Caso morgue: La fiscalización sigue, pero aún sin responsables

Manuel Naranjo Paz y Miño, ministro de Salud Pública; Lenin Tobar, delegado de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura; y, René Astudillo, fiscal provincial del Guayas y Galápagos (e) comparecieron este miércoles 31 de julio ante la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional. Esto dentro del proceso de fiscalización sobre el estado de la Morgue de Guayaquil.

Sobre la descomposición del centenar o más de cadáveres que se descompusieron, por 23 días, entre mayo y junio de este año, en un contenedor, ubicado en el patio del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. De esto, el ministro de Salud afirmó que su entidad “no tiene competencia en esa función” porque “es otra dependencia del Estado”.

Sin embargo, ante la interrogante de Ferdinan Álvarez, asambleísta independiente y miembro de la comisión, pidió a Naranjo que “se les aclare” que si lo suscitado en el Centro Forense de Guayaquil “podría haberse generado alguna contaminación cercana (…)” y si “el ministerio tendría que haber hecho un seguimiento, también una campaña en el sector para prevenir o para decir si se habría podido ocurrir este tipo de caso”. A lo que el ministro afirmó que, desde el punto de vista clínico, no hubo riesgo de contaminación ambiental.

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También dijo que los cadáveres reciben un proceso de formolización “con el objeto de evitar la exposición de quien lo está manipulando y la preservación del mismo”. Añadió que es un procedimiento que se “hace con frecuencia en áreas de Medicina Legal”. Pero los cadáveres no son formolizados. Esto lo afirmó Alejandra Pérez, coordinadora técnica del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a EXPRESO, el 10 de junio. El personal forense también lo confirmó a este Diario.

Por otro lado, Naranjo aseveró que el “desarrollo de las bacterias en estos medios, que se llaman anaeróbicos, en donde hay tejido muerto, en el rato que están expuestas al aire, las bacterias desaparecen. No hay contaminación”. Lo que sí hay, afirmó, olores, “el mismo olor a formol, un olor fuerte”.

Por su parte, Camilo Salinas, asambleísta por Construye y miembro de la Comisión, afirmó que “en contaminación, por la exposición de gases a través de descomposición no se va a producir algún problema”. En la comparecencia también se expuso que “existe un gran vacío” en la oferta de posgrados de Medicina Legal.

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Tobar, por su parte aseguró que “el Consejo de la Judicatura no tiene ninguna relación ni algún tipo de responsabilidad con los hechos que ocurrieron en junio”, pero que era la Fiscalía General del Estado la que debería dar alguna explicación. Esto, porque de acuerdo con el numeral 5 del artículo 282, del Código Orgánico de la Función Judicial, entre las funciones que tiene ese organismo está “la competencia para dirigir y coordinar el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.

Al final de su intervención expuso que “es de conocimiento que los hechos suscitados son netamente administrativos del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”. Astudillo, por su parte, dijo que una que conoció la “noticia” “procedimos (…) a hacer las coordinaciones”. Agregó que visitó la morgue para verificar y asignó a una fiscal para que realice las investigaciones preprocesal y procesal penal correspondiente a los cadáveres que serían inhumados.

Esto lo hicieron rápido, indicó Astudillo, por “los olores que emanaban de estos contendores, que, por una u otra razón, yo desconozco”. El fiscal reiteró que “la cadena de custodia es responsabilidad de las personas que tienen a cargo la misma”. También expuso que “tengo entendido que hay un remanente de 80 cadáveres, porque entendamos que los actos violentos son a diario”.

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