Afectados: “El Cabildo matará a mi mamá por una expropiación ilegal”
Los dueños de un espacio de parqueo denuncian que no fueron notificados. El sitio ha sido clausurado pese a existir una sentencia que anula el proceso
Elina Castro González tiene 92 años de edad, es la propietaria del espacio de parqueos La Merced, ubicado en las calles Córdova y Junín, que es su sustento; pero desde hace dos meses, de él no obtiene ni una sola ganancia. Su negocio ha sido clausurado por el Municipio de Guayaquil, aun cuando existe una sentencia de la Corte Provincial que anula el proceso de expropiación de los predios, que es el origen del problema, al que la familia de la afectada lo califica de un atropello.
“Aquí hay maldad por parte del Municipio. La Alcaldía quiere matar a mi madre. La ambición de ellos es tal que no les importa proteger a nadie. Ni a la mujer, ni al adulto mayor, que es el lema que promueve la alcaldesa Cynthia Viteri”, precisa con indignación Cecilia Moya Castro, su hija, quien con papeles habla con este Diario, sobre la vulneración de derechos a su madre.
Los predios, donde pueden estacionarse hasta 40 vehículos en una extensión de 1.200 metros cuadrados, han pasado por un proceso de expropiación del que la familia nunca fue notificada.
En febrero de 2021, relata Xavier Sandoval, abogado de la familia, el Cabildo inició el proceso para expropiar los terrenos, a fin de destinarlos a la construcción de un edificio de parqueo inteligente, pero no lo notificaron. “El Municipio siguió con el proceso, no hizo la publicación del anuncio en un medio de comunicación público, como lo dicta la ley; ya había pasado el tiempo incluso para negociar el avalúo y la alcaldesa Cynthia Viteri dictó -el 1 de marzo pasado- la resolución declarando al terreno como de utilidad pública con fines de expropiación...”, señaló.
El proceso siguió y la familia, que ha colgado carteles en sus terrenos detallando los procesos que han ganado y las medidas que los protegen, solicitó una acción de protección de Derechos Constitucionales; y en la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, en segunda instancia, se declaró el 20 de diciembre de 2021 que quedaba sin efecto ya el proceso. Sin embargo, los sellos de clausura están ahí.
“El 2 de diciembre, días antes de la sentencia, un comisario municipal nos clausuró alegando que había un juicio por justo precio en el Contencioso Administrativo, lo que tampoco es verdad, como los notificaron a finales de enero reciente, y los clausuró. Hemos pedido la revocación de la clausura y no lo hacen. Es un atropello lo que están haciendo”, relata Sandoval; que ha solicitado una nueva acción de protección para que se ordene que el negocio, cuyo avalúo el Municipio lo fijó en $ 600.000, cuando los predios están hipotecados y se siguen pagando en el Banco Central por $ 1’200.000, pueda funcionar.
Consultado el Municipio sobre este caso, que además genera incomodidad entre los conductores del centro, donde como ha publicado EXPRESO resulta difícil (a veces imposible) estacionarse, la entidad guardó silencio. Este Diario cuestionó por qué no se notificó desde un inicio el proceso, por qué la clausura se mantiene; y por qué no han sido entregados aún los estudios técnicos que confirmen en qué consiste la obra que van a levantar, y quién la administraría. Sobre los estudios, este Diario solicitó, sin suerte, que los adjunten.
No sé cómo la alcaldesa puede decir que protege a la mujer, si a mi madre, una adulta mayor, con enfermedades catastróficas, le está haciendo esto. Es un proceso ilegal.
“Los análisis no los han enviado, no sabemos si habrá una torre y de cuántos pisos. ¿Será de 100, de 200? Las pocas torres que hay en la ciudad nos dan pistas de que no pueden ser de más. Tenemos tantas dudas. Más aún porque cerca de nuestro predio hay otros que son más grandes y están en venta ya por mucho tiempo. Hubo y hay sitios desocupados, abandonados o públicos, para cubrir con la necesidad que sabemos que hay, pero que no fueron ni han sido tomados en cuenta. ¿Por qué? Nosotros queremos entender por qué la alcaldesa está actuando así. ¿Por qué todo desde un inicio se hizo de forma ilegal?”, señala Rubén Moya, hijo de Elina, quien vive de lo que el parqueo, que fue inaugurado en 2006, produce.
Llevamos un año sumergidos en estrés. Mi madre está lúcida y pide a la alcaldesa que no le haga tal daño. Queremos entender tantas cosas, pero no hay respuestas, ni acercamientos.
En el lugar, cercano a la calle Panamá, uno de los sitios más visitados del Puerto Principal, y aledaña a la iglesia La Merced y a las entidades bancarias; los conductores hacen un llamado a que hasta que se solucione el problema legal, el sitio funcione. “Más allá de lo que esté pasando, lo que nosotros queremos son parqueos”, relata el conductor Iván Bernitt; quien exhorta a que se levante un edificio de parqueo en la antigua cárcel municipal o las calles que en el casco comercial corren con el riesgo de caerse o están en abandono.
