El “aporte social” para uso de la Metrovía gesta un carril de incertidumbre

Hay descontento ciudadano y sobre todo incertidumbre. Y es que como se veía venir, este 18 de junio en segundo y definitivo debate el Concejo Cantonal aprobó que el pasaje de la Metrovía aumente. Que ahora costará 45 centavos y no 30, y que el Municipio subsidiará esa diferencia, se determinó. Sin embargo, no será en todos los casos. El pasaje será, como muchos han catalogado, diferenciado. Y es ahí que surgen las quejas.

“¿Por qué deben unos pagar más que otros? Y no me refiero al adulto mayor, a los estudiantes o a las personas con alguna discapacidad. Ellos, en efecto, deben pagar menos. Me refiero a que ahora, según entendí en la transmisión en vivo de la sesión, quienes ganen hasta $ 650 al mes podrán beneficiarse del subsidio. Pero a ver, yo puedo ganar 2.000, 3.000 dólares, que si uso transporte público, simplemente tengo derecho a pagar lo que paga el resto. No más. Eso es ilógico. No entiendo”, se quejó Alamiro Robles, habitante de la ciudadela 9 de Octubre.

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En la sesión extraordinaria, en la que 12 de los 15 concejales votaron a favor del alza de la tarifa, apenas se trató el tema de la diferenciación. Pero ayer la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) sí sacó una publicación que afirmó que seguirán pagando los 30 centavos aquellos usuarios que ganen menos de 650 dólares. Y es por esto que saltaron las críticas.

Una de ellas fue la de la edil socialcristiana Ana Chóez, quien manifestó que aún no se detalla de dónde se obtendrán los fondos para cubrir el subsidio. “Ellos mencionan que el dinero es de la ATM, pero ese dinero es público, no de un privado. Es decir, es de todos los guayaquileños. Ahora, vender a título de compensación con aporte social el alza del pasaje es vender humo”, indicó a este Diario.

La concejal, además, resaltó que “no explican la metodología que delimite los parámetros” para fijar quiénes cancelarán 30 centavos. “Hay quienes no tienen sueldo fijo y hay bastante informalidad. ¿Cómo van a delimitar quiénes sí y quiénes no? Yo asumo que de agache quieren justificar el aporte social, pero esa no es la razón de ser de la ordenanza como lo comunican constantemente y como quieren hacer creer al ciudadano”, acotó.

Mientras que para ciudadanos como Óliver Jiménez, arquitecto guayaquileño, la falta de planificación que caracteriza a Guayaquil está hoy más que nunca marcada en el tema de la movilidad.

“Es absurdo, ya hasta indignante, que el alcalde diga que tiene solución a todo, pero no detalla cómo. Es como si lanzara simplemente palabras al aire, como para callar nuestras dudas. ¿La (plata la) sacará de lo obtenido por las multas? ¿Del dinero municipal? ¿Solo de los predios? Todo es confuso y Guayaquil no merece vivir así”, sentenció.

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De forma similar opinó el activista y líder comunitario Fernando Alburquerque, quien desde que el Municipio puso sobre la mesa del Concejo esta medida, se opuso a que tenga luz verde mientras no esté clara la visión de cómo se la pondrá en práctica.

Para él, la medida en realidad puede crear una percepción de inequidad entre los ciudadanos. “Obligarlos a pagar más por el transporte público puede parecer un doble carga. Además, en una economía con amplias disparidades salariales, esta política puede exacerbar las tensiones sociales. El Cabildo porteño está alejado de la realidad del guayaquileño. Es difícil creer que el alcalde comprenda realmente las necesidades y desafíos del sistema de transporte público, si nunca ha experimentado las deficiencias que vive a diario el ciudadano”.

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Alburquerque señaló que es una medida “mal intencionada” el aumento subsidiado de este sistema y cubrir una tarifa diferenciada para 300.000 usuarios mediante la tarjeta bautizada como La Guayaca, más la categorización del pasaje según cuánto gane un ciudadano.

