Bernarda Ordóñez: “El 75 % de quienes murieron en el motín no tenía sentencia”

La primera al mando del directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, Bernarda Ordóñez, habla para EXPRESO sobre el diagnóstico de las primeras mesas técnicas y la hoja de ruta de ese ente interinstitucional, encargado de crear políticas públicas de rehabilitación social.

Ha habido tres sesiones del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social desde el 7 de octubre, cuando se instaló. ¿Qué temas han estado sobre la mesa?

Desde que nos instalamos, nos declaramos en sesión permanente. Se ha establecido una hoja de ruta en materia de política pública de rehabilitación social, porque aunque existe y se aprobó el 18 de mayo de 2021, no tiene presupuesto ni estaban claras las competencias de cada institución. Se hizo esto a fin de cumplir con la Corte Constitucional, que ha dejado tareas gigantes a todas las carteras del Estado en esta materia.

¿Qué diagnóstico tienen estas sesiones hasta ahora?

Las personas que murieron en la masacre empezaron a delinquir cuando eran niños y el 66 % no tenía ni 30 años. Esto es una crisis de olvido del Estado, de violencia, de derechos humanos y del abandono al eje social. El 75 % de quienes murieron en el motín no tenía sentencia todavía y el 71 % tenía educación básica. Fueron seres que crecieron en medio de violencia extrema. (...) Solo por delincuencia y violencia, estamos perdiendo vidas y el 8 % del PIB.

También es un problema de corrupción, ministra. ¿Hay responsables ya?, ¿se ha señalado a algún responsable?, ¿han destituido a alguien?

Ese es otro de los llamados de la Corte, el hacer investigaciones desde la Asamblea y demás instituciones. Como Ejecutivo, somos respetuosos de las funciones del Estado y mal haríamos en investigar, tampoco tenemos las herramientas. El país necesita certezas, que se den cuentas de lo que está pasando. Y eso es responsabilidad de las otras carteras de Estado.

El presidente Guillermo Lasso dijo no descartar un diálogo con los grupos delictivos. ¿Se ha hablado del tema?

Esa información no la manejo. Como directorio, solo hablamos con organizaciones civiles y entidades.

Antes de su nombramiento fue señalada por el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, de no querer comparecer. Criticó el que como secretaria de Derechos Humanos no quiera abordar los derechos humanos dentro de la cárcel. ¿Qué le responde?

Yo soy una funcionaria con deberes y obligaciones y vengo de la sociedad civil. Jamás evadiré una responsabilidad. Apenas ocurrieron los hechos violentos me trasladé sola, sin seguridad, porque no estoy para fotos sino para cumplir mi trabajo. Le he explicado al asambleísta que el SNAI es el ente competente, tras la transformación que vivió el Ministerio de Justicia. Esto es un problema que se ocasionó en el COIP y quien hace las leyes es la Asamblea.

¿Qué tipo de problema?

Cuando llegué al cargo, por ejemplo, llegué con el IESS bloqueado, porque cuando se disolvió el Ministerio nunca dividieron bien al personal ni a las competencias. De hecho, 66 mil ítems de bienes siguen sin procedimiento administrativo correspondiente, porque así se hizo. Fue un proceso desordenado.

Dos masacres y 131 días debieron pasar para que el Ejecutivo la lleve a presidir el Organismo Técnico. ¿Por qué?

Por el problema de los decretos. El Decreto 560 es un adefesio. No solo eran las competencias, estaba hecho al apuro para eliminar el Ministerio de Justicia. Tardamos porque estábamos clarificando nuestras competencias.

Como responsable el directorio que preside, encargado de la política pública carcelaria, ¿ya hay un plan?

Seguimos los lineamientos de la Corte. El SNAI ni siquiera tenía presupuesto o estructura orgánica tras la disolución del Ministerio de Justicia. No hicieron nada de eso los últimos 3 años. Vienen reuniones con mesas técnicas y en febrero de 2022 tendremos una política pública clara, con presupuestos.

En torno a la masacre, hay un informe preliminar elaborado por el Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH), en donde, entre otros puntos, se concluye que el protocolo para los deudos resultó ineficaz, ¿qué responde?

Efectivamente, las primeras horas y los primeros días fueron difíciles para la institucionalidad, pero ejecutamos acciones. Tratamos de mejorar los puntos que fallaron en torno a la comunicación.

El CDH responsabiliza al Estado de la masacre. Dice que son su responsabilidad exclusiva. ¿Coincide?

Es verdad. La Constitución y el COIP cede la responsabilidad de esas vidas dentro del sistema penitenciario al Estado; pero hay que tener en cuenta que las muertes se dieron producto de enfrentamientos entre internos. Hago esta acotación porque es diferente que un agente estatal intervenga en un hecho como este a que, por la capacidad instalada que tiene el SNAI, se registren estas cosas.

¿Cree que -como sostiene la CDH- la masacre del 28S fue predecible y evitable?

Todas las situaciones se pueden prevenir, pero es necesario un estado articulado.

¿Están listos para evitar otra masacre?

Esperamos que no vuelva a pasar. Es algo muy doloroso.

¿Pero cree que estamos listos para poder prevenirla?

Estamos trabajando para evitarla. Realmente falta fortalecer el eje de seguridad e inteligencia penitenciaria.