“Los guayaquileños queremos vivir y no solo sobrevivir, que es lo que nos toca”

Nadie se siente a salvo ya en ningún rincón de Guayaquil y ese miedo generalizado, que no solo mantiene a la ciudad apagada pasadas las 19:00, sino que ha llegado a generar ataques de ansiedad a los ciudadanos, los obliga a exigir respuestas y a responsabilizar incluso de las muertes registradas al Gobierno.

“Solo esta semana, los guayaquileños hemos sido testigo de una serie de crímenes atroces: asesinados que fueron antes maniatados y los dejaron sobre las veredas de Sauces, o que murieron a causa de un exceso de escopolamina en el norte; hemos escuchado los gritos de una familia entera que no se salvó de ser secuestrada; y hemos seguido de cerca los reclamos de los profesores que denuncian ser amenazados y le temen a la muerte. Convivimos con el miedo y eso no es normal ni justo. Ecuador y Guayaquil me están haciendo daño. Vivo con un dolor en el pecho y la respiración entrecortada, y la culpa de todo esto la tiene el Gobierno, a través de su presidente Daniel Noboa y sus ministros, que con el dichoso Plan Fénix solo nos han visto la cara”, argumentó Valentina López, una veterinaria que desconfía incluso de sus clientes.

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Ella ha visto lo que ha quedado registrado en las cámaras de los negocios guayaquileños, material que luego se ha viralizado. “He visto como utilizan a los animales como carnada para, una vez, al interior del consultorio atacarte. ¿Alguien realmente está consciente de lo que estamos viviendo? Guayaquil está peor que nunca. Y no hay forma de defendernos”, precisó.

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Lo mismo opina la docente de un centro educativo del distrito 0809, en Guayaquil, que ha sido amenazada de muerte y que, como ha venido publicando EXPRESO, en repetidas ocasiones ha pedido a las autoridades de la Zonal 8 de Educación y del ministerio, que la cambien de distrito, sin lograrlo. Ella convive con el miedo a ser secuestrada o asesinada.

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La profesora, de 44 años, desde hace siete meses, es víctima de extorsión y los delincuentes le han advertido que si no cancela 200 dólares mensuales la van a secuestrar y “le irá peor”.

Hoy, a ella le preocupa que se repita la historia de su colega Luis Cobos, quien labora en el colegio Fermín Vera Rojas, ubicado en el noroeste de Guayaquil, y fue secuestrado el viernes 17 de mayo. Para su liberación, sus familiares tuvieron que pagar 7.000 dólares a sus raptores.

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Hilario Beltrán, presidente de la Unión Nacional de Educadores en Guayas, manifestó que para precautelar su vida, la maestra, quien desde hace tres años labora en el mismo distrito que Cobos, imparte sus clases de manera virtual y cambió de domicilio.

“Los maestros estamos expuestos a muchos peligros. Hay docentes que incluso los han amenazado de muerte. El profesor Cobos no ha regresado a trabajar y se entiende, seguro teme por su vida”, expresó Beltrán.

Carla Echeverría, madre de un menor que estudia en Los Vergeles, ha pensado en sacar a su hijo del sistema educativo. “No estoy tranquila, no puedo ni trabajar pensando en que le van a robar e incluso a secuestrar. Y es que hoy están raptando por raptar. Basta ingresar a la cuenta de la Policía, en las redes sociales, para ver la cantidad de desaparecidos que hay en la ciudad. Muchos, víctimas del secuestro, como luego queda evidenciado. El rapto está en aumento, es escalofriante”, precisó.

Y no se equivoca, pues según datos de la Policía, el secuestro es uno de los delitos que se ha vuelto común en Ecuador en los últimos dos años. Del 1 al 22 de mayo de este año, de hecho, se ha reportado el rapto de 935 personas, 216 más que el 2023, en el mismo período. El Distrito Metropolitano de Guayaquil (Guayaquil, Durán y Samborondón) es el que registra el mayor número de casos, 448 (ver subnota).

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Frente a esta situación, los guayaquileños se sienten desprotegidos e ignorados. Nathalia Verduga, líder comunitaria de Sauces, critica que las medidas tomadas funcionen por apenas semanas y que el tema de la seguridad, sobre todo, no sea tomado en serio por los funcionarios.

“Guayaquil, la provincia entera, así como otras ciudades del país se están desangrando; y en la Asamblea nadie mueve un dedo por agilizar proyectos que permitan luchar contra el cáncer de la inseguridad y la violencia. Se supone que aumentó el IVA, que estamos pagando un poco más, para atribuir a la lucha. Pero, seamos sinceros, estamos peor que nunca. Hoy los que nos atacan son unos sanguinarios”, precisó la ciudadana, que solicitó que no se publique la manzana y etapa en la que vive por temor a las bandas criminales.

Que hoy no hay zona de la ciudad que se salve de su presencia, sentenció. “Están en todos lados, captando jóvenes, sembrando droga, matando muchas veces a personas inocentes...”.

Para el arquitecto Luis Chica, líder de la Alborada, las acciones que se están ejecutando, “aunque las intenciones sean buenas”, no son suficientes.

“Los municipios no están ejecutando acciones o no se han unido a los lineamientos de la Policía o el mismo Gobierno para erradicar el problema. Hay que remar hacia el mismo lado. Y en el caso de la Alcaldía de Guayaquil, esta no lo está haciendo, no se pronuncia ni hace nada. ¿Por qué no trabajan tampoco entre Alcaldías? ¿Por qué no se unen para tener una sola fuerza?”, cuestionó Chica.

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Hace apenas dos días, una joven de 27 años, quien habita en Álamos Norte, fue víctima de un secuestro exprés en el que los delincuentes, más allá de vaciarle sus cuentas, le causaron un shock.

“Mi hija no ha podido ir a trabajar, ni se atreve a salir de casa así sea con nosotros. Llora tanto que me asusta. Yo agradezco tanto que esté con vida, pero me indigna hasta el extremo ver como otros no tienen la suerte de salir de una escena de este tipo; o de no tener cómo pagar un rescate. No es vida resistir. Los guayaquileños lo que estamos haciendo es sobreviviendo y nada más”, pensó su mamá, Estrella Castillo; quien como Carlos Guerrero, líder comunitario de Sauces, exige que los militares salgan a las calles.

Para el activista y líder comunitario Fernando Alburquerque, pese a que el presidente Daniel Noboa (quien ayer oficializó el decreto de un nuevo estado de excepción por 60 días) ha adoptado una postura de mano dura, ha faltado poner en práctica una estrategia a largo plazo. Un hecho que, aseguró, ha sido replicado en Guayaquil, donde el alcalde Aquiles Álvarez no ha puesto en práctica las medidas anunciadas en campaña respecto al plan de política criminal y convivencia ciudadana; lo que evidencia que existe, por parte del Gobierno central y local, una deuda ciudadana que merece ser pagada.

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• Los secuestros en alza en Guayas y Los Ríos

 

Del 1 al 22 de mayo de este año se ha reportado el rapto de 935 personas en el país. El Distrito Metropolitano de Guayaquil (Guayaquil, Durán y Samborondón) es el que registra el mayor número de casos (448), le sigue Los Ríos (130), el Distrito Metropolitano de Quito (101), Santo Domingo (41), Manabí (38), Guayas (35).

El teniente coronel Luis Cano, jefe nacional de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), informó que en las últimas 72 horas (entre lunes y miércoles) su unidad investiga 10 casos de secuestros: cuatro en Los Ríos, cuatro en Guayas, uno en Manabí y uno en El Oro. “Las provincias más críticas son Los Ríos y Guayas. En el caso de Los Ríos, los cantones de Quevedo y Buena Fe; y en Guayas, Durán y Guayaquil. En muchos casos, las víctimas no son escogidas de forma selectiva, sino de oportunidad. Las interceptan en ejes viales, afuera de su casa o en la calle”, indicó.

Por su parte, Kléber Carrión, fundador de la Unase y experto en seguridad, sostuvo que las extorsiones y secuestros se han vuelto un delito más rentable para las organizaciones criminales que buscan la manera fácil y rápida de obtener ‘dinero limpio’.

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