Acciones municipales, bajo la lupa de observatorios urbanos
Dos nuevos entes de control se suman a esa herramienta de participación ciudadana. Uno vigila los planes de movilidad, otro, el derecho a la ciudad.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) facilita la formación de órganos de control que pueden vigilar las políticas públicas de entidades estatales. En Guayaquil, el interés por la planificación apunta hoy a esta herramienta desde dos observatorios: de Movilidad y Seguridad Vial y Derecho a la Ciudad y Espacios Públicos.
Ambos se suman a otros como el de Servicios Básicos, que lidera César Cárdenas, o el Urbano y Territorial, que encabeza Ricardo Pozo y pertenece a la Universidad Católica. Estos últimos existen y están operativos, pero no figuran en la lista de los once observatorios que ha legalizado el CPCCS.
Sobre el de movilidad
Cada uno de los nuevos grupos de control tiene un objetivo. En el caso del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial, creado en 2019 y que coordina la catedrática y exministra de Transporte Paola Carvajal, busca presionar con recolección de data real y técnica, para propiciar la solución de errores, evitar pérdidas en las vías y potenciar un uso eficiente de ellas.
Los accidentes no solo son causados por la imprudencia. También se deben a errores de infraestructura vial o fallas en la señalización, explica.
Carvajal también es ingeniera civil y máster en Tránsito y Seguridad Vial. Cuenta que el proyecto nació en las aulas. "Los estudiantes ven muy lejos a la autoridad y esta era una oportunidad para que ellos se empoderen de sus derechos", cuenta.
No nos queremos convertir en el ‘denunciólogo’ de moda, sino trabajar con los municipios que quieran contar en sus proyectos con profesionales que no necesariamente sean parte del día a día. El objetivo es hacer del observatorio un referente técnico completamente apolítico.
Sobre el de Derecho a la ciudad
El otro ente, creado hace dos años pero operativo también desde 2019, es el Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Ciudad Espacios Públicos de Guayaquil, cuyo coordinador es el urbanista Luis Alfonso Saltos, quien acordó con el experto en Derecho Constitucional Xavier Flores busca vigilar la construcción del anunciado plan maestro de la urbe.
Saltos precisa que el 16 de enero se extendió un oficio al Municipio para solicitar las líneas bases del documento en el que se asentará el futuro de Guayaquil. "Queremos conocer los objetivos, alcances, protagonistas del documento. Sabemos que podemos aportar y ser un vínculo con la ciudadanía", resalta el experto.
El observatorio tratará de unificar las necesidades de Guayaquil, encaminadas a los proyectos de este año.
Queremos ser partícipes (del plan maestro) y realizar informes para la ciudadanía. Hay que quitar el concepto de la participación tradicional, donde todas las decisiones las toman las instituciones públicas.
Hasta ahora, el observatorio de Saltos y Flores ha tenido un trabajo exclusivamente investigativo. De hecho, cuentan con una publicación en un libro publicado por el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, del Consejo de la Magistratura, en Argentina, que tiene como título ‘Nuevas perspectivas del Derecho a la Ciudad’ y analiza el caso de Guayaquil.
La institucionalidad
Sofía Almeida, vicepresidenta del CPCCS, explica que los observatorios son mecanismos de control social organizados por la ciudadanía, que vigilan la aplicación de políticas públicas nacionales y locales, analizan si se cumplen o no y/o sugieren que se formulen nuevas.
Se trata, continúa, de entes externos no adherentes al poder público, que por esta característica se mantienen vigilantes ante una posible vulneración de derechos. Como en Guayaquil está la Delegación Provincial del Guayas del CPCCS, los observatorios inscritos en la ciudad son todos los que existen en la provincia, indica la funcionaria (ver recuadro a la derecha).
Tras el trabajo de los observatorios con su creación, el Consejo da el aval de su existencia y luego que estos ponen en marcha el seguimiento a las instituciones públicas, crean informes que el ente que los regula, analiza y hace valer a través de las entidades de control. Otros mecanismos de control son las veedurías, donde se cumple la revisión de un proceso administrativo o legal, para garantizar su transparencia; los comités de usuarios, que se crean, por excelencia, en zonas rurales prominentes.
