Guayaquil: “Las autoridades se tapan los oídos cada que fiscalizamos”

Que reclaman, pero que no los escuchan. Que hacen públicas sus inconformidades, cuestionamientos y opiniones frente a las obras mal ejecutadas y los despilfarros del Municipio de Guayaquil, pero que estos “rara vez” son tomados en cuenta por la alcaldesa Cynthia Viteri o el Concejo Cantonal, asegura la ciudadanía; al alegar que están “abandonados”. Sin suerte.

El pasado domingo, EXPRESO publicó un reportaje en el que dejó ver cómo, salvo Lídice Aldás y Héctor Vanegas (los únicos ediles que no guardaron silencio en torno a temas como los contratos de murales y otros acuerdos financieros), el Concejo Cantonal ha optado por mantenerse al margen de la crítica a los hechos recientes. Guarda un perfil bajo.

Consultados sobre estos hechos, el sociólogo Agustín Burbano de Lara y la consultora política Dayana León hicieron hincapié en que debido a que la fiscalización que los concejales pueden ejercer sobre los alcaldes no se equipara a la que puede, por ejemplo, hacer la Asamblea con el presidente, es vital promover la participación ciudadana.

“Hay que fortalecer el rol de la sociedad civil”, advierte León, al recordar que el principal mandante y fiscalizador, según la Constitución, es el ciudadano. “Por lo tanto, si los concejales no están haciendo su trabajo, la población debe activar todos los mecanismos existentes de democracia directa”. Lamentablemente, concuerdan los líderes consultados, lograrlo no es tan fácil.

Antonio Barco es el presidente del Comité Barrial Mucho Lote 2 y asegura que son contados los reclamos que han sido tomado en cuenta. “Hay obras olvidadas o con sobreprecios, además de contratos guardados que siguen sin concretarse en Guayaquil. Y pese a las denuncias, no pasa nada. Los concejales no hacen su gestión y aunque nosotros lo hacemos o intentamos, nadie nos escucha”, sentencia.

A su juicio, y en ello coincide Alberto Bermúdez, habitante de Sauces 8, las autoridades hacen oídos sordos de sus cuestionamientos y fiscalizaciones. “Se tapan los oídos o hacen cortinas de humo frente a una serie de temas. Yo voté por la alcaldesa, escogí a los concejales. Creí en ellos. Ahora sé que perdí esos votos. Fue un fracaso”, agrega Barco, quien tilda de burla lo ocurrido con el proyecto Letras Vivas, cuya inversión por pintar frases de escritores en 50 paredes del Puerto Principal alcanza casi los $ 400.000, cuando a los autores vivos, dueños de esos versos, no se los remuneró con nada.

Para Bermúdez, quien vive en el sector desde hace tres décadas, esa gestión es apenas una de las que deben ser fiscalizadas en la administración actual. Cita lo invertido en trapear las calles (19,7 millones en 2020, más del doble en comparación a 2018) y el hecho de bachear siempre los mismos huecos y no optar por nuevas técnicas que permitan ejecutar una labor permanente y ahorrar, como puntos fijos a analizar. “Acá, Viteri decide y los concejales asienten. ¿Y nosotros?, pues nada. Por más bulla que hagamos, somos la última rueda del coche. Nuestra voz no pesa”, se queja.

Para los residentes, una muestra de que el escenario podría revertirse recae en el hecho de que, desde ahora, empiecen a ejecutarse reuniones quincenales o mensuales entre los concejales y los miembros de sus distritos.

Para Xavier Zurita, líder del barrio Garay, y Carlos Guerrero, miembro del comité de Sauces 1, es una opción viable y más que necesaria. “Los habitantes debemos opinar y estar al tanto de las obras antes de que se las ejecute. Aquí no podemos hacer números, no nos permiten fiscalizar porque sabemos ya del costo cuando lo vemos publicado en medios, como EXPRESO. La Alcaldía y los concejales se están saltando ese paso”, piensa Zurita, quien asegura que solo insistiendo y protestando públicamente han logrado cambios.

Pero el proceso, a juicio de Guerrero, no debería ser tan complicado. Los ediles deberían ser el nexo con el barrio para fiscalizar, o para que la alcaldesa sepa de raíz qué está haciendo su gente o qué se necesita, advierte.

Burbano, quien llama a que el Concejo impulse esta necesidad, hace énfasis en lo fundamental que resulta para la sociedad contar con un órgano colegiado que invite y promueva esa participación, que daría cabida a la formación de veedurías, contempladas en la ley y que podrían fiscalizar determinados procesos.

“Solo así, evitaríamos derrochar tanto dinero. Para hacer entonces un control real, permítannos participar. Hoy lo que sea que digamos, así sea con miles de documentos, se lo lleva el viento. Somos nada para la autoridad”, agrega Bermúdez.