Aquiles Álvarez demanda penalmente a usuaria de X por llamarlo "traficante"
El alcalde de Guayaquil denunció penalmente a una usuaria de X por expresiones calumniosas
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, de 39 años, presentó una querella penal contra María Plaza López por el presunto delito de expresiones calumniosas, tras una publicación que ella realizó en la red social X (antes Twitter).
Según el documento ingresado en la Unidad Judicial Penal Norte 1 del cantón Guayaquil, el alcalde acusa a Plaza López de haber difundido en redes sociales, desde la cuenta @gugaplaza, el siguiente mensaje el 18 de febrero de 2025: “Un vulgar traficante de combustible es alcalde de Guayaquil…”.
Posteriormente, en una publicación acompañada del acróstico que el burgomaestre empleó para su disculpa pública a Lucía Jaramillo, habría escrito: “No sé qué tendría que ver el feminismo en la respuesta de este mequetrefe traficante de combustible... ah, y traficante".
En el documento se cuestiona que este tipo de publicaciones constituyen expresiones calumniosas, al atribuirle hechos falsos que afectarían su honor y reputación. En la querella se menciona que la ciudadana ha realizado varias publicaciones con afirmaciones similares, que, según el documento, configurarían imputaciones sin fundamento de delitos o faltas.
Esta acción legal invoca el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quien, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otro. Dicha infracción puede conllevar una pena privativa de libertad de seis meses a dos años.
Aquiles Álvarez es investigado en el caso Triple A
El alcalde Aquiles Álvarez fue vinculado al caso Triple A, que investiga una presunta red de comercialización ilegal de combustibles. La audiencia de vinculación se realizó el 9 de abril de 2025 en Quito, donde la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Álvarez y otros diez procesados. El juez negó esa medida, pero le impuso prohibición de salida del país, presentación periódica y uso de grillete electrónico.
Según la Fiscalía, empresas relacionadas con Álvarez habrían desviado combustibles subsidiados hacia mercados no autorizados, lo que habría provocado un perjuicio económico al Estado. El alcalde rechazó los señalamientos y calificó el proceso como una persecución sin fundamentos. Aseguró que no ha huido y que enfrentará el caso con firmeza.
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