Colapso en la morgue de Guayaquil: Médicos acusan de negligencia a Medicina Legal

22 días después la pestilencia sigue fuera del Centro Forense Guayaquil. Hoy, la puerta del contenedor dañado amaneció entreabierta.

Ante los hechos suscitados en la dependencia del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses nadie quiere pronunciarse. EXPRESO se comunicó con los Ministerios de Ambiente y de Salud, así como con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) y con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), pero todos sostienen que ninguno tiene injerencia en el caso.

Tampoco quisieron hablar con este Diario la Gobernación del Guayas y el Municipio de Guayaquil. A pesar de las insistencias que ejerció EXPRESO.

Roberto Ponce, médico, especialista en gerencia de auditoría de la calidad de salud y exdirector ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), señala que, aunque Acess y Arcsa no hacen ningún tipo de control en los centros forenses, “eso no puede quedar al aire, para eso está el Ministerio de Salud Pública”. Por lo que, a su criterio, la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica deberían hacer un control sanitario para evaluar las condiciones en las que se encuentra el Centro Forense Guayaquil.

A juicio de Francisco Plaza, médico, expresidente del Consejo Médico Andino y experto en salud pública, esa dependencia debería ser clausurada inmediatamente. Con lo que concuerda Ponce, ya que “no se puede manejar muy a la ligera los desechos biológicos ni los cadáveres, porque no sabemos la causa de sus muertes”.

Además, “eso puede ser perjudicial para las personas que lo manipulan”, añade Ponce. Por lo que no recomienda que el personal forense manipule los cadáveres sin un traje especial.

Tratamiento usual de los cuerpos

Esta dependencia cuenta con contenedores a raíz de la pandemia Covid-19. Antes tenían seis, ahora tres. Plaza sostiene que los cadáveres deben ser guardados en cubículos refrigerados y no en contenedores. Asimismo, señala que, si la entidad forense tiene “un mayor número de cadáveres NN, debido al incremento de la violencia criminal en el país”, como ha indicado la entidad forense, “eso no justifica que el centro forense guarde cadáveres en contenedores, eso es para guardar mercadería”.

En el Centro Forense Guayaquil hay aproximadamente 300 cuerpos que datan de los años desde 2022 hasta lo que va de 2024. “Me llama la atención que la Policía (Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) tenga tantos cuerpos sin tomar en cuenta los debidos procedimientos", señala Ponce. “¿Cómo pueden tener cuerpos de más de un año?”.

Por otro lado, Ponce indica que “los cuerpos no pueden pasar más allá de seis meses en el frigorífico y más si no están formolizados, ya que hay un proceso de descomposición y son gases tóxicos para todos”. Agrega que “si un cuerpo va a tener una temporalidad más allá de un mes deben ser formolizados”. Por lo que llama a la Policía Nacional a que revise cómo están manejando sus unidades forenses, reprocha el galeno.

Negligencia del Servicio de Medicina Legal

Ante lo indicado ayer por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que “realiza procedimientos técnicos científicos a fin de agotar los métodos de identificación, para posteriormente aplicar el proceso de inhumación en cumplimiento con la normativa legal vigente, en respecto a los derechos de las víctimas y de la dignidad humana”. “¡Ha pasado un año!, ¿por qué se demora tanto?; aquí hay falta de un procedimiento estricto por parte de la Policía”, reacciona Ponce.

Aunque el artículo 88 de la Ley Orgánica de Salud ordena que “practicada la necropsia, el cadáver debe ser obligatoriamente tratado, inhumado o cremado y que ningún cadáver podrá mantenerse insepulto o sin someterse a cremación por más de setenta y dos horas, excepto cuando medie orden judicial o no sean reconocidos o reclamados por sus familiares o derechohabientes, en cuyo caso debe garantizarse su mantenimiento en los sitios autorizados y en condiciones”, el médico Plaza asegura que debido al estado de descomposición, cualquier prueba médico legal, que pueda surgir por alguna causa, prácticamente se ha perdido parcialmente o se ha desnaturalizado. “Esto es otra agravante”.

El no contar con un adecuado y estricto protocolo es un indicar de la negligencia del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ellos debieron haber tenido pertinentemente un convenio con los cementerios para la inhumación de los cuerpos, añade.

El médico Plaza manifiesta que directamente deben ser responsabilizados de estas negligencias, Alejandra Pérez, coordinadora Técnica de Medicina Legal, y Gustavo Zárate, director general de la entidad forense.

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