Aguiñaga: “Es error el que invertir en seguridad solo pasa por cámaras, motos”

La prefecta dialoga con EXPRESO en torno al anuncio de un plan de seguridad en la provincia, que está amenazada por violencia criminal, consumo de drogas, violencia contra la mujer, extorsiones e inseguridad en las vías. Este contempla una focalización de territorio hacia donde los programas y proyectos deben dirigirse de manera prioritaria.

En medio de días violentos, la Prefectura del Guayas anuncia un Plan de Seguridad Ciudadana. ¿En qué consiste?

El objetivo de este plan es reducir la inseguridad no solamente en la identificación de amenazas, sino también factores de riesgo de la provincia. Dependiendo del sector, nos permite implementar proyectos de alguna forma que protegen a los grupos sociales más vulnerables y nos determina, como autoridades, las zonas prioritarias de atención de recursos.

¿Cuál es el presupuesto?

Tenemos $ 10 millones que ya hemos invertido en proyectos que están asociados al ámbito de la prevención. Somos la primera prefectura a nivel nacional que ha creado una dirección de riesgos y seguridad ciudadana, y nos permite asignar a través del presupuesto 2025 recursos al plan operativo anual, que estimamos no supere los dos millones de dólares adicionales.

Cito un ejemplo. En Guayaquil está Segura EP, con cámaras, patrullas, y también está la situación que atraviesa Durán. Ante esto, ¿hay un trabajo articulado con los Municipios?

Bueno, es un error enfocar que la inversión en temas de seguridad solamente pasa por cámaras, motos, patrullas y demás. Hoy los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tenemos el eje de prevención. Es decir, evitar que nuevos jóvenes, mujeres, sean parte de las bandas delincuenciales, para lo cual hay que trabajar en lo que hoy todos mencionan públicamente, que es la reconstrucción del tejido social... El eje está muy claro, hay que dar el paso de sacarnos de la cabeza que la seguridad solo la vamos a conseguir con rifles, cámaras, drones y más policías, que es un eje reactivo, que le toca hacer al Gobierno. Nosotros, desde los GAD, sobre todo en las prefecturas, tenemos un eje de prevención y los Gobiernos Municipales tienen un eje adicional, que es la regulación del espacio público. Un punto importante es el mapa de prevención. Por ejemplo, Protegiendo Vidas es un programa en 40 escuelas de la provincia con mayores indicadores de violencia que no solo es (mejorar) la infraestructura, baños, techos, sino también cambiar la metodología educativa, acompañamiento; pero necesitamos que el sector donde está la escuela esté alejado de bares, discotecas; que el propio Municipio regule a los vendedores ambulantes, entre los cuales, en algunos casos, se camuflan vendedores de drogas.

¿Tiene en cuenta al distrito Nueva Prosperina, considerado uno de los más violentos?

Hay varias zonas. Tenemos un mapa que nos permite hacer inversiones de corto, mediano y largo tiempo, pero más allá del apoyo logístico en temas de patrullajes en nuestras vías, también es cierto que hay nuevos proyectos que tenemos que implementar como parte de ese eje de prevención. Uno de esos es tener centros cívicos por la paz, hablar de la convivencia pacífica, incorporando temas de análisis de la familia. ¿Qué pasa con chicos que necesitan refuerzo educativo, ¿qué está pasando con la deserción escolar? Está el programa Hombres, porque también hay que trabajar con ellos, y con este hombre que muchas veces es padre y madre. Por otro lado, generar el aspecto relacionado con salud mental con su propia familia, comités comunitarios... Los barrios seguirán siendo barrios y no podemos pensar que la seguridad será poniendo más rejas, sino que se trabaje desde lo profundo de la comunidad y todos estamos haciéndolo, pero estamos poniendo un orden a la inversión pública que hacen municipios, juntas parroquiales y prefecturas.

Ya que citó el caso de las rejas, Guayaquil está más enjaulado. ¿Se ha presentado el plan a Segura, por ejemplo?

Yo no tengo que presentárselo a Segura EP. Yo se lo presento al Consejo Provincial, que es el órgano legislativo de la provincia, donde están los alcaldes, incluido el alcalde de Guayaquil (Aquiles Álvarez) y cada quien comienza a hacer seguimiento. Por ejemplo, tenemos un mapa de calor donde están determinadas cuáles son las parroquias rurales más peligrosas de Guayaquil, también los sectores peligrosos de Durán, Daule, Milagro, y eso nos permite afinar nuestra inversión pública. Es decir, priorizar si una parroquia, por ejemplo Posorja, debe tener una inversión social importante; o Taura, otro ejemplo, de manera que nuestros jóvenes que están a merced de los grupos de delincuencia organizada, hoy sean atendidos.

¿Pero si no hay un trabajo en conjunto?

Todas las autoridades estamos preocupadas de darles algunos indicadores de seguridad a nuestros mandantes, pero es indispensable, sí, la articulación. Yo no puedo obligar a un municipio que le quite un permiso a un lugar de venta de alcohol al lado de una escuela, pero ya sale la regulación, articulación. Cada quien tiene claro qué tiene que hacer.

Pasemos a otro tema. ¿Cómo está la deuda del Estado con la Prefectura? ¿Hay números rojos?

Al momento se encuentra pagada hasta su última asignación, que es el mes de abril y ha sido pagada. Hoy contamos con $ 57 millones en caja, esto nos permite determinar un flujo de manera que mis contratistas, proveedores y empleados se encuentran al día. Esta es una prefectura que ha hecho que la plata se ponga en lo importante y urgente.

Por último, ¿qué opina del veto del presidente en torno a las asignaciones?

Es una atribución absolutamente constitucional del presidente vetar o no una ley. Entiendo que hay reclamos porque la falta de asignación a tiempo de nuestros recursos hace que nuestra obra pública no se haga a tiempo. Sí, la asignación a destiempo afecta nuestra planificación, pero también es cierto que la Constitución de alguna forma prohíbe preasignaciones. Por lo tanto, el Estado requiere más orden, sí, y también los GAD debemos mostrar eficiencia en nuestra inversión, que nuestro presupuesto no exceda el 10 % del gasto corriente, que no hagamos eventos, ferias y conciertos que no tienen sentido, y que ese dinero esté invertido en nuestros jóvenes, en sectores más vulnerables.

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