“Es crucial que el Municipio considere la complejidad de la situación económica del país y adopte un enfoque más holístico y flexible para garantizar que el sistema de transporte público sea accesible, justo y sostenible para todos”, pidió.

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EXPRESO ayer revisó algunos oficios en los que se sustentó el alza de la tarifa, que regirá a partir del 1 de octubre próximo, y constató que de los $ 0,45 se ha considerado un total de $ 0,43 para el consorcio/operador, mientras que la diferencia ($ 0,02) será para el costo de la fiscalización y control operativo del sistema. Esto último estará a cargo de la Empresa Pública Municipal de Tránsito.

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Sin embargo, para acceder al incremento de la tarifa hay una serie de requisitos. En aquellos oficios, publicados en la página de la Alcaldía, se lee que los operadores actuales de la Metrovía deben cumplir, por ejemplo, con parámetros físicos en cada una de las unidades, así como parámetros operativos en cuanto al servicio.

Contar con sistema wifi en las unidades nuevas de transporte (y también en unidades repotenciadas) es una de esas exigencias. También deben tener timbre de parada (incluso las rutas alimentadoras), así como cuidar la limpieza de las unidades, entre otros requisitos.

Por su parte, el alcalde defendió recientemente en una entrevista televisiva que habrá 300.000 tarjetas únicas, que seguirán pagando los 30 centavos. Anunció además la inclusión de seguro médico y que la DASE va a fiscalizar a través de un fideicomiso y “no (va a) entregar salvatajes”. También adelantó que cada una de las tarjetas estará catastrada.

El Observatorio de Servicios Públicos también cuestionó la aprobación 

El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos también cuestionó el alza de la tarifa de la Metrovía, que aprobó por mayoría el Concejo en segundo debate.

Este 18 de junio, a través de una rueda de prensa, el director del organismo, César Cárdenas, expresó su descontento con esta medida y enlistó sus observaciones.

“Mientras el alcalde de Guayaquil dice de manera pública que no hay elevación del pasaje en la Metrovía, la ordenanza aprobada establece una nueva tarifa estándar de 45 centavos. Las tarifas serán revisadas cada dos años”, manifestó.

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Cárdenas también cuestionó que en uno de los artículos de la reforma a la ordenanza se señale que las revisiones de los vehículos del sistema de transporte (ya sean articulados o alimentadores) serán “aleatorias” y que las ejecute la Empresa Pública Municipal de Tránsito.

Pero el caso de la Metrovía no fue lo único que motivó al Observatorio a reaccionar. De acuerdo con el director, hay una “ausencia de participación ciudadana” en la formulación de la citada reforma a la ordenanza.

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A la cita también acudieron dirigentes de transportistas, quienes plantearon llevar a cabo una mesa técnica con la participación de representantes de los usuarios, transportistas, Municipio y de la ATM.

La crítica apunta a que el Cabildo no detalla aún cómo subsidiará el servicio

En un reportaje anterior, especialistas en temas de movilizaron cuestionaron que del subsidio al transporte público solo se conozca el anuncio. Bajo la lectura de Carlos Jiménez, experto en movilidad, es fundamental por ejemplo que el Municipio precise si el subsidio implicaría dejar de atender otros proyectos.

“Si van a subsidiar puede que dejen sin plata un programa de áreas verdes. Es importante saber dónde se está asignando y cómo se está utilizando cada dólar de los impuestos prediales y patentes que pagamos”, alegó.

Para el también máster en Planificación Urbana, asimismo se debe evitar la “discrecionalidad”, algo que considera un problema que se arrastra de administraciones anteriores.

Mientras que Isabel Escobar, máster en Urbanismo Sostenible y docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, opinó que se debe subsidiar, pero que aquello requiere de un análisis técnico profundo.

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“En un contexto de extrema desigualdad y pobreza en que vivimos, el derecho a transportarse para la población no es discutible. Lo que el Municipio debe estudiar y definir técnicamente es de dónde se deben extraer recursos para cubrir estos subsidios, porque si se topan y toman recursos de otro servicio público que no es rentable, se forma un círculo vicioso que no es sostenible y perjudica a la ciudadanía”, dijo.

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