Camilo Samán: “Se despilfarró el dinero sin saber los resultados”

En una publicación de 2022, EXPRESO ya alertó de lo que ahora ha comprobado la Alcaldía de Guayaquil. Que algunas de las tablets que la administración anterior, a través de la Empresa Pública de Desarrollo Acción Social y Educación (DASE), entregó a los estudiantes, eran vendidas a través de las redes sociales y espacios públicos de la ciudad. Ayer Camilo Samán, el gerente general actual de la DASE puso la denuncia del hecho en la Fiscalía. EXPRESO dialoga con él sobre lo hallado, lo que refleja y los efectos que esta irregularidad genera en la sociedad.

• ¿Qué pruebas tienen que los llevaron ahora a tomar la decisión de denunciar ya el caso a la Fiscalía?

Desde hace un buen tiempo confirmamos que las vendían a través de Facebook, en Market Place u otros sitios online; pero nos llegó la denuncia de que incluso hay locales en la Bahía donde se las comercia. Hay perchas (donde se exhiben), como si habláramos de cualquier almacén. Eso nos terminó de impresionar y decidimos tomar cartas en el asunto. En el sector público es nuestra obligación denunciar cada irregularidad o aparente irregularidad apenas sepamos o tengamos la sospecha de que se está dando. Por eso ahora hemos actuado con dos acciones. Del caso conoce ya la Contraloría General del Estado, que anunció el inicio del examen especial de este tema; y pusimos la denuncia también en la Fiscalía. Ahora ellos deben hacer las investigaciones, todas las que sean necesarias.

• ¿Cómo saben que justamente eran las tablets que entregó la administración anterior las que se estaban comercializando y que no eran otras?

Porque tenían justamente el sello de la DASE. Estaba impreso el nombre y el del Municipio. Además comparamos el equipo con el que tenemos en stock y son exactamente iguales.

• Darle seguimiento al caso es complejo, sobre todo si la venta la hacen por internet.

Lo sabemos, por eso nos dirigimos a la ciudadanía, porque nos urge que denuncie para conocer cuál es la hoja de ruta de la venta. Hemos cumplido con nuestra parte, como lo obliga la ley y sobre todo la moral. Las otras entidades deben hacerlo ahora. Estamos al tanto de que han empezado a trabajar en ello.

• ¿Qué refleja todo esto? ¿Se despilfarraron los recursos?

Lo que puedo notar es desorden. No hubo trazabilidad. Cuando uno entrega un bien con dinero público, es obligación saber a quién se lo entregó, cuál es el número de cédula de quien lo recibió, que fue lo que al principio hicieron. Después ya repartieron los equipos a los colegios, todo al apuro. Debo entender que lo hicieron por campaña. La verdad es que no hay un registro exacto de cómo fueron entregadas. Lo doloroso de esto es que hay gente que necesita educación...

• Según los datos que reveló, son $ 22 millones los invertidos en estos equipos que se entregaron en dos años.

Sí, así es. Tenemos calculado que con $ 10 millones se puede levantar un buen colegio. Nosotros podríamos haber tenido levantadas dos grandes estructuras completas en la ciudad. Tendríamos miles de capacitaciones, porque una beca cuesta $ 2.000, que también las pudimos dar. Son miles de cursos los que pudimos dar a la gente, miles. Lo que estamos ahora viendo es un perjuicio a la ciudadanía. En dos años se entregaron 220.000 tablets a un precio de $ 100 cada una. Yo no voy a discutir que el precio estuvo bien o mal, pero usando la lógica vemos que los beneficiarios las venden en $ 60, ese es el precio de mercado. Si fuera de $ 100, la venderían por esa cantidad. No diré más, pero la lógica está ahí.

• Sabemos que no se entregarán más tablets. ¿Por qué perjudicar a aquel alumno que en realidad sí quiere darle un buen uso? No todos entran en el saco.

Lo que haremos ahora es detener el proceso de compra de tablets y ese presupuesto lo utilizaremos para proyectos que tengan efecto en la comunidad. Yo no creo que regalando una tablet y no haciendo nada más, un joven va a conseguir un trabajo. Hoy estamos dando cursos, a fin de conectarlos con la bolsa de trabajo y que tengan una preparación más especializada. Estamos empezando a invertir en ello, que es lo que se necesita. La tarde de hoy (ayer) firmaremos un convenio con la Prefectura del Guayas para hacerlo de forma conjunta.

• A esta irregularidad que halló, ¿se suman otras en la DASE? Hay más falencias entonces...

Muchísimas. Los centros digitales, por ejemplo, estaban botados, abandonados. De los siete que estaban en esas condiciones y pasaron dos años cerrados, cinco ya están operando. Asimismo hemos rescatado cinco guarderías que estaban completamente cerradas desde hace tres años. Pertenecían a la Dirección de la Mujer y mediante una resolución del Concejo Cantonal logramos que sean parte de la DASE. Ahora las estamos rehabilitando. En cuanto a los albergues, hay solo uno y estaba mal administrado. Yo lo vi, hice la visita y todo estaba mal. Ahora lo que urge son más albergues, así como centros gerontológicos... Insisto: con esos $ 22 millones pudimos haber hecho maravillas. Simplemente se despilfarró el dinero sin saber los resultados. Hallamos muchas irregularidades y las seguimos encontrando a diario. Más que todo desorden y falta de control, cruce de funciones. Hoy estamos trabajando de forma coordinada, reduciendo la duplicidad de funciones. El reto es largo, pero lindo. Hay mucho por hacer.