Una central de acopio de datos pintada como de inteligencia

Hace apenas dos días y en pleno estado de excepción, cuando precisamente una bomba molotov explotó en un taller mecánico de Guayaquil dejando destruidos al menos cinco vehículos; la alcaldesa Cynthia Viteri anunció que, tras la reunión que tuvo con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, convertirá a la Corporación de la Seguridad Ciudadana CSCG (que la maneja el ECU-911 en la ciudad) en una central de inteligencia, como medida para repeler y prevenir el delito; aunque los expertos en el tema hacen hincapié en que de poco o nada servirá. Y es que tal como se planea el proyecto, lo que se está vendiendo en Guayaquil, concuerdan, no es más que humo.

A decir de Viteri, a quien EXPRESO le solicitó ayer una entrevista para profundizar en el tema, la misma que fue negada, la central funcionará a través de la base de datos que el Municipio y la Policía Nacional compartan.

“La idea es que podamos saber si determinada persona ha salido o no del país y para qué, si tiene armas, récord policial, antecedentes penales, casas y cuántas; nos dirá si esa persona es parte o no de algún hecho sospechoso delictivo. Nosotros, como Cabildo, daremos los datos del Registro Civil y del código catastral; y la Policía, la que les corresponda. Nos cruzaremos la información”, adelantó Viteri durante su enlace radial público semanal.

Pero para los profesionales en materia de seguridad consultados, el plan de acción de esa unidad “no tiene ni pies ni cabeza”, si funcionará como, a breves rasgos, la primera edil ha descrito.

“Esa información es pública. Todos los datos que se prevén recabar son públicos. Un tema de inteligencia va más allá, es un trabajo de otro nivel. Por lo tanto esa estrategia, ese anuncio, responde más a una acción lanzada por la época electoral. Para bajar las aguas y las tormentas que el Municipio y el Gobierno han tenido. Lo que han hecho ambas entidades hoy es decir que van a trabajar en conjunto. Esto, aunque lo que planteen no ayude a frenar en absoluto la delincuencia”, indicó el máster en Criminalística Jorge Villacreses, quien hizo hincapié en que una central de inteligencia como tal, como la que existen en otras ciudades o países, incluye entre sus acciones rastrear a los individuos por los móviles y conocer sus más mínimos movimientos. Algo que no es competencia del Cabildo.

“Aquí todo funciona con orden judicial y eso está a cargo de la Policía. Por ejemplo, si la Policía ve o tiene sospecha de que en equis ciudadela viven mafias o se las está utilizando para actos indebidos, todo funciona a través de una orden judicial. Que deba haber en Guayaquil algo más severo, un trabajo policial de inteligencia mayor, es válido, y más que eso, necesario. Pero repito: allí no entra el Cabildo”, agregó Villacreses, quien como el sociólogo Adrián Larrea apuntó a que el proyecto funcionaría más como un “centro de acopio de información”.

Sobre esta posibilidad, EXPRESO también consultó a Viteri, a través de un correo electrónico, pero no respondió. Tampoco lo hizo al cuestionarle sobre cómo garantizará que la unidad no se convierta en una central de vigilancia a ciudadanos o a políticos.

Frente a esta situación, el Ministerio del Interior señaló que aún falta afinar detalles, los mismos que serán pulidos en los encuentros de seguridad entre el ministro Carrillo y la alcaldesa.

Sin embargo, este escenario le preocupa a Daniel Pontón, decano de la escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) porque existen dos variables. La primera es que Viteri haya confundido los términos de videovigilancia y la información que proporcionen las cámaras inteligentes.

“Una cosa son los datos de la videovigilancia y otra es producción de información de inteligencia. Obviamente deben articular sus sistemas de cámaras para mejorar la coordinación institucional. Pero que eso sea nombrado como inteligencia me parece un despropósito claro respecto a cuáles son las responsabilidades y cuál debería ser la orientación de la política”, sostuvo.

El segundo escenario le inquieta más porque se trata de competencias y conflictos legales que pueden llegar a la misma Corte Constitucional, por arrogarse funciones.

Esto en referencia a que primero el Municipio sí puede entregar información a la Policía como colaboración para una investigación, pero recuerda que los cabildos no generan información de inteligencia y que eso requiere cambios legales; por lo tanto la Policía no tendría por qué darle información que debe ser judicializada, sobre la identidad de las personas y sus movimientos.

“Es una clara arrogación de funciones que no le compete. La información que puede ser utilizada para inteligencia es regulada por la Ley de Seguridad Pública que crea la Secretaría de Inteligencia, donde se establecen los protocolos y quiénes la pueden manejar bajo normas de confidencialidad y reserva correspondiente”.

Pontón asegura que esto no es nada más que otro tema político de poder, porque la “información, más aún si es privilegiada, es poder”; pero en el caso de que se llegue a cumplir un centro de inteligencia operado en Guayaquil, se evidencia un “Estado central que renuncia a sus competencias de hacer lo que le exige la ley y no solo eso, sino a un Municipio que no está preparado para eso porque no es creado para eso, es una entidad operada por personas normales sin la preparación especial para seguridad, que al manipular la información pueden hacerla llegar a manos equivocadas, como a las mismas bandas delictivas”, recalcó Pontón.

Luego de esto, se generarían otros problemas, como el que más municipios quieran tener un centro de inteligencia en sus territorios porque también son atacados por la inseguridad, con sus respectivas particularidades. Para Nelson Yépez, experto en seguridad privada y ciudadana, lo ideal es que exista una sola entidad de seguridad y sin corrupción.