Clínicas de diálisis en Guayaquil exigen pago de deudas al Gobierno

Las clínicas de diálisis exigen la pronta asignación de recursos del Estado. Decenas de pacientes renales y trabajadores de las unidades de diálisis se plantaron en la vía Perimetral, al norte de Guayaquil, frente al Hospital Universitario, este miércoles 13 de noviembre, para exigir el pago de las asignaciones en deuda por parte del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

De acuerdo con Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis de Ecuador (Asodiálisis), ambas instituciones públicas deben en total más de 260 millones de dólares desde hace 16 meses, es decir, desde junio de 2023.

Por parte de la cartera de Estado, la deuda es de 160 millones de dólares desde hace 16 meses, mientras que el IESS también mantiene una deuda significativa.

Ahora, Freire alerta que la situación se está tornando aún más crítica para los centros de salud, y el temor de tener que cerrar sus puertas deja de ser una pesadilla distante para convertirse en una realidad que muchos deberán afrontar. Ella explica que este temor se debe a que en diciembre cierra el año fiscal, y la siguiente asignación del Estado no se realizará hasta marzo. 

"Si esto ocurre y no abonan al menos cinco meses, como ya ha pasado con gobiernos anteriores, estaremos en graves problemas, y muchos centros tendrán que cerrar, porque no tendrán insumos ni podrán pagar a sus trabajadores... Si pagan ahora, podremos sobrevivir hasta inicios del 2025, pero si no lo hacen, no solo los centros se verán afectados, muchas vidas podrían perderse", asegura.

Hasta entonces, los pacientes, los que más sufren, exigen al Gobierno que cumpla con sus obligaciones hacia los ciudadanos y satisfaga las necesidades en cuanto a salud. 

Roberto Intriago, uno de los familiares de los pacientes renales afectados que participó en la marcha, indicó que su tío está muriendo y que el Estado no provee el dinero necesario para su diálisis y continuar con su tratamiento. 

"Le dan una atención a medias, menos sesiones y menos tiempo en ellas; a corto plazo no siente que haya problema, pero ahora ya está sintiendo cómo su salud se deteriora rápidamente", comenta Intriago.

"Ya no podemos aguantar más; si no nos atienden, más compañeros morirán. Yo sé que en cualquier momento me puede tocar, pero saber que voy a morir porque mi vida depende de que el Estado cumpla con sus obligaciones o no, es algo aterrador", relata Felipe Ríos, paciente renal.

Al igual que ellos, el resto de dolientes vive con este temor a diario, y esperan que la atención del estado llegue pronto, pues a decir de ellos y las instituciones afectadas, puede que varios de ellos no soporten hasta marzo con un tratamiento incompleto. 

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