Caso Triple A: Fiscalía solicita vincular al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez
La investigación es por presuntas irregularidades en la comercialización y distribución ilegal de combustibles en Ecuador
La Fiscalía General del Estado ha solicitado la vinculación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso conocido como Triple A, una investigación que involucra presuntas irregularidades en la comercialización y distribución ilegal de combustibles en Ecuador. De acuerdo con un oficio del caso, emitido el 21 de febrero de 2025, la Fiscalía pidió a la Unidad Judicial Especializada de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de Quito que fije día y hora para la audiencia de vinculación.
Detalles de la investigación
El caso Triple A se originó tras una denuncia presentada en julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se señalaban presuntas inconsistencias entre el volumen de combustible despachado y el registrado en facturas de diversas estaciones de servicio. Se sospecha que parte del diésel subsidiado habría sido desviado para fines distintos a los autorizados por el Estado.
La investigación ha llevado a la intervención de varias gasolineras en diferentes provincias del país, incluyendo El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, donde se han recolectado pruebas sobre el posible desfalco. Entre las empresas involucradas se encuentran Copedesa S.A., Fuelcorp S.A., Corpalubri S.A., Indudiesel S.A. y Gasgrupco S.A., algunas de las cuales están vinculadas directamente con la familia del alcalde de Guayaquil.
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El pedido de vinculación
La Fiscalía ha solicitado que, además de Aquiles Álvarez, sean vinculados a la investigación Antonio José Álvarez Henríquez, Xavier Mario Álvarez Henríquez, y otros 10 implicados, entre personas naturales y empresas. El delito imputado corresponde a almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, el cual está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de prisión.
Postura del alcalde y consecuencias políticas
Aquiles Álvarez ha negado reiteradamente cualquier participación en actividades ilegales y ha manifestado que el proceso en su contra responde a una "persecución política" por parte del gobierno de Daniel Noboa. En varias ocasiones ha declarado que colaborará con la justicia y que no tiene nada que ocultar.
Sin embargo, de concretarse su vinculación al proceso, podría enfrentar medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o incluso la prisión preventiva. Esto podría afectar su gestión como alcalde y tener repercusiones políticas a nivel nacional. La fecha para la audiencia de vinculación aún no ha sido determinada, pero se espera que el proceso continúe avanzando en los próximos días.
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