720 empleados del Municipio de Guayaquil no aparecen en Transparencia
El portal del Cabildo, a mayo de 2021, muestra a 4.461 colaboradores. En contraparte, hay 5.181 afiliados al IESS. Se publica la “nómina estable”.
La nómina socializada de forma obligatoria en Transparencia, en el portal del Municipio de Guayaquil, a mayo de 2021, tiene a 720 empleados que no constan en ese documento y que sí están afiliados al Seguro Social.
De acuerdo a la información proporcionada por la entidad en ese apartado de la web, la lista de empleados de mayo de 2021 presenta a 4.461 trabajadores, frente a 5.181 que, en cambio, están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, confirmó EXPRESO con la Dirección de Recursos Humanos del Municipio.
El artículo 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) sostiene que toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones que tengan participación del Estado debe ser pública. Y eso incluye a la nómina completa de colaboradores.
La directora de Recursos Humanos, Priscila Salcedo Intriago, ha explicado al respecto que “es una política institucional reportar, para efectos estadísticos, (solo) la nómina estable” en el apartado obligatorio de Transparencia.
De acuerdo al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), los gobiernos descentralizados gozan de autonomía administrativa, recuerda la funcionaria. “Nos faculta el pleno ejercicio de organización y gestión de los recursos humanos dentro de las atribuciones de la ley”, explica Salcedo.
El artículo 7 de la Lotaip señala que las entidades difundirán información mínima actualizada, que para efectos de esta ley, se la considera de naturaleza obligatoria. Y el literal c) especifica en esa lista de datos la remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional.
Esos 720 empleados ganan alrededor de 800 dólares al mes cada uno, de acuerdo a la funcionaria. Eso quiere decir que, mensualmente, Guayaquil paga en sueldos que no aparecen en Transparencia $ 576.000.
Los argumentos de la funcionaria, de que una política institucional respalde el manejo de una nómina pública y otra interna, acarrearía responsabilidades administrativas, pues “pese a que el Cootad establece la autonomía, en este caso del Municipio, esta autonomía jamás puede ser contraria a la Constitución y a la ley”, señala la exsubcontralor Alejandra Vivanco, experta en control gubernamental.
“El artículo 18 de la Constitución de la República garantiza el derecho a acceder a fuentes de información pública. Y su numeral 2 dice que las personas tienen derecho a acceder esta información sin que exista reserva de información (...)”, expone la también experta en gestión pública.
Con Vivanco coincide el constitucionalista Xavier Flores. “La ley no hace excepciones en la nómina. Deben pasarla completa. Sus políticas internas son irrelevantes frente a su obligación jurídica. Esa es una excusa débil, por no decir absurda”, sostiene el también asesor político.
La autonomía del Municipio no puede ser contraria a la Constitución. Si el hallazgo es evidenciable, (este hecho) acarrearía responsabilidades administrativas.
Lo que hace el Municipio, con el manejo de dos nóminas, una en transparencia y otra interna, que es la real, es, sin duda, una violación expresa a la Ley de Transparencia, pues ninguna política institucional puede estar por encima de la ley, insiste por su parte el también abogado Pedro Moreira, constitucionalista, con experiencia en el sector público y manejo de nómina en gobiernos seccionales.
Desde su perspectiva, esta información a medias puede afectar a quienes buscan datos de lo público, pues “si se quiere saber, como usuario o funcionario judicial, quiénes trabajan en la entidad, al acceder a una plataforma falseada, no se obtendrán datos precisos. Y ese escenario, como se quiera mirar, es ilegal”, explica.
Moreira cree que este es un caso en donde deben investigar no solo el Ministerio de Relaciones Laborales, sino también Contraloría. “No puede haber una nómina pública y una no pública, cuando todo se paga con fondos públicos”, insiste.
Es una política institucional establecida por muchos años en el Municipio de Guayaquil que, para efectos estadísticos, se reporte solo la nómina estable en Transparencia.
La directora de Recursos Humanos del Municipio explica, con diapositivas en mano, en las que reafirma que “los GAD gozan de autonomía”, de dónde sale esa otra nómina. “Hemos tenido que evidenciar hechos para los que no estábamos preparados como Municipio. Eso nos obligó a desarrollar capacidades para atender a la población y es ahí donde nace esa contratación de estas 720 personas, que tienen una característica de temporalidad, por la pandemia”, explica.
Hay nuevo personal, por ejemplo, en el hospital Bicentenario (280 personas). Allí entran médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, especialistas, internistas y demás.
Otros 140 profesionales trabajan en las estrategias de sectorización de la pandemia. Entraron entre marzo y mayo de 2020 y siguen en nómina. En la interna, no en la de Transparencia. Y así como entran empleados, salen, de allí lo de temporal, insiste Salcedo.
La transparencia tiene un sustento constitucional que obliga a que todos los actos de la administración pública deben ser idóneos y honestos. Lo que hace Guayaquil es ilegal.
“En octubre se redujeron médicos, pero se volvieron a fortalecer las bases estos meses. (...) Con todo lo contratado por pandemia, si no sacara gente, la nómina estaría con muchas más personas”, indica la funcionaria.
En la lista del desglose hay 720 “almas temporales” repartidas en distintos oficios relacionados con la gestión de la pandemia. Todos esos colaboradores representan un promedio de 7 millones de dólares al año a las arcas municipales de Guayaquil.
