Una atmósfera estática cubre las indagaciones contra Viteri

Investigaciones que hasta ahora arrojan conclusiones. Pasan los días, semanas y meses, y las indagaciones que la Fiscalía sigue en contra de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, no presentan mayores avances. Es como si una atmósfera estática los cubre, pues algunos llevan más de un año y los cinco expedientes permanecen en el estado de indagación previa. En todas, Viteri figura como sospechosa.

En la Contraloría General del Estado se percibe un ambiente similar. La entidad ejecuta siete acciones de control al Municipio, bajo la administración de Viteri, y todos se encuentran en ejecución. Los períodos de análisis se originan desde 2017 hasta este 2022.

Entre estos figura el examen especial a la utilización de los recursos públicos; y, a la administración, registro y uso de los vehículos para asistir al ‘Primer encuentro por la seguridad nacional’ efectuado en Quito, el 6 de junio anterior. El período de análisis es desde el 2 de junio hasta el 24 de junio de este año.

También está el caso de las vallas publicitarias, donde el examen apunta al “cumplimiento de las ordenanzas municipales para la instalación y renovación de rótulos publicitarios tipos C1, C2, G1, G2 y G3, en los espacios públicos y privados de Guayaquil, sus reformas, codificación y sustitutivas”. El lapso del análisis es entre el 1 de enero de 2017 al 31 de mayo del presente año.

Otra diligencia es a la “determinación, registro y recaudación de los ingresos por concepto de contribución especial de mejoras en el Municipio”, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de abril de 2022.

¿Pero qué alcance tiene un examen especial? Según Contraloría, revisa, estudia y evalúa aspectos limitados o una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medioambiental, luego de su ejecución. “Se aplican técnicas y procedimientos de auditoría y de disciplinas específicas, de acuerdo con la materia del examen. El informe de examen especial deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones”.

En tanto, peculado, obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, tráfico de influencias y delitos contra el agua, son las presuntas infracciones que señalan a la funcionaria desde Fiscalía, con corte al 12 de agosto de 2022 y en los que diferentes ciudadanos consultados cuestionan que estos casos “estén quedando en el olvido”.

Una de las investigaciones por presunto peculado fue registrada el 26 de abril de 2021 (ya ha pasado un año y medio). Se trata del polémico proyecto Letras Vivas, que consistió en pintar paredes con frases de poesía. En ese entonces, la directora de Cultura, María José Félix, fue destituida del cargo y, actualmente, como lo ha registrado Diario EXPRESO; diferentes de esas paredes están con grafitis. Paralelamente, está el de la limpieza y trapeado en la ciudad y el proyecto Óleos del Bicentenario.

Otra investigación por ese mismo delito se registró el 19 de noviembre de 2021. En este se detallan los contratos para el servicio de aromaterapia que contrataron en 2019 Jaime Nebot y Viteri, cada uno en su respectivo período de administración de la ciudad, en ese año.

Pese a que el caso del bloqueo de la pista en el aeropuerto, cuando Viteri ordenó colocar camionetas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para impedir el aterrizaje de un avión comercial que venía a la ciudad por ayuda humanitaria para llevar a extranjeros a sus países de origen; ocurrió el 18 de marzo de 2020, la Fiscalía asentó la investigación el 8 de julio de 2021.

De lo que se sabe del caso es que la institución concluyó que Viteri quedó fuera de la investigación, y que esta continúa. Ya sin ella.

Mientras que el incidente del delito contra el agua se dio el 12 de junio de 2020 y la pesquisa se puso en marcha cinco meses después, el 20 de enero de 2021. A dos meses de que se cumplan dos años, tampoco se conocen resultados.

La más reciente investigación contra la alcaldesa data del pasado 5 de agosto, cuando el Observatorio Ciudadano para Vigilar la Transparencia en la Función Pública presentó una denuncia en la Fiscalía para que abra de oficio al menos tres investigaciones por las “potenciales comisiones de los delitos de peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado”.

Sobre esto, el 8 de agosto de este año, la Fiscalía registró la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias. La denuncia también está en investigación previa.

En el escrito del Observatorio se mencionaron las investigaciones de EXPRESO sobre la gestión y el entorno de la alcaldesa, sobre todo los reportajes ‘El próspero círculo de Cynthia Viteri’ y ‘Exesposo de Cynthia Viteri, un nuevo terrateniente en vía a la costa’.

Para profundizar en este tema, el abogado John Vásconez explica que la investigación previa consiste en la primera fase de un proceso penal, o conocida como fase preprocesal penal. En ese sentido, la Fiscalía deberá recopilar toda la información pertinente para esclarecimiento del hecho, toma de versiones, reconocimiento del lugar de los hechos, informe de un agente investigador, aceptar los medios de defensa por parte del sospechoso, entre otras diligencias y también puede actuar de oficio siendo la titular de la acción penal pública.

“Pero en caso de que en la investigación previa no se concreten, en casos contra administración pública, ¿qué debemos hacer? La persona que presenta la denuncia en el caso citado no puede ser la víctima, ya que no representa al estado ecuatoriano, pero sí puede realizar impulsos incluso sin contar con un abogado patrocinador”, explica.

Otro mecanismo, acota, es que se puede denunciar ante el Consejo de la Judicatura sobre la lentitud y falta de celeridad que se manejan en las investigaciones previas. “Entiéndase que Fiscalía goza de independencia y solo me refiero en su falta de celeridad mas no en toma de decisiones”, acota el también especialista en derecho constitucional.

Agrega que una investigación previa puede durar los plazos de hasta un año, cuando el delito sea sancionado con una pena privativa de libertad de hasta cinco años; pero, si el delito tiene una pena superior a los cinco años, la indagación será hasta dos años.