El caso de la morgue de Guayaquil deja mudo al Concejo

Silencio. En ‘leído’ han quedado la mayoría de los mensajes que EXPRESO ha enviado a los 15 concejales de Guayaquil, para conocer su postura frente a la situación sanitaria que ha generado el Centro Forense. ¿Pero por qué los ediles no exponen sus posturas ni hacen frente a esta problemática?

A criterio de Roberto Gilbert, médico cirujano, asambleísta suplente por el Partido Social Cristiano y exconcejal de Guayaquil, puede deberse a que es un tema muy delicado y que ellos no son médicos. Sin embargo, para Luis Almeida, abogado, exasambleísta y exconcejal de la urbe, esto refleja que no hay preocupación ni interés.

Pero deberían preocuparse porque son los concejales del cuerpo edilicio, es decir, son las autoridades máximas de la ciudad, recalca Almeida. Por otro lado, con experiencia en mano, Octavio Villacreses, arquitecto, urbanista, excónsul en Río de Janeiro (Brasil), exasambleísta y exconcejal de Guayaquil, señala que “lo que pasa en la ciudad es competencia de todos”.

Eso porque Villacreses comenta que fue glosado por la Contraloría General del Estado por no haber legislado a favor del estero Salado cuando ocupó una curul en el Concejo Municipal. “Si a mí se me glosó por no haber legislado sobre el estero Salado, obviamente que la Contraloría y la Fiscalía tienen que estar sobre los que, de una u otra forma, tienen competencia en la ciudad, y el Concejo Cantonal no está exento de esa responsabilidad y competencia”.

Diez días han pasado desde que el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses decidió abrir un contenedor lleno de cadáveres, piezas y osamentas, tras 23 días sin refrigeración, bajo las altas temperaturas que enfrentó Guayaquil en esos días. Con ello también se liberaron al ambiente gases tóxicos que contaminaron el ambiente, y varias personas que habitan en los alrededores han presentado sintomatologías de infecciones.

Al inicio, según información proporcionada por Alejandra Pérez, coordinadora técnica del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ese contenedor sí valía. Solo se había presentado una variación de la temperatura del contenedor. Sin embargo, al día siguiente, la entidad emitió un comunicado señalando que los daños se produjeron por “las variaciones eléctricas suscitadas a nivel nacional”; aunque de acuerdo con profesionales de la entidad, no tuvieron cortes de energía y cuentan con una planta eléctrica.

En el comunicado también se indicó que el centro forense tiene “un mayor número de cadáveres NN” debido “al incremento de la violencia criminal en el país”. En febrero, Pérez (que ya había confirmado que en la morgue de Guayaquil yacían 309 cadáveres, de 2022 y 2023, sin inhumar) manifestó que “estos procesos se encuentran en gestión y debidamente controlado”. Pero no ha sido así.

A pesar de todo esto, casi todos los concejales callaron. El alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, tampoco se manifestó. La mayoría se excusa en que esto no es un problema de la administración local, sino que le incumbe netamente al Gobierno central.

Ana Chóez, concejal de la ciudad, quien accedió a conversar con EXPRESO, cree que “el Gobierno nacional le ha fallado a la ciudadanía con el tratamiento de la morgue”. Considera que el Municipio debe hacer un llamado al Gobierno central para que tome los correctivos necesarios y así no afectar el diario vivir de quienes están en las zonas aledañas.

Por ello sostiene que “es momento de conversar con el alcalde, desde nuestro rol como concejales, desde la fiscalización, para que haga el llamado y los acercamientos al Gobierno central, porque ese es su rol como primera autoridad de la ciudad, como ejecutor de una política pública y como persona a la que debería preocuparle el bienestar de los ciudadanos, ya que tiene en sus manos la ejecución de la administración y la planificación de la ciudad”.

Para el sociólogo Gaitán Villavicencio, los demás ediles se mantienen en silencio para no tener conflictos ni con el alcalde (por su personalidad autócrata y poco comunicativa); ni con la mayoría edilicia, frente a los acuerdos políticos (entre RC y PSC), que responden a la macropolítica; ni con el Gobierno central, ante los enfrentamientos que el Gobierno local tiene desde que el presidente Daniel Noboa le quitó la competencia del Quinto Puente.

Dos concejales enviaron un escueto mensaje por mensajería instantánea. Uno, a través de su asistente, se excusó; igualmente otra. El resto no respondió.

“Es terrible no hacer lo que hay que hacer”, dice Almeida.