La ciudad cuestiona el silencio de la autoridad tras un crimen atroz

Hola, soy Kenny Pinto y fui víctima de un asesinato. Es la frase con la que a través de una cuenta creada en la red social X se empieza a detallar lo que pasó con este ingeniero civil de apenas 27 años que, según ha denunciado su familia, que ahora busca justicia, fue incinerado y descuartizado por no pagar la extorsión a la que había sido sometido como fiscalizador de una obra municipal, en Guayaquil.

“Soy Kenny Pinto y fui víctima de un asesinato el 21 de febrero de 2024, mientras desempeñaba mi labor como ingeniero fiscalizador de la empresa Digeconsa S.A, en una obra del Municipio de Guayaquil llevada a cabo por la contratista Licosa, en la cooperativa Flor de Bastión. Es lamentable que en el ámbito de la construcción sea un secreto a voces que muchas obras paguen lo que se conoce como ‘vacunas’, y aunque las entidades municipales estén al tanto de esta práctica, no tomen medidas al respecto”, se escucha decir en el video publicado en el perfil; en el que además se denuncia la “omisión y falta de reacción” por parte de las autoridades en torno al caso.

Días atrás, como lo publicó EXPRESO, la familia de Pinto desveló el contenido de las últimas notas de voz que les envió la víctima y hoy son parte de los elementos con los que se exige a la justicia encontrar a los implicados y sentenciarlos.

“Que alguien pague, que alguien envíe el dinero o me voy a morir, por favor”, fue una de las frases que Pinto dijo antes de ser cruelmente asesinado mientras estaba secuestrado.

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Hoy, estas frases han causado indignación entre la ciudadanía que exige que casos de este tipo no se den más en la ciudad, y que no haya tampoco más indiferencia en torno a este crimen, que además dejó otra víctima: Javier Morán Salvatierra, también ingeniero civil. Según la denuncia de la familia de Pinto, Morán habría sido secuestrado horas antes.

Héctor Vanegas, abogado de la familia, señaló ayer a este Diario que entregó a Fiscalía un escrito en el que está detallado el relato de los familiares apenas conocieron del secuestro de Kenny. Pero aseguró que “el fiscal hasta ahora despacha todo lo que se ha mandado”.

“... En ese estado nos encontramos, hay oficios de la constructora que paraliza la obra por temor... La Fiscalía no ha movido un dedo, no tienen nada, lo más grave es que no ordena la pericia de reconocimiento que, en vez de 45 días, van a ser 50, 60...”, manifestó.

Vanegas fue concejal de Guayaquil y reconoció que el tema de las extorsiones a contratistas que ejecutan las obras en la ciudad existen desde la anterior administración, como lo publicó el año anterior EXPRESO. “Se las combatía, por lo menos Viteri mandaba a policías, metropolitanos; evitaba ese tipo de cosas. Aquí es a la buena de Dios. Ha habido negligencia porque hay dos muertos y silencio rotundo ante un hecho tan lamentable”, acotó.

En tanto, cabe recordar que en agosto de 2023, durante los tres primeros meses de la gestión de Aquiles Álvarez, el gerente de Segura EP, Andrés Sandoval, confirmó a EXPRESO que en aquel entonces, tres contratistas habían sido objeto de las extorsiones por parte de bandas delincuenciales.

Frente a ello, este Diario buscó un pronunciamiento del Municipio, por lo que ayer solicitó una entrevista para conocer cómo actuaron al conocer del caso y si pusieron, por ejemplo, la denuncia a la Fiscalía, pero esta no fue concedida.

Sin embargo, Martha Pine, subdirectora de Relaciones Públicas de la Alcaldía de Guayaquil, al respecto -sin confirmar si en los días posteriores se confirmará la entrevista- se limitó a decir que Segura EP recibió la alerta de este incidente y notificó a la Policía Nacional, “de acuerdo a lo establecido en los protocolos, procedimientos y los canales respectivos”. “La gestión y resolución de estos eventos son de competencia de la Policía y sus unidades especializadas”, concluyó.

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Ahora bien, este Diario también buscó conocer alguna reacción de las empresas implicadas en el caso, Digeconsa S.A y Licosa, por lo que este Diario les envió correos electrónicos y se contactó a los teléfonos que constan en los registros de las compañías, solicitando entrevistas, pero, asimismo, hasta el cierre de la nota, ninguno respondió. Situación que, a juicio de la ciudadanía, refleja el abandono en el que se encuentran los habitantes, además de los profesionales en esta área.

Quien sí se refirió al tema, además de decenas de ciudadanos, fue el presidente del Colegio de Ingenieros del Guayas, Guillermo Pacheco Quintana, quien en nombre de los 6.000 ingenieros que conforman el gremio, dijo sentirse consternado, dolido e indignado tras el asesinato de sus dos colegas.

“Estos actos atroces, perpetrados por grupos delincuenciales, afectan no solo a nuestros profesionales sino al país en general. El derecho a la vida es el más fundamental de todo (...). Las notas de pesar hacia los familiares no pueden compensar la pérdida irreparable de la vida de nuestros colegas ni consolar a sus seres queridos... Señor presidente Daniel Noboa, en enero de 2024 expresamos públicamente una solicitud que fue recogida por EXPRESO, donde solicitábamos garantías para poder ejercer nuestra profesión. Instamos a que se recupere la verdadera paz para trabajar”, señala; al exigir a las autoridades competentes “investigar estos horrendos crímenes”.

Daniela Acevedo, líder de la ciudadela la Alborada y arquitecta, comparte la opinión y lamenta que los asesinatos en Guayaquil sean ya un número más. “Ya no importa cuál es la razón por la que te matan, eres parte de la lista y la vida continúa y los funcionarios ni se conduelen. Ni una sola palabra ha dicho el alcalde, el gobernador del Guayas, las empresas constructoras, nadie. Dios, el alcalde sale en sus videos hasta jugando ‘chantón’ con unos comediantes. ¿Es lógico eso? Por favor, esa es la muestra de la indolencia en su máxima expresión”, sentenció. 

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• El gremio exige justicia en un plantón

Guayaquil está consternada por estos casos. Una de las reacciones que se ha generado es el plantón en el que se prevén que participen los profesionales del área de la construcción de la ciudad y la ciudadanía en general, mañana jueves.

El lema de la manifestación, que será en los bajos de la Gobernación, es: “Yo también quiero seguir trabajando sin miedo”. A las 10:00 está hecha la convocatoria, a la que se ha pedido que los asistentes vayan con camisetas blancas.

En tanto, EXPRESO conoció ayer el caso de Carlos Lavayen, un ingeniero civil quien reveló cómo sobrellevó en su trabajo el tema de las extorsiones o ‘vacunas’. La empresa en la que trabajó se encargaba de fiscalizar una obra en el Guasmo, sur de la ciudad. En un sector que él lo calificó como una zona “muy peligrosa”.

“La empresa no fue extorsionada directamente, pero el contratista tuvo que cancelarle a estos sujetos por una guardianía local, por suerte dentro de ese pago incluía a la fiscalización y servidores del Municipio para tener seguridad”, contó, al detallar que hubo encuentros donde personal de esa “seguridad local” intentó aprovecharse de la fiscalización con el fin de sacar más dinero.

“Eso se presentó en ese trabajo, por lo que se trabajaba con miedo, con mucho temor, tú no sabes quién es delincuente y quién no... Lastimosamente no podía realizar las labores normales como uno quisiera”, expresó el ingeniero.

Él cerró su mensaje diciendo que se ha “normalizado” esta situación en la ciudad. “Es de conocimiento de todos”, concluyó. 

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