SEGURA EP
Este viernes 27 de septiembre se observó a personal policial en las instalaciones de Segura.Cortesía

Álvarez: "La Fiscalía no procedió con el allanamiento; no hay denunciante formal"

El alcalde de Guayaquil argumenta que "ni la Fiscalía ni la Policía" llegaron con los recursos necesarios

Después de que Ana María Ayala, directora general del ECU 911, informó de que en Guayaquil se ha bloqueado el acceso a 16.000 cámaras de videovigilancia, y que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE); este viernes 27 de septiembre se observó a policías en las instalaciones de Segura EP (la Empresa Pública de Seguridad de Guayaquil), situada en el norte de Guayaquil.

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Al sitio habría llegado, además, personal de la Fiscalía. Al respecto, Segura EP se pronunció a través de un comunicado la tarde de este viernes. 

"Hemos facilitado el acceso a los peritos de la Policía Nacional y al personal del ECU911 a nuestra plataforma y módulos de respaldo de información", indicó la entidad al precisar que se compromete a brindar la colaboración y facilidades para esta investigación. 

Aseguró, además, que no ha existido ninguna restricción de acceso a la información requerida y que las puertas están abiertas para la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y demás organismos. 

Aquiles Álvarez se pronunció sobre este caso

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó ante este suceso en su cuenta de X. Indicó que la Fiscalía no procedió con el allanamiento ni la pericia debido a que "no hay denunciante formal".

"Tampoco se llevaron evidencia porque ni la Fiscalía ni la Policía llegaron con los recursos necesarios. Sin embargo, nosotros los vamos a ayudar enviando toda la información requerida", continuó.

Álvarez expresó su preocupación por la reciente resolución ya que, argumentó, no solo pone "en riesgo la seguridad" de Guayaquil, sino que, a su juicio, revela una falta de comprensión sobre la gestión integral de emergencias.

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Terminó su mensaje diciendo que la resolución "no responde a una decisión técnica, sino política". "El sistema ECU 911 de Samborondón está desactualizado y representa un grave retroceso en la gestión y judicialización de delitos en nuestra ciudad", concluyó el alcalde.

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