedido, pero este negocio tampoco es bueno.
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Leer másDesde hace seis años, él ofrece servicio de transporte escolar a los estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth (ANAI), ubicada en el norte de Guayaquil. Su unidad, al igual que una decena de carros más, está paralizada en el patio de ese plantel.
Vera dice que si no logra venderla hasta antes de que los chicos retornen a las aulas, desistirá de su idea y la pondrá nuevamente operativa, aunque antes deberá dotarla de las medidas de bioseguridad exigidas para el funcionamiento.
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Leer másQuien ya está preparada para esa posibilidad es Elizabeth González, propietaria de dos unidades a las que ha transformando colocándoles mampara de plástico detrás del asiento del conductor, bandejas para la desinfección de zapatos, alcohol y ha marcado los asientos con señaléticas que indican dónde sentarse.
Cada furgoneta tiene capacidad para 18 personas y un bus para 36, pero González dice que prefiere trabajar con la mitad del aforo en lugar de seguir con sus unidades paralizadas.