El temor a la impunidad acecha el debido proceso

La mujer que en estado etílico arrolló a Roberto Malta el pasado 5 de septiembre, en Urdesa, causando su muerte cinco días después, hoy, a un mes del fallecimiento del ciudadano, sigue sin ser capturada.

Esa madrugada, cuando Malta quedó en el pavimento, inconsciente, con golpes en el cráneo, Kenny Solange Andrade Flores recibió medidas sustitutivas que le permitieron quedar en libertad bajo el compromiso de asistir dos veces a la semana ante la autoridad.

• El pasado 16 de septiembre, la fiscal Maribel Haro reformuló los cargos en contra de Kenny Andrade, acusada de atropellar a Roberto Malta Ziadé el 5 de septiembre. Andrade no ha asistido a sus citas con la jueza tras el deceso de Malta, el 12 de ese mes. Familiares y amigos del fallecido organizaron un plantón en Fiscalía para pedirjusticia

Así lo hizo durante los primeros días, pero una vez que se confirmó la muerte de Malta dejó de aparecer. No fue ni a sus comparecencias, ni a la recreación de los hechos ni a la reformulación de cargos tras el fallecimiento de la víctima.

Ante aquello, la sombra de la impunidad abraza los avances de la instrucción fiscal y sobre la mesa caen preguntas inevitables: ¿Por qué no la dejaron detenida? ¿Por qué si se sabía que Malta moría en un hospital permitieron que ella se acoja a una herramienta legal que abrió la puerta a su huida? Y, la más importante, ¿qué se necesita para hallar justicia?

Heidy Borja, la misma jueza que otorgó las medidas sustitutivas por supuestas pruebas suficientes de parte de la defensa de la mujer, dictó prisión preventiva contra ella cuando se evidenciaron sus inasistencias a los compromisos legales adquiridos. Y hasta allí la historia. Al paso que están los avances, Malta pasará a ser parte de las estadísticas de casos no resueltos en delitos de tránsito.

No es el único. Cuando el 7 de septiembre se conmemoraba un mes de la muerte del ciclista arrollado en Samborondón, Santiago Jaramillo, EXPRESO recogía las trabas del caso. En ese momento, su esposa, Ornella Zambrano, confirmó que no había podido ver el video de una urbanización en el que se registró el momento del accidente. El caso sigue en investigación y no ha habido avances representativos que den alientos de justicia.

Pasa igual con Julio Cornejo, el ciclista de 33 años arrollado por un bus en Portete, entre la 37 y la 38, el 14 de junio pasado. Cuatro meses después, el caso sigue abierto y aún no se llega al responsable, pese a que existe un video que grabó al automotor que lo arrolló.

¿Qué pasa en la justicia? El fiscal de flagrancia, Víctor González, intenta explicarlo. “Toda persona que está siendo investigada debe someterse al debido proceso, que tiene su regla y tiempo. Hay muchos abogados, sobre todo de la defensa, que buscan dilatar los procesos o aprovecharse de eso para distraer las diferentes instancias, para que la víctima que busca justicia se canse”.

En ocasiones, esos tiempos se prolongan por otros factores. Trae a colación el caso de Santiago Jaramillo. “Cuando no hay un sospechoso inmediato, se requieren cámaras o personas que hayan observado el hecho, y muchas veces la gente no colabora”.

Entonces, dice el fiscal, pasa lo que ha marcado una tendencia en estos casos de deceso por muertes de tránsito, “los familiares de las víctimas se hostigan y tienen una mala imagen de la justicia, porque dicen que es lenta, pero son nuestra Constitución y nuestro COIP los que establecen los tiempos”.

Con él coincide el fiscal César Peña. “La misma Constitución obliga a los operadores de justicia, jueces y fiscales, a que se deba dictar una medida distinta a una prisión preventiva antes de la privación de libertad, es una constitución súper garantista y, a la vez, un obstáculo judicial. Por eso es hora de que la Asamblea reforme el COIP bajo los parámetros internacionales”.

También está el escenario de la administración de justicia en sí. En el caso de Roberto Malta, donde se sabía que por la gravedad del hecho “la acusada podría fugarse, como lo hizo”, no debieron entregarse medidas sustitutivas, porque ahora “será necesario que sea capturada para continuar con el proceso”, indica González.

“Mientras no la capture la Policía, el caso quedará en la impunidad”, observa José Massú, uno de los tres abogados que defienden a Roberto Malta, y quien recuerda que el 16 de octubre es el dictamen fiscal.

Massú confirma lo expuesto por el fiscal Víctor González. “Hay temas estructurales y de procedimientos que facilitan al perpetrador de estos delitos de tránsito el poderse escapar. Y eso frustra. No solo como abogado, sino como ciudadano”.

La abogada Jael Carvajal, parte de la defensa técnica de Malta, extrapola el caso y explica que la situación de la lentitud se repite constantemente y por eso es fácil identificarse. Cree que para mejorar aquello habría que hacer transformaciones integrales con todas las partes: jueces, fiscales, peritos y agentes de tránsito.

A un mes del fallecimiento del ciudadano Roberto Malta, sus abogados, frustrados ante la inasistencia a audiencias de la presunta culpable, planifican un proyecto de ley que lleve su apellido y que impulse que un ciudadano que quiera aplicar medidas sustitutivas en casos como este, por lo menos lleve puesto un grillete electrónico.

• Hasta septiembre hubo 2.744 siniestros

Los nombres de Santiago Jaramillo y Roberto Malta se han convertido en sinónimo de lucha en busca de justicia. Es un derecho que también es clamado por los familiares y amigos de los ciclistas y peatones que fallecieron en accidentes de tránsito en vías de la urbe y de cantones aledaños.

Estos hechos no solo han enlutado a la comunidad ciclista, sino que, además, han acentuado la deuda en cuanto a los espacios seguros dentro de las ciudades para movilizarse sin el temor de ser embestidos.

En un reportaje anterior de EXPRESO, la Agencia Nacional de Tránsito aseguró que de enero a mayo de este año, hubo 18 fallecidos en sitio por siniestro de tránsito en la Zona 8, pero al menos el 1 %, según la entidad, corresponde a biciusuarios.

En cambio, la Autoridad de Tránsito Municipal informó que de 2016 a 2019, la ciudad tuvo 215 siniestros con ciclistas, pero, la entidad no compartió las cifras de este 2020. Sin embargo, a través de un informe de la escuela de conducción Conduespol, entre enero y septiembre del 2019, se detalla que la ATM contabiliza 3.988 siniestros, mientras que en el mismo periodo en 2020 la cifra es de 2.744.

Ante ello, Jimmy Castro, director comercial de la Conduespol, ha sacado a flote la campaña ‘Guayaquil maneja a la defensiva’, con la finalidad de crear conciencia y evitar siniestros de tránsito. “Aunque las cifras de siniestros de tránsito relacionados con vehículos han disminuido, en comparación con el año pasado, debemos prevenir, considerando que dicha modificación podría ser debido a las restricciones vehiculares por la pandemia”, explicó